Una nueva senda fiscal que no abandone el rigor pero proporcione más oxígeno

La decisión de relajar los objetivos de déficit no eximirá a España de tener que realizar un esfuerzo notable

El Gobierno ha renunciado a modificar el objetivo de déficit público para 2018, una decisión razonable y casi obligada dado que el ejercicio está ya prácticamente vencido y esa modificación requeriría un respaldo parlamentario por mayoría absoluta. La decisión de suavizar la senda de consolidación fiscal de España, anunciada hace unos días por el Gobierno de Pedro Sánchez, se hará efectiva en 2019 –con un objetivo de déficit del 1,8%–, en 2020 –con un 1,1%– y en 2021, con un 0,4%. Ello supone que España contará ya el año que viene con medio punto más de margen para cumplir con la hoja de ruta pactada con Bruselas, lo que permitirá al Gobierno destinar dos décimas a las comunidades autónomas y aplicar el resto mayoritariamente a la maltrecha caja de las pensiones.

La propuesta del Ejecutivo, que supondrá un cierto balón de oxígeno para las haciendas autonómicas y para la Seguridad Social, exigirá acoplar los presupuestos de los próximos ejercicios a esos nuevos objetivos y requerirá que estos obtengan respaldo parlamentario por mayoría absoluta. Ello supone contar con el salvoconducto del Partido Popular en el Senado, donde los populares tienen 146 escaños, un quorum suficiente para bloquear la nueva senda fiscal propuesta por el Gobierno, lo que obligaría al Ejecutivo de Sánchez elaborar los presupuestos de 2019 con el objetivo de déficit aprobado por Mariano Rajoy.

La carta del Gobierno para sortear ese bloqueo en la Cámara alta es precisamente el nuevo margen del que disfrutarán las comunidades autónomas, buena parte de las cuales están gestionadas por gobiernos populares, lo que hace suponer que recibirán de buen grado la medida y presionarán para que salga adelante. En cualquier caso, la decisión de relajar la senda de consolidación fiscal no eximirá a España de tener que realizar un esfuerzo notable para cumplir con las exigencias de Bruselas, especialmente por parte de las administraciones públicas menos saneadas, como es el caso de las autonómicas. En ese contexto, sería deseable un acuerdo entre el Gobierno y el PP que permita a España no abandonar la senda de la contención fiscal, pero respirar un poco más.

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