No nos equivoquemos de debate con la energía
España deberá compatibilizar en una ley los objetivos de transformación energética
Hace varias semanas se presentó al ministro responsable de Energía, Álvaro Nadal, un informe sobre la transición energética en España y algunas propuestas para avanzar en ella las próximas décadas hacia una transformación de la economía y la actividad social con menos emisiones de gases de efecto invernadero -más descarbonizada-, más sostenible y cuya influencia en el medio ambiente sea lo menos lesiva posible.
El informe de la comisión de expertos establece dos objetivos para el modelo energético de España en el horizonte del año 2050: su descarbonización, compatible con un sector económicamente eficiente y seguro. El trabajo ha suscitado diversas reacciones, pero se puede considerar como un buen punto de partida para llevar a cabo, con la debida serenidad, un debate necesario sobre cómo transformar nuestro sector energético y sobre las implicaciones que ello supone.
Estamos lejos, sin embargo, de poseer una estrategia nacional clara para optimizar su jalonamiento con inversiones, políticas concretas y actuaciones con el fin de estimular la economía en esas líneas, y cumplir objetivos concretos.
Cualquier ciudadano de un Estado moderno podría suponer que éste debería tener más o menos clara una estrategia sobre dónde nos dirige la brújula energética. Además, que, periódicamente, podría apoyarse en las opiniones de conocedores del sector energético a escala nacional e internacional, para consolidarlas o rectificarlas. Me temo que no es así, al menos del todo, según hemos podido comprobar en esa Comisión.
El imperio del corto plazo lo impide. El sistema energético de hoy a escala mundial es el resultado de más de cien años de elecciones de los consumidores, proveedores y gobiernos. Las sociedades actuales quieren un abastecimiento de energía que sea asequible, seguro y con amplia disponibilidad de productos. Como resultado de todo ello, en la actualidad, los hidrocarburos representan más del 80% del mix energético. En España casi el 75% del abastecimiento de energía primaria. El petróleo, más del 50% del consumo final.
El debate sobre nuestro modelo energético de abastecimiento-utilización se debe centrar no sólo en qué tecnologías se han de utilizar en la cobertura de nuestras necesidades, en todas sus formas y vectores, no sólo en la eléctrica, que suele centrar las discusiones. Tampoco habría que centrarse exclusivamente en si todo tiene que tender a ser renovable, o en si deben cerrar las centrales nucleares y cuándo, en si hay que potenciar ya el gas frente al carbón, etc.
Habría que establecer, previamente, y sin descartar nada, cuál debiera ser el mix energético óptimo en las próximas décadas, de acuerdo con una gran cantidad de variables: sus costes, sus ventajas/inconvenientes, residuos, emisiones, costes sociales asociados, capacidad de generar empleo, tendencias tecnológicas fiables, etc.
El debate debería ser precedido por la formulación de una narrativa inteligible que explique las transformaciones que se quieren conseguir a medio y largo plazo y sus implicaciones sobre la economía -costes-, el empleo, y el consumo. Debería llegar a todos los consumidores, y, por supuesto, a los agentes, a los legisladores, a la sociedad civil y a la academia.
Para esa discusión generalizada, el informe de los expertos establece unos elementos que se deben resetear a cero cuanto antes para obligar a salir de la zona de confort a lo políticamente correcto o al statu quo actual —simplificación de la fiscalidad de los productos energéticos, peajes de acceso a redes de transporte y distribución, objetivos de mínimos, mecanismos de gobernanza, mercados que no funcionan adecuadamente, cómo cambiarlos, etc.
Con este punto de partida, el objetivo simple sería siempre cómo abastecernos de energía en todas sus formas de tal manera que se reduzcan significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, haciendo uso de todos los recursos disponibles, renovables o no, a un coste mínimo, y estimulando la consecución de algunas metas primordiales como el empleo y la balanza comercial.
Entre el cuadro de costes a considerar estarían todos los ambientales de las diversas fuentes energéticas -gas, carbón, biomasa, uranio, combustibles líquidos, etc- de sus emisiones (CO2, partículas, NOx, SOx), del procesado de los productos de desecho (nucleares y otros), así como los riesgos radiactivos.
El resultado debiera ser la formulación de un programa de optimización de abastecimiento energético año a año, que minimice costes, emisiones contaminantes, y reduzca nuestra dependencia energética, contemplando al tiempo la competitividad de las empresas españolas y la creación de empleo. Cómo se estructura todo y los medios a poner para conseguirlo debería debatirse ampliamente cuanto antes a todos los niveles y los interesados.
En el balance sosegado de la lectura y reflexión del Informe de la Comisión de Expertos hay que tener siempre presente que no todos los avances tecnológicos o sociales se materializaron como algunos expertos predijeron. Así, como expone P. Tetlock en repetidas publicaciones sobre los expertos y su capacidad de imaginar el futuro, cabe concluir en la conveniencia de adoptar una actitud de alerta y cautela, deliberación y experimentación por parte de los actores políticos, económicos y sociales, siendo conscientes de las no pocas incertidumbres del proceso en curso de esa transición, la rapidez de los cambios y la gravedad de los posibles efectos de sus decisiones.
Las incertidumbres se amplifican cuando se consideran los factores en juego, pues cada uno de ellos suscita problemas complejos. No se trata de esperar a tener todo el conocimiento necesario para tomar decisiones —pues los acontecimientos pueden desbordarnos—, pero tampoco es razonable decidir sobre juicios preliminares, escenarios mediáticos o llamativos, ni extrapolando a partir de pocos casos de uno o dos países. La salud y el bienestar económico de generaciones están comprometidos en ello.
El Gobierno de España deberá compatibilizar estratégicamente -en la nueva ley de Cambio Climático y Transición Energética- los dos grandes objetivos de la transformación energética que se persigue con otros medioambientales referidos a la calidad del aire y el agua, la agricultura, la descarbonización del transporte, así como con una estrategia de reindustrialización, empleo y de erradicación de la pobreza energética. Todo ello comporta un enorme desafío que ya hay que afrontar con instrumentos legislativos, regulatorios y de control, con amplitud de miras, sin pesimismos ni prejuicios, pues las posibilidades son muy prometedoras.
José Luis de la Fuente O’Connor ha sido vocal de la Comisión de Expertos mencionada en el texto y es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM
