Las dudas sobre el ‘caso Popular’ se amontonan
Un año después de su resolución las incógnitas sobre su defunción siguen sin solucionarse Europa no ha logrado solucionar como evitar la caída de un banco por falta de liquidez
El 'caso Banco Popular' está a punto de cumplir un año. El próximo 6 de junio será el primer aniversario de la también primera resolución de un banco en Europa por parte de la Junta Única de Resolución (JUR). Todo un desagradable episodio que ha tenido el deshonor de protagonizar una entidad financiera española, con las autoridades económicas de vigilancia nacionales y europeas como telón de fondo. Todo lo que envuelve la caída, resolución y posterior venta de Popular sigue siendo un misterio sin resolver, pese a los ríos de tinta que este caso está provocando.
Los últimos meses de vida de la entidad, tanto bajo la presidencia de Ángel Ron, como los algo más de tres meses que Emilio Saracho se mantuvo al frente, forman parte de una maraña de intrigas, desavenencias, dejadez y olvidos, que se mezclan ahora con ciertos posibles conflictos de intereses que ensombrecen cada vez más su desenlace.
La pasada semana se conoció que los grandes bonistas de Popular, encabezados por Pimco, habían remitido a la JUR una larga carta en la que sus abogados denunciaban el posible conflicto de intereses entre Deloitte, firma que realizó el informe de valoración de Popular que sirvió de base para marcar el precio de su venta a Santander. Esta consultora también ha realizado el segundo informe definitivo de valoración, aún sin publicar por Europa.
Además, ha sido contratada por Santander, que adquirió Popular el pasado 7 de junio por un euro, para asesorar en la supervisión de la integración de las redes de ambas entidades. Otra consultora, en este caso, PwC, también trabajó prácticamente a la vez con Popular y con BBVA, con un fin común, aunque como ocurre en estas firmas de consultoria, cuenta con murallas chinas que impiden a sus diferentes departamentos compatir información que pudiera causar un conflicto de intereses. BBVA contrató a PwC para analizar entre el 4 y el 6 de junio de 2017 si presentaba una oferta por Popular que, al final, no realizó, como tampoco lo hizo en mayo de ese año.
En la elaboración de las valoraciones, la entidad presidida por Francisco González contrató a PwC, firma que había auditado a Popular durante los últimos 30 años en los que no había detectado ninguna salvedad en sus cuentas. PwC también es el auditor de Santander. Mientras, algunos consejeros de Popular, tanto con Ron como con Saracho, llevan meses quejándose de que el acta de defunción que se leyó en el consejo de administración del 6 de junio, y que fue aprobado por unanimidad, no se corresponde en parte con el que más tarde se ha dado a conocer.
Algunos consejeros mantienen que en esa reunión se leyó un acta parcial que hablaba de las posiciones de liquidez del banco y su inviabilidad por este motivo tras solicitar una provisión urgente de liquidez (ELA) por 9.500 millones de euros al Banco de España, y recibir solo 3.500 millones. Pero que se pasó de puntillas por las posiciones de solvencia, que no se mencionaron. Sin embargo, el acta que figura como aprobada incluye una descripción de los ratios de solvencia que no fueron leídos, y por lo tanto no pudieron ser aprobados.
Otras fuentes aseguran, sin embargo, que en ese consejo se entregó un informe de Uría explicando la delicada situación de solvencia de la entidad. En este escrito se aseguraba que el proceso de revisión de los activos inmobiliarios del banco implicarían una reducción de la valoración de estos activos en balance de 1.600 millones de euros (a lo que habría que sumar las provisiones por antigüedad de inmuebles siguiendo los requeriientos de la normativa contable).
La revisión de la cartera de créditos del banco conllevaría una provisión extraordinaria de 1.525 millones de euros, lo que supondría ya “un incumplimiento grave de los requerimientos mínimos de capital” impuestos para Popular.
Estas fuentes, así, afirman que el acta fue leido y aprobado por unanimidad con los datos de liquidez y solvencia, incluidos en el informe de Uría. Fuentes cercanas a Saracho no comentan estas posibles discrepancias. Sea como fuere, lo cierto es que casi un año después ni el BCE, ni el Banco de España u otros bancos centrales nacionales, han logrado solucionar uno de los aspectos fundamentales para evitar que una entidad financiera débil pueda saltar por los aires antes de su hipotética defunción por la fuga de depósitos. ¿Cómo resolver la falta de liquidez de un banco en estos casos?.
El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha explicado en más de una ocasión que para conceder una inyección de liquidez por encima de los 2.000 millones de euros se necesita la preceptiva autorización del consejo de gobierno del BCE.
La institución con sede en Fráncfort, mientras, se lava las manos. En un debate llevado a cabo en Madrid a primeros de abril, el luxemburgués Yves Mersch, miembro del consejo ejecutivo del BCE, declaró que “la disponibilidad de colateral (para solicitar liquidez) es divergente entre los distintos países. Es el banco nacional quien es responsable y no hay que compartir este riesgo”.
Así las cosas, el problema sobre cómo y de quién es la responsabilidad de dar liquidez a un banco en caso de urgencia no está solucionado un año después de caer Popular y con la discusión de la Unión Bancaria Europea como telón de fondo de las discusiones de los máximos responsables económicos europeos. Mientras, los despachos de abogados que se van a demandar a Banco Popular por ocultar datos importantes de sus cuentas antes de la primera ampliación de capital de 2012 aumentan. Incluso de grandes accionistas.