La resaca de no haber nacionalizado Popular en 2012
Unas declaraciones de Linde abren la puerta a más demandas contra el banco intervenido La gran banca acepta la propuesta de la AEB para abrir oficinas multimarca en las zonas rurales
Varios despachos de abogados cuyos clientes son antiguos accionistas de Banco Popular, algunos muy destacados, llevan tiempo analizando las cuentas de la entidad intervenida desde mucho antes de que la firma realizase su última ampliación de capital por 2.500 millones de euros en junio de 2016.
Los peritos contratados por estos bufetes de abogados, varios de ellos, ex inspectores del Banco de España, creen que existen argumentos para demandar a los antiguos gestores de la entidad, o a supervisores, entre otros, no solo por falsificación de las cuentas de resultados recogidos en el folleto de la ampliación de capital de Popular de 2016, sino con anterioridad. Desde la inyección de capital de 2012, también por 2.500 millones de euros.
Entienden que los saneamientos del banco no eran los correctos ya desde que se aprobó la primera ampliación de capital, y se mantuvo como un banco zombi. Sus sospechas, de hecho, se han visto más reforzadas, según explican desde un destacado despacho de abogados, tras la confesión que hizo el pasado 10 de abril en la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde.
El supervisor admitió, en una declaración que sorprendió a los diputados asistentes a esta comisión y a todos los que escucharon o leyeron su intervención, que quizá fue “una mala decisión” no haber inyectado dinero público en Popular en 2012 una vez que el informe de Oliver Wyman reveló ese ejercicio que la entidad tenía necesidades de capital por 3.200 millones de euros.
Fue ese año cuando el Banco de España comenzó a prestar “atención especial” a Popular. “Nos pareció que si podíamos quitar peso a la ayuda europea (el rescate) era bueno. Es lo que yo pensé. Después del hecho, uno se pregunta que quizá fue malo”, reconoció Linde.
“Las declaraciones del gobernador de poner en duda cuándo se generaron las pérdidas no ayudan en nada”, explican fuentes financieras que han estudiado el proceso de intervención de Popular. Varias fuentes aseguran que estas dudas sobre cuándo se generaron las enormes pérdidas de Popular (y que para algunos accionistas y abogados ahora se ven reforzadas), desanimaron a los competidores de Santander a seguir estudiando los números del banco intervenido antes de su resolución en un proceso de due dilligence llevado a cabo por JPMorgan.
Esta subasta se llevó a cabo poco antes de que la Junta Única Europea (JUR) decidiera intervenir a la entidad e iniciar un proceso exprés de puja en el que solo se presentaron BBVA y Santander, aunque al final solo la entidad que preside Ana Botín decidió seguir adelante con la compra.
“Las demandas que pueden llegar a Popular son un lío. No pueden calcularse porque no se sabe desde cuando pueden cuantificarse. No se sabe si los antiguos accionistas le van a demandar solo por la ampliación, por unos días antes, por unos días después o desde 2012, año en el que su capitalización bursátil ascendía a unos 8.000 millones de euros”, aseguran fuentes financieras que conocen este proceso de subasta.
Y mientras que los peritos contratados por los despachos de abogados estudian las cuentas de Popular desde hace más de un lustro, el pasado 14 de abril se reunieron en Bruselas más de 50 abogados con la JUR para presentar sus argumentos para reclamar la documentación en poder de este organismo institucional europeo, y que llevaron a la entidad española a su resolución. La respuesta de la institución que preside Elke König, parece que está al caer.
La proposición del presidente de la AEB, José María Roldán, para que los bancos abran oficinas multimarcas en las zonas rurales, va tomando forma
De hecho, se esperaba ya para el viernes pasado, aunque los abogados tenían pocas esperanzas de que la JUR fuera partidaria ahora de entregar todos los documentos solicitados. “Algunos puede, pero todos, los más destacados, nos parecería muy extraño que nos los enviará”, explicaba el viernes un conocido abogado, que defiende a destacados accionistas de Popular.
Cambiando de asunto, la proposición que realizó hace unas semanas el presidente de la AEB, José María Roldán, para que los bancos abriesen oficinas multimarcas en las zonas rurales donde la exclusión financiera es casi total, va tomando forma. Incluso el consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, aseguró la pasada semana en la presentación de resultados del banco que estarían dispuestos a estudiar esta iniciativa, que consistiría en abrir sucursales entre varias entidades que se irían turnando por días para ofrecer servicios a los clientes de zonas rurales. Su homólogo de BBVA, Carlos Torres-Vila, fue aún más contundente.
El número dos de Bankia, José Sevilla, también se mostró receptivo a esta iniciativa, aunque recordó que su banco, uno de los que más sucursales ha cerrado durante la crisis por exigencias de Bruselas tras recibir 22.424 millones de euros en ayudas, ya cuenta con el Ofibus, un autobús que recorre las zonas rurales y que por dentro es igual que una oficina bancaria.
El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, también consideró positivo este proyecto.
Por cierto, parece que Carlos Torres será presidente ejecutivo de BBVA. Pese a las preferencias del BCE para que se separen las funciones ejecutivas de los consejeros delegados, de las representativas de los presidentes, refrendadas por una sentencia del Tribunal Europeo, Francisco González podrá dejar de heredero de sus cargos a Torres, ya que la normativa española de 2014 no es tan exigente como la francesa a la que se refería el fallo del tribunal (la norma española solo exige que haya un presidente y un consejero delegado, pero no habla de funciones). Fuentes financieras cercanas a González y a Torres así lo aseguran.