El juez ordena a los peritos del Banco de España comprobar si Popular manipuló su ampliación de capital
Pide a los inspectores que revisen la financiación de compra de acciones y el folleto Solicita que investiguen el origen de su debacle y el procedimiento de resolución
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, instructor de la investigación penal sobre la debacle de Banco Popular, ha emitido un auto dando instrucciones a los peritos judiciales sobre los aspectos que deberán tratar de aclarar.
El documento, dirigido a los inspectores cedidos por el Banco de España a petición del juez, les conmina a examinar últimos cinco años de actividad de la entidad (desde 2012 a su desaparición en junio de 2017) y a poner el foco en algunos de puntos más oscuros de su accidentado final.
En concreto, Andreu solicita que los peritos analicen si el folleto y la documentación que el banco emitió para su ampliación de capital de 2.000 millones de euros en junio de 2016 “ofrecía la imagen fiel de la entidad y estaba libre de cualquier tipo de manipulación o deformación”.
Entre otras instrucciones, el magistrado reclama a los inspectores cedidos para la investigación que examinen las operaciones irregulares de compra de acciones financiadas por el propio Banco Popular.
El juez requiere también que valoren la información contable facilitada por Popular durante la ampliación y que verifiquen la razonabilidad de las potenciales pérdidas que afrontaba, cuantificadas por entonces en 2.000 millones de euros pero que casi alcanzaron los 3.500 millones.
Revisar la resolución del banco
Además, los inspectores deberán evaluar la “evolución y causas de resolución” de la entidad después de que el juez haya requerido toda la información a las distintas partes, incluyendo a la Junta Única de Resolución europea (JUR) y su brazo ejecutor en España, el FROB.
Así, aunque el magistrado ha abierto dos piezas separadas, una para la ampliación de capital y otra sobre la posible manipulación de mercado en los últimos meses de existencia del banco, el foco judicial aborda ya también la decisión europea de acabar con el banco. El auto indica que los inspectores Santiago Jesús Ruiz-Clavijo Ruiz y Pablo Hernández Romero deberán indagar en los pormenores de la desaparición del banco.
Popular ha sido la primera entidad financiera europea en ser resuelta bajo el nuevo protocolo comunitario que busca descargar a los contribuyentes del coste de los rescates pasando la factura a accionistas y bonistas.
Como resultado, los inversores en Popular perdieron todo su dinero cuando el banco fue resuelto a comienzos del pasado junio para su posterior venta por un euro simbólico a Banco Santander. La documentación que soportó esta decisión, un informe provisional encargado a Deloitte y el propio dictamen de la JUR, han sido reclamados por los afectados que de momento solo han tenido acceso a una versión censurada. El juez ha requerido toda la información disponible a las partes.
Otras pesquisas
Más allá, insta a los peritos a revisar si las cuentas de 2015 y 2016 “se confeccionaron de acuerdo a la normativa contable”, prestando especial atención a la inversión crediticia y a los activos adjudicados.
El juez también considera clave revisar las pérdidas adicionales reconocidas por la entidad financiera en abril de 2017 sobre los resultados del ejercicio anterior, pese a las que Popular rechazó revisar sus cuentas.
Los inspectores también deberán indagar en la llamada operación Sunrise, el proyecto del expresidente de Popular Ángel Ron para achicar la pesada carga de ladrillo vendiendo grandes carteras de activos.
La venta de participadas, la política de retribuciones de la entidad (en un momento en que la pensión de Ron ha sido embargada) y los créditos concedidos a personas relacionadas con Popular también serán objeto del análisis pericial.
