Popular estaba bajo vigilancia continua del BCE al menos desde 2014
El banco español tenía problemas de solvencia desde hacia varios años El organismo europeo hacia seguimiento diario de liquidez de la entidad desde abril
Liquidez y solvencia fueron las claves que llevaron a Banco Popular al declive y a sus accionistas y bonistas a perder toda su inversión, según señala el Banco Central Europeo (BCE) en un informe censurado publicado el pasado 14 de agosto, en plenas vacaciones estivales y en medio de uno de los puentes más populares del país. En este escrito el BCE justifica la decisión de las autoridades supervisoras de intervenir Popular en la madrugada del día 7 de junio y venta ese día a Santander por un euro tras dejar el valor de la entidad a cero.
Antes, los días 21 y 27 de julio la presidenta del consejo de supervisión bancaria del BCE, Danièle Nouy, ya había justificado por carta a varios eurodiputados españoles las mismas razones para intervenir Popular, aunque de forma más escueta.
Pese a ello, llama la atención que ya el pasado 21 de julio Nouy, en respuesta a la eurodiputada Paloma López Bermejo, se remontara a los problemas que tenía Popular ya incluso antes de que el BCE tomase las riendas de la supervisión bancaria en Europa. Ya entonces sus problemas eran de solvencia.
“Los problemas estructurales de la entidad (elevado volumen de activos dudosos, bajo nivel de provisiones, baja rentabilidad) fueron detectados en la evaluación global llevada a cabo en 2014 cuando se estaba estableciendo el Mecanismo Único de Supervisión y se habían reflejado desde entonces en requisitos de capital acordes con dichos problemas en el marco del proceso de evaluación y revisión supervisora”, explica el BCE en esta carta.
En la misiva insiste en que este proceso incluyó el uso de varias herramientas supervisoras, entre ellas, inspecciones in situ, revisiones de modelos internos y pruebas de resistencia, así como la evaluación continua de la situación financiera de capital de la entidad.
En la carta remitida a un grupo más amplio de eurodiputados, en concreto a cinco, el pasado 27 de julio, la responsable de la supervisión bancaria europea, explica, además, que el BCE realizó un seguimiento “constante de la situación (de liquidez)” de Popular, con “una frecuencia cada vez mayor cuando esta se hizo más apremiante, es decir, diaria desde principios de abril”.
Nouy mantiene en este mismo escrito que el seguimiento “de la ratio de cobertura de liquidez (LCR) fue una de las herramientas de supervisión utilizadas para evaluar el riesgo de liquidez”.
Llama la atención entonces que si el BCE hacia seguimientos diarios de la liquidez de Popular desde los primeros días de abril, el banco terminara muriendo por esta causa. ¿De qué sirvió entonces esta vigilancia permanente desde abril hasta el 6 de junio, fecha en la que su consejo comunica al BCE que no tiene liquidez para responder a sus deudas o al vencimiento de su pasivo?. A lo mejor hubiera sido conveniente que Nouy lo hubiera explicado, o que hubiesen puesto remedio a esta asfixia radiada.
La presidenta de la supervisión bancaria del BCE también hace mención en esta carta a la débil solvencia de la entidad, como lo hizo en la anterior misiva dirigida a López Bermejo. “El seguimiento del BCE se había centrado no solo en la liquidez, sino también en la posición de capital de la entidad”, subraya, y vuelve a insistir en sus problemas estructurales “que se tradujeron en unos requisitos de capital acordes establecidos por el BCE”. Aunque en esta ocasión no hace referencia al origen en el tiempo de estos problemas, anteriores a 2014, según la carta fechada el 21 de julio.
Sí recuerda que ya en las pruebas de resistencia de 2016 llevadas a cabo por la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) revelaron que Popular “sufría considerablemente en un escenario de estrés”. Así, la ratio de capital principal de nivel 1 (CET1) “registrada por la entidad fue la peor de España y la tercera peor de toda la muestra en el escenario adverso”.
De esta forma, el BCE tanto en su carta del 21 de julio, como en la del 27 del mismo mes, considera, aunque sin mencionarlas, que de poco sirvieron las tres ampliaciones de capital llevadas a cabo por Popular desde 2012 hasta junio de 2016 por algo menos de 5.500 millones de euros. Sus problemas estructurales exigían más capital. ¿Entonces por qué no se le obligó a llevar a cabo una ampliación mayor?, ¿por qué no se le obligó o se le empujó, como a otras entidades, como fueron la cajas de ahorros, a aceptar capital público en 2012 y a traspasar sus activos tóxicos a la Sareb, más conocido como el banco malo?. ¿No es esa la labor del Banco de España antes y del BCE desde 2014?
Es cierto que los bancos son entidades privadas, pero cuentan con una muy estricta regulación que se supone que intenta prevenir los problemas por los ha atravesado Popular desde hace años, algo menos de una década. Hay que tener en cuenta que la banca juega con dinero de terceros, los inversores y los clientes. Además, las entidades financieras se han convertido en un servicio básico para la vida de un país.
Un banco es el intermediario financiero que presta al tejido productivo de un país. Sin su intervención la concesión de financiación en España sería totalmente marginal.
El BCE aseguraba a un grupo de eurodiputados españoles que el “objetivo último de la prueba de resistencia de la EBA no era evaluar el valor económico de la entidad en su conjunto desde la perspectiva de empresa en situación de resolución y liquidación, ni pronosticar el impacto de una huida idiosincrásica en una entidad”. En realidad, estas pruebas de resistencia “son una herramienta diseñada para conocer la capacidad de resistencia de las entidades en determinados escenario macroeconómicos adversos que pueden o no materializarse”, contesta Nouy a estos eurodiputados. Entonces, y dada esta respuesta, ¿qué pasaría si una entidad se niega a llevar a cabo las medidas que pudiera reclamarle el BCE por falta de capital?, ¿pudo ser este el caso de Popular?
Danièle Nouy también responde a estos miembros españoles del Parlamento Europeo (Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo y a Xabier Benito Ziluaga) que el BCE no es el organismo que decide la resolución de Popular, sino la Junta Única de Resolución (JUR), echando así balones fuera.
“Permítanme señalar que el proceso de resolución, que incluye el tratamiento de los accionistas y de los titulares de deuda subordinada, no entran en el ámbito de las tareas de supervisión asignadas al BCE y desempeñadas por este. A este respecto, les sugiero que dirijan sus preguntas a la JUR”, finaliza Nouy.