Las ayudas al transporte público quedan anuladas desde este jueves
El decreto ómnibus, rechazado en el Congreso, incluía un nuevo paquete de ayudas para los afectados por la dana, entregas a cuenta a las comunidades, el escudo social o la prórroga del SMI
Las bonificaciones al transporte público que se aprobaron en 2022 quedan anuladas a partir de este jueves, por lo que los usuarios tendrán que comprar los billetes de tren, metro y autobús a su precio original. Es el resultado de la derogación la norma ómnibus de este miércoles en el Congreso de los diputados con los votos en contra de PP, Junts y Vox. Las ayudas incluían la subvención del 30% en los abonos multiviaje, el descuento del 50% en el transporte urbano, metropolitano e interurbano o la gratuidad de los trenes de media distancia. Con el rechazo, además de las bonificaciones para los viajeros quedan al aire otros puntos como la revalorización de las pensiones, nuevos paquetes de ayudas directas y préstamos para los afectados por la dana de Valencia, la actualización de las entregas a cuenta que reciben las comunidades autónomas a modo de financiación o la extensión del salario mínimo interprofesional de 2024 hasta que se alcance un nuevo acuerdo sobre el de 2025.
Con respecto al transporte, los viajeros que hayan adquirido su abono de transporte en los últimos días, con una bonificación de hasta el 100% en el precio y validez para el actual cuatrimestre, cuentan con un derecho adquirido y podrán seguir utilizando los servicios de tren y autobús sin realizar pago adicional alguno, según fuentes del Ministerio de Transportes. Sin embargo, los usuarios del transporte público que pretendan hacerse con este título a partir de este jueves ya no podrían hacerlo.
Sin la convalidación del decreto, también decaen las ayudas del Gobierno al transporte de titularidad autonómica, que son complementadas hasta ahora por los Gobiernos regionales. Además del perjuicio para millones de ciudadanos, se abre un problema de difícil solución inmediata: la implantación de los nuevos precios y la gestión de los cobros.
La Comunidad de Madrid va a mantener “de momento” el descuento del 60 % vigente en los abonos de transporte público de la región a pesar de la eliminación de las ayudas del Estado que cofinanciaban dicha bonificación. Así lo han confirmado a EFE fuentes del Gobierno madrileño, que aprovechan para reclamar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que active “otras fórmulas para solucionar de inmediato este problema que ellos mismos han generado” y cumpla con las aportaciones de fondos “a las que se comprometió” con las autonomías.
El Gobierno —que apostaba por sacar adelante una prórroga de seis meses en las ayudas al transporte público, activadas en 2022— ahora puede optar por volver a aprobar estas medidas en un nuevo real decreto ley o con varias normas independientes para facilitar su tramitación. De hecho, tanto PP como Junts han ofrecido su apoyo en lo que respecta al alza de pensiones si va como único punto en una ley.
No obstante, estas mismas agrupaciones se han mostrado reticentes respecto a otros aspectos. Míriam Nogueras, portavoz parlamentaria del partido independentista, ha acusado al PSOE de “trilerismo y piratería” por algunos de los puntos incluidos en el decreto. Por su parte, desde el PP se han referido al traspaso de la sede de París del Instituto Cervantes al PNV como “el regalo del Gobierno al PNV en forma de palacete”, uno de los motivos detrás de su rechazo.
La prórroga fallida
Este paquete de ayudas al transporte, que decaerá desde este jueves, había sido pactada entre el Ejecutivo y Podemos cuando en realidad se contemplaba retirar parte de las subvenciones desde el 1 de enero, favoreciendo únicamente a colectivos vulnerables o jóvenes. En la prórroga, el descuento alcanzaba el 50% en el transporte urbano, metropolitano e interurbano bajo gestión de ayuntamientos y comunidades autónomas. Mientras, la Administración central cargaba con la reducción de un 30% en el precio de los abonos y títulos multiviaje. Mientras, las administraciones autonómicas y locales financiaban con cargo a sus presupuestos, la cuantía restante. Para el año entrante estaba previsto que se proponga el mismo mecanismo.
En el caso de los servicios ferroviarios, se planeaba que los viajeros gocen de gratuidad en los abonos de Renfe para Cercanías, Rodalies y la Media Distancia convencional. La rebaja se situaba en el 50% en los servicios Avant para viajeros habituales. En tanto, los servicios de altas prestaciones entre Murcia y Alicante, y los Avant entre Ourense y A Coruña, iban a ser totalmente gratuitos en 2025, al igual que las relaciones punto a punto entre Madrid y Salamanca.
Transportes también había articulado la bonificación del 100% de los abonos y títulos multiviaje de autobús en líneas de competencia estatal. De modo que los usuarios con un título para cada cuatrimestre natural del año abonaran la fianza correspondiente y realizaran al menos 16 viajes durante la vigencia de cada abono.
Estas ayudas transitorias fueron aprobadas a través de los reales decretos ley 11/2022 y 14/2022, dentro del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Desde los últimos meses de 2022, el título gratuito para el tren ha ido prorrogándose cuatrimestre a cuatrimestre. Renfe captó 500.000 usuarios en la primera semana, cifra que se ha situado por encima de los cinco millones (más de 3,5 millones para Cercanías y 1,5 millones para la Media Distancia) a lo largo de 2024.
El coste anual de las bonificaciones al transporte público es de 1.470 millones para la Administración General del Estado, a lo que se suman aportaciones por 420 millones de otras administraciones.
Un impacto de casi 10.000 millones para las autonomías
El decreto ómnibus que el Gobierno ha perdido en el Congreso tras la negativa de la oposición y Junts llevaba incluido un crisol de medidas, entre ellas la actualización de las entregas a cuenta que reciben las comunidades autónomas a modo de financiación. Aunque no hay Presupuestos para 2025, el Gobierno iba a actualizar estos adelantos con casi 10.000 millones de euros adicionales en recursos para los territorios.
Sin embargo, según cálculos distribuidos por el Ministerio de Hacienda, “el voto en contra del PP a actualizar las entregas a cuenta” supondrá una pérdida de recursos de 1.190 millones para Cataluña, 1.820 millones para Andalucía y otros 1.280 millones para Madrid, las tres autonomías más perjudicadas. Tras ellas se situarían Comunidad Valenciana (800 millones) Galicia (700) y Castilla y León (600). En total, el agujero será de 9.675 millones.
Las entregas o anticipos a cuenta son los recursos que el Estado va repartiendo con antelación a las comunidades en función de las previsiones de recaudación de impuestos que se manejan para el año. Suponen el grueso de los recursos con los que cuentan los territorios. Cada ejercicio se actualizan siguiendo las previsiones que se manejan para la economía y los ingresos tributarios, dos indicadores que apuntan en la buena dirección tras varios años con viento de cola.
Otras medidas en el aire: desahucios, bono social, ayudas a pymes...
Entre las medidas que se han quedado a medio camino tras la negativa del Congreso, destacan la extensión del denominado escudo social hasta final de este ejercicio, que contemplaba la prohibición del desahucio de familias vulnerables, así como el corte de sus suministros básicos de electricidad, gas y agua. La norma también introducía la actualización de los porcentajes de descuento del bono social eléctrico en su modalidad de vulnerables severos hasta el 80% en el precio de la luz. Asimismo, se pretendía aumentar las ayudas para los hogares más necesitados a través de descuentos en servicios públicos, educativos, de transporte o en el acceso a la vivienda.
Asimismo, el decreto ley recogía la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2024 hasta que el Gobierno publique la nueva cuantía que se aplicará en 2025. Trabajo está analizando qué opciones tiene para evitar un vacío legal que afectaría principalmente a nuevas contrataciones, al no existir un suelo mínimo retributivo vigente. En concreto, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha barajado “la elaboración de unas pautas o una instrucción”. En todo caso, ha recordado que la aplicación de la nueva retribución, cuando se apruebe la de 2025, será como siempre retroactiva desde el 1 de enero. Esto significa que cualquier contrato firmado por debajo del nuevo suelo que se fije deberá cobrar la diferencia en la nómina siguiente.
En materia fiscal, destacaban los incentivos para la adquisición de vehículos eléctricos, por medio de deducciones en el pago del IRPF de hasta el 15% del valor de adquisición del vehículo o de la instalación de los puntos de recarga. A las que se sumaban deducciones por la reducción del consumo energético para facilitar la instalación de paneles solares o promover el autoconsumo compartido. Así como nuevos incentivos fiscales para promover el mecenazgo en actividades culturales, conciertos, exposiciones, o labores de restauración del patrimonio histórico.
El decreto también incluía una serie de subvenciones para las pymes, en busca de impulsar la modernización tecnológica y el uso de herramientas digitales. En el caso de la industria, se contemplaban fondos para impulsar su modernización, la adopción de procesos más sostenibles y la reducción de emisiones contaminantes.
Otro punto abordaba la simplificación de licencias y trámites administrativos para proyectos urbanísticos, en un intento de incentivar la inversión en el sector de la construcción y promover la rehabilitación de viviendas. Respecto a la función pública, la norma ómnibus contenía medidas para agilizar la contratación de los funcionarios, así como mejoras en sus evaluaciones de desempeño, y cambios en la normativa que regula el teletrabajo de los funcionarios.
