¿Sobrevivirá la euroorden al caso Puigdemont?
España reclama mayor automatismo, pero los cambios van en dirección contraria. La desconfianza entre los socios aboca a mayores garantías para la extradición
El fiasco de la primera orden europea de detención y entrega contra Carles Puigdemont (en Bélgica) y el temido descarrilamiento de la segunda (en Alemania) ha encrespado los ánimos del Gobierno español y de parte de la judicatura hasta el punto de poner en duda la utilidad del mecanismo europeo de cooperación judicial. “Si la euroorden no funciona, el tratado de Schengen [de supresión de fronteras] no tiene sentido”, ha proclamado Esteban González Pons, eurodiputado y líder de los populares españoles en el Parlamento Europeo.
¿Sobrevivirá la euroorden a este vendaval? Todo indica que sí. Pero puede quedar tan maltrecha como el propio tratado de Schengen, cuarteado por la crisis de los refugiados de 2015 hasta convertirlo en un mapa de puestos fronterizos entre varios Estados miembros. En el caso de la euroorden, la tendencia también apunta a un reforzamiento de las fronteras judiciales.
Tras las dificultades con el caso del expresidente de la Generalitat, España defiende un mayor automatismo en la ejecución de las órdenes de detención y entrega (ODE), para acabar con la discrecionalidad que atribuye a los tribunales belgas o alemanes en los expedientes sobre Puigdemont.
Pero los vientos soplan justo en dirección contraria. La reforma de la euroorden en 2009 ya endureció las condiciones de ejecución, para garantizar mejor la defensa de los acusados. Y en una Unión Europea donde la desconfianza mutua crece por momentos, las próximas reformas de la euroorden también apuntan a una mayor exigencia de garantías judiciales en los países que reclaman la extradición de un presunto delincuente.
El Parlamento Europeo ya pidió en 2014, en el décimo aniversario de la entrada en vigor de la ODE, una revisión de la norma para incluir, entre otras cosas, un motivo de desestimación cuando no esté garantizado el respeto a los derechos fundamentales de la persona buscada.
La Comisión Europea rechazó la propuesta del Parlamento, por miedo a abrir una caja de Pandora que socavase la confianza mutua en que se basa la ODE. Bruselas ha preferido ir fijando estándares mínimos en los derechos del procesado como vía indirecta para mejorar la aplicación de la ODE sin reabrir una negociación tan delicada como fue la concluida en 2002.
El organismo europeo reiteró su rechazo a finales del año pasado, cuando el ministro español de Justicia, Rafael Catalá, a raíz de las dificultades de lograr en Bélgica la entrega de Puigdemont, sugirió la posibilidad de ampliar el listado de delitos (ahora 32) cubiertos por la euroorden. "Estamos trabajando para mejorar la euroorden", señaló entonces la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova. "Pero no vamos a reabrir la decisión marco para introducir los cambios que desea el Gobierno español", zanjó la comisaria.
Pero las divergencias, a veces abismales, entre los sistemas judiciales y penitenciarios de una Unión en la que conviven Suecia y Bulgaria u Holanda y Malta, lleva a discrepancias inevitables en la ejecución de las órdenes que abocan a su reforma o su inoperancia. La deriva iliberal de socios como Polonia o Hungría ha acentuado el problema y las órdenes de detención de algunos países pueden chocar frontalmente con la legislación de otros.
El Tribunal Constitucional de Alemania ya dio el primer aviso a finales de 2015 y revocó la entrega de a Italia de un condenado en rebeldía en ese país porque el sistema italiano no le garantizaba un segundo juicio presencial. La sentencia disparó las alarmas en Bruselas porque supuso un drástico giro en la jurisprudencia de Karlsruhe, sede del Constitucional alemán.
Por primera vez, los jueces alemanes rechazaban en materia de derechos fundamentales la primacía de la ODE, como norma europea, sobre la legislación nacional. Un planteamiento que el Constitucional alemán ya aplicó en materia económica durante la crisis de la zona euro con desastrosas consecuencias. Los recursos en Karlsruhe pusieron en entredicho o retrasaron medidas consideradas entonces tan urgentes como el rescate de Grecia, la creación del fondo de rescate o las sucesivas intervenciones del BCE.
El caso Puigdemont también puede acabar en Karlsruhe si el Tribunal Supremo de Schleswig Holstein, el land donde se encuentra el expresidente en libertad bajo fianza, dictamina la entrega a España. En ese caso, los abogados del líder catalán ya han anunciado su intención de pedir amparo al Constitucional alemán que evaluará el caso en base a los estándares de la Carta Magna de ese país y no de la legislación comunitaria.
El embrollo puede prolongarse aún más si los jueces alemanes, de una u otra instancia, plantean una consulta prejudicial ante el Tribunal de Justicia europeo para aclarar la interpretación de la ODE cursada por el Supremo español contra el expresidente catalán. Sería una oportunidad para que los jueces europeos precisasen un poco más los términos de aplicación de un acuerdo marco de colaboración que está a punto de cumplir 15 años.
Desde su entrada en vigor, el 1 de enero de 2004, se han emitido unas 150.000 órdenes, con un plazo medio de ejecución de 14 días (en caso de entrega consentida por el detenido) o de 60 días (si el detenido recurre), según los datos de la CE relativos a 2015 (último ejercicio disponible).
La aplicación de la ODE durante los 14 años en vigor ha provocado alguna injusticia flagrante, como la entrega a Italia de un español cuya identidad había sido usurpada por delincuentes de aquel país. Y ha presentado problemas como la emisión de la orden, en las fases más tempranas del procesamiento, caso frecuente en España, lo que ha provocado resistencia a su ejecución en otros países.
O el excesivo "activismo" judicial de algunos países, en particular Polonia, que utilizan las órdenes de manera desproporcionada, según Bruselas. En 2015, por ejemplo, los socios del Este emitieron tantas órdenes como Alemania, Francia, Italia y España juntos.
A pesar de todo, la Comisión Europea defiende la utilidad de una orden que califica como "el instrumento más exitoso" de la cooperación judicial en Europa. La ODE, aprobada en 2002 a instancias del gobierno de José María Aznar, revolucionó el sistema de colaboración entre las autoridades judiciales de la UE y se calcula que es tres veces más rápida que la antigua extradición y cuatro veces más barata. Aunque solo sea por esas ventajas, la UE hará todo lo necesario para que la ODE sobreviva a la trifulca sobre Puigdemont.
