Referéndum: La UE teme el contagio del 1-O en un club con 75 regiones muy poderosas
El conflicto catalán reaviva la chispa provocada por el referéndum en Escocia Bruselas mantiene su apoyo a Rajoy pero arrecian las voces a favor del dialogo
La violenta jornada del 1-O en Cataluña ha llamado la atención en toda Europa y ha disparado las alarmas en varias capitales por la deriva de un conflicto cuyas repercusiones políticas rebasan las fronteras europeas.
La posición oficial de Bruselas sigue siendo de apoyo al Gobierno de Mariano Rajoy y al orden constitucional vigente en España. Pero durante la jornada del domingo han arreciado las voces partidarias de buscar una solución dialogada a una disputa institucional y territorial con peligrosas reverberaciones en toda la Unión Europea.
El club comunitario alberga hasta 75 regiones con poderes legislativos similares a los de Cataluña. Siete países de la UE, además de España, cuentan con algún tipo de estructura federal. Y en varias regiones europeas laten movimientos secesionistas de mayor o menor intensidad, desde Córcega en Francia al Tirol en Austria, desde Flandes en Bélgica a Padania en Italia o Escocia en Reino Unido.
En algunos de esos países se teme un efecto contagio del 1-O y a lo largo del domingo han empezado a pedir al gobierno de Mariano Rajoy y al de Carles Puigdemont que se sienten en la mesa de negociación.
El primer ministro belga, el liberal Charles Michel, ha sido el primer dirigente europeo en intervenir en un asunto que hasta ahora se calificaba como interno de España. "La violencia nunca puede ser la respuesta. Condenamos todo tipo de violencia y reafirmamos nuestra petición de una solución dialogada", ha tuiteado Michel, que gobierna en coalición con los independentistas ultraconservadores de Flandes (N-VA).
En la misma línea se ha expresado el gobierno de Eslovenia y la oposición socialista en Reino Unido o Alemania. "La escalada en España es motivo de preocupación. Madrid y Barcelona deben reducir inmediatamente la tensión y buscar el diálogo", ha señalado Martin Schulz, líder de los socialistas alemanes, derrotado en las elecciones del pasado domingo por Angela Merkel. El laborista británico, Jeremy Corbyn, ha sido más duro y ha cargado la responsabilidad en Madrid. "La violencia policial contra los ciudadanos de Cataluña es un schock. El Gobierno español debe pararla de inmediato", pedía Corbyn.
En Francia ha sido un aliado del presidente francés, Emmanuel Macron, el encargado de pedir calma. "No hay que buscar quien tiene la culpa o la razón. Hay que buscar una solución, hay que negociar", tuiteaba François de Rugy, presidente de la Asamblea francesa y miembro del grupo del presidente La République en marche.
Las instituciones europeas han guardado silencio, pero algunos grupos políticos, como Los Verdes, han reiterado su demanda para que la Comisión Europea medie entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña. Bruselas se resiste a esa petición pero también empieza a reclamar diálogo.
¿Contra quién debe actuar Bruselas?
La CE, presidida por Jean-Claude Juncker, ha optado por un perfil bajo en relación con el 1-O que no satisface a casi nadie. Bruselas ha sido acusada de complicidad con Madrid, por aceptar la represión judicial y policial del referéndum, y de complicidad con los independentistas, por no posicionarse tajantemente en contra del referéndum.
Los grupos independentistas consideran que la mediación de Bruselas podría jugar a su favor en una potencial negociación con Madrid. Pero fuentes europeas advierten que “en cierto modo, la intervención de UE no sería neutral del todo, porque España es miembro de la UE y sería juez y parte”.
Las mismas fuentes recuerdan que, hasta ahora, solo el Parlament ha infringido las normas sobre Estado de derecho que exige el Tratado de la UE. “Si Cataluña hubiera sido un Estado, y no una región, se le podría haber aplicado el artículo 7 del Tratado [suspensión de voto en el Consejo Europeo] por lo ocurrido durante la sesión del Parlament que aprobó las leyes de desconexión”.
Sin embargo, las cargas policiales del domingo, para evitar la apertura de los colegios electorales puede alentar las acusaciones ante Bruselas de un supuesto abuso del Estado. “Está claro que el gobierno español tiene razón legalmente, pero la actuación desproporcionada puede restarle legitimidad”, tuiteaba el domingo el jefe de gabinete de Jirky Katainen, vicepresidente de la CE.
"A partir del lunes [2 de octubre], hay que hablar", señaló el presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani, 48 horas antes del referéndum convocado por el govern de Puigdemont y suspendido por el Tribunal Constitucional español.
Europa desea un regreso a la normalidad institucional lo más rápido posible para desactivar un conflicto potencialmente explosivo para todo el continente. "En Europa hay decenas de regiones con poderes legislativos y, en cierto modo, se sienten por encima de las demás y reclaman otro tipo de relación con la UE", señalan fuentes comunitarias.
Esas fuentes recuerdan que el referéndum sobre la independencia de Escocia, aceptado por el gobierno británico de David Cameron, ha sido la chispa más reciente de los movimientos nacionalistas que conviven dentro de la Unión Europea. "Cameron sentó un precedente que ahora se invoca en numerosas regiones de Europa, incluida Cataluña", añaden las fuentes consultadas.
La UE, a partir del Tratado de Maastricht (1992), ha intentado abrir canales de participación para los gobiernos de esas administraciones regionales. Pero fuentes europeas reconocen que "su capacidad de influencia es limitada porque la UE sigue siendo una Unión de Estados y el interlocutor principal es el gobierno central".
Algunas fuentes incluso consideran que sería contraproducente involucrar a las regiones en la organización de la UE porque agravaría la parálisis que en ocasiones padece por la falta de acuerdo de los 28 países.
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