Pimco acude a la justicia de EE UU para lograr datos de Santander sobre Popular

Los grandes fondos personados aprovechan la legislación estadounidense para solicitar información confidencial

Tratan de averiguar si el banco que preside Botín iba a presentar una oferta de 3.000 millones antes de quedarse Popular por un euro

JUR
Un hombre camina junto a una oficina de Banco Popular.

Los grandes inversores de Banco Popular, que perdieron todo su dinero en el proceso de resolución de la entidad el pasado mes de junio, están dispuestos a agotar todas las vías posibles para lograr la documentación confidencial que arroje algo de luz al proceso.

Un grupo de enormes fondos de inversión encabezados por Pimco y Anchorage, que perdieron los 640 millones de euros invertidos en bonos de Popular, han decidido acudir a la justicia estadounidense para tratar de lograr información clave del proceso de Banco Santander.

La entidad que preside Ana Botín se hizo con Popular por un euro simbólico en una subasta acelerada, en la que Santander fue la única entidad participante, organizada por el FROB tras la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) comunitaria de resolver el banco fallido.

El bufete Quinn Emanuel, que representa a este grupo de fondos en las distintas vías judiciales abiertas a nivel europeo y española ha encontrado ahora una vía legal en EE UU para tratar de requerir a Santander parte de la información no facilitada hasta la fecha.

La estrategia del bufete es acogerse a la llamada “Sección 1782”, una ley federal que permite a los demandantes de procedimientos fuera de EE UU solicitar pruebas para fundamentar sus causas en el extranjero de compañías que operen en territorio estadounidense.

Es el caso de Banco Santander que cuenta con presencia en el mercado norteamericano. Quinn Emanuel presentó este martes una solicitud probatoria contra la entidad ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York solicitando todos los documentos relevantes sobre la adquisición de Popular.

Entre otra información clave, Pimco, Anchorage y el resto de fondos confían en aclarar si, como se “rumorea”, Santander contrató a Citigroup para preparar una “puja formal” de cerca de 3.000 millones de euros por Popular, para terminar pagando un euro simbólico.

"Estamos presentando esta solicitud para obtener todas aquellas pruebas y datos necesarios del Santander que permitan apoyar nuestras respectivas acciones legales en Luxemburgo y Madrid", ha manifestado Richard East, socio director del bufete legal Quinn Emanuel, en relación a las demandas presentadas ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y la Audiencia Nacional española.

"Consideramos que es fundamental para un proceso justo, equitativo y transparente. Santander es el principal beneficiario de la resolución del Banco Popular, y por ello es lógico que se les exija divulgar los documentos clave sobre su participación en la compra del Popular, la cual a su vez provocó la pérdida de las inversiones de nuestros clientes", ha manifestado East.

La documentación presentada por el bufete ante el tribunal neoyorquino, a la que ha tenido acceso este diario, argumenta que la justicia extranjera estará presumiblemente interesada en asumir para las causas abiertas la información que pueda obtenerse mediante esta estrategia legal en EE UU.

Pimco y Anchorage ya trataron de hacerse con información reservada de la resolución y venta de Popular acudiendo a la JUR que acabó aceptando publicar una versión parcial de su informe de resolución omitiendo eso sí buena parte de los detalles clave.

Aunque fue el propio Banco Central Europeo (BCE) quien decidió mantener censurados algunos de los capítulos más opacos del procedimiento –como las garantáis con que contaba Popular o la línea de liquidez de asistencia que se le acabó negando-, Banco Santander también rechazó ofrecer algunos datos relevantes alegando que podrían beneficiar a sus competidores.

Por otra parte, el grupo de inversores mexicanos de Banco Popular que lidera Antonio del Valle, que registró pérdidas de 470 millones de euros con la resolución de la entidad, comenzó este mismo procedimiento el pasado 6 de marzo, según recuerda Europa Press, también ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York.

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