Inversores mexicanos demandan a Santander en EE UU para que revele los papeles de Popular
Estos accionistas, encabezados por Del Valle, también llevan al Gobierno al arbitraje internacional por la quiebra del banco Denuncian un plan para entregar Popular a la firma que preside Botín con una subasta manipulada
Nuevo giro judicial en el caso Banco Popular. El principal grupo inversor particular de Popular, encabezado por la familia mexicana de Antonio del Valle y 44 inversores más además de 10 sociedades, han decidido emprender nuevas acciones legales contra la resolución de la entidad financiera española.
Estos inversores, que controlaban el 4% del capital de Popular (tras invertir 470 millones de euros) antes de ser intervenido y vendido a Banco Santander, han decidido iniciar un procedimiento de arbitraje internacional contra el Gobierno de España basado en lo que considera “múltiples actos y omisiones antes, durante y después de la resolución de Banco Popular, que violaron múltiples garantías y protecciones establecidas en el tratado bilateral de inversión entre México y España (Tratado México – España) y bajo otras leyes internacionales aplicables”.
Además, y como novedad, este grupo ha solicitado a un tribunal de Nueva York (Estados Unidos) una orden obligando a Banco Santander y a la Unión Europea a entregar todos los documentos relacionados con la adquisición de Popular por un euro.
Consideran que el juez de Nueva York puede emitir una orden para forzar a Santander a entregar esta documentación ya que el banco que preside Ana Botín recauda dinero en Estados Unidos, requisito imprescindible para poder realizar esta petición.
Este procedimiento (denominado discovery, según la legislación estadounidense) y el arbitraje se suman así a la reclamación ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo realizada en agosto para que se invalide la resolución de la Junta Única de Resolución (JUR) de la UE sobre Banco Popular, y que provocó que todos los accionistas y bonistas perdieran toda su inversión.
El objetivo es “recuperar los daños causados por el Reino de España en virtud de las sustanciales pérdidas de inversión causadas” a este grupo de accionistas mexicano.Este grupo de accionistas, formado por algunas de las familias más ricas de México, ya han contratado a peritos para que evalúen el perjuicio causado por la resolución de Popular, aunque, de momento, han solicitado al Gobierno español la devolución de los 470 millones de euros que invirtieron.
Esta es la primera vez que Del Valle, que fue consejero de Popular y fue uno de los impulsores de la salida de Ángel Ron de la presidencia del banco, y otros accionistas mexicanos apuntan a Santander en su intento de revertir la decisión de la JUR.
El despacho de abogados Kirkland & Ellis ya remitió el pasado 22 de enero una carta de 14 páginas dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, notificando el arbitraje amparado en el tratado firmado entre México y España en 2006 de protección de inversores de ambos países.
Este grupo de inversores, no obstante, parece que tiene complicado sacar adelante sus reclamaciones ya que han contado desde 2013 y hasta el hundimiento del banco con un representante en el consejo de administración de Popular, con lo que la justicia también debe resolver sobre su responsabilidad en el caso Popular, tras ser también demandados por otros accionistas.
Los abogados de Del Valle también denuncian que el Ejecutivo español "participó de manera activa" en el proceso que llevó a la resolución de Popular para ser vendida en unas horas (madrugada del 6 al 7 de junio) a Santander por un euro, y no se valoró que había otros inversores dispuestos a acudir a una ampliación de capital por 4.000 millones de euros que hubiera evitado su venta. Además, creen que España es responsable de la caída del banco ya que empresas públicas sacaron el 40% de los depósitos del banco.
Estos inversores mexicanos también consideran que el FROB sugirió 1 euro como la oferta inicalmente mínima para Popular, que fue lo que ofreció Santander, “muy por debajo del valor justo de mercado del banco”, señalan en un escrito. Añaden en la carta dirigida a Rajoy que ”los funcionarios del Gobierno español, presuntamente, tuvieron negociaciones secretas paralelas con Santander a la hora de tramitar y facilitar la venta de Banco Popular, incluso antes de que la Comisión Europea o la Junta Única de Resolución tomasen ninguna decisión en relación a la resolución de Banco Popular”.
Este grupo de inversores asegura que la decisión del Banco de España de no conceder 6.000 millones de euros adicionales en el marco del programa de Asistencia de Liquidez de Emergencia (ELA, según sus siglas en inglés) perjudicó a los accionistas e inversores de la entidad.
El procedimiento de arbitraje, que se ha extendido en el caso de la energía renovable, puede tardar alrededor de dos años en obtener una respuesta.
