La CEOE y los Economistas presionan para abordar la reforma de la Justicia

Inciden en tres líneas: su agilización, reducir la litigiosidad y la legislación concursal

De izquierda a derecha: José María Campos (director de Legal de la CEOE), Joan Rosell (presidente de la CEOE), Rafael Catalá (ministro de Justicia), Valentín Pich (presidente del CGE) y Pascual Fernández (decano-presidente del CGE).
De izquierda a derecha: José María Campos (director de Legal de la CEOE), Joan Rosell (presidente de la CEOE), Rafael Catalá (ministro de Justicia), Valentín Pich (presidente del CGE) y Pascual Fernández (decano-presidente del CGE).

 

La principal novedad de la evaluación que la CEOE y el Consejo General de Economistas (CGE) hacen sobre el funcionamiento de la Justicia no está tanto en su diagnóstico y propuestas de mejora, sino en el énfasis que hacen en la urgencia de abordar su reforma. Ambas instituciones presentaron este miércoles en la sede de la patronal las conclusiones del encuentro Implicaciones sobre el funcionamiento de la Justicia en la Economía, un amplio y detallado informe que señala los "déficits competitivos" que la Administración judicial española y cómo éstos lastran el desarrollo del país.

"La razón última de auscultar la situación de la justicia es que sin debatir y sin convencer a la sociedad es muy difícil que las Administraciones hagan las reformas que corresponden", expresó el presidente del CGE, Valentín Pich, que se mostró especialmente crítico con la existencia de distintas plataformas electrónicas no conectadas entre sí ("esto debería producir cierta vergüenza", aseveró).

Joan Rosell, por su parte, incidió en la necesidad de tener una "legislación clara, práctica y razonable y un sistema judicial predecible, ágil y eficiente" como aspectos calve para atraer inversores y mejorar la competitividad de nuestro país. En este sentido, el presidente de la CEOE manifestó la dificultad de "leer y digerir" el millón de páginas que los Boletines Oficiales (el del Estado y los autonómicos) producen cada año. "Eso da como conclusión los seis millones y medios de litigios anuales que tenemos", explicó.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, en la misma línea, subrayó que, una vez existe consenso en las reformas que requiere la Justicia, "el análisis debería ser preguntarse por qué esto no se está llevando ya a cabo". Y se preguntó si, para forzar la adopción de medidas, el mundo jurídico no debería plantearse, incluso, elevar propuestas legislativas ya redactadas.

Catalá comparte el diagnóstico

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseveró que comparte el contenido del informe y pidió comprensión para una de las tres grandes áreas que señalan la CEOE y el CGE: la legislación concursal. "Pocas leyes han recibido tantas reformas, pero no nos quedaba otra en los años de crisis profunda y con un entorno económico pavoroso", se disculpó; "tuvimos que abordar soluciones para situaciones que, en 2003, cuando se redactó, nunca pensábamos que nos íbamos a encontrar".

En este sentido, Catalá subrayó que "es un buen momento" para la aprobación de un texto articulado, que ordene, sistematice y simplifique la normativa y diseñe un marco concursal homologado con los del entorno europeo.

Las otras dos grandes líneas de propuestas van dirigidas a agilizar el funcionamiento de la Justicia y a desincentivar la litigiosidad.

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