Bruselas amenaza con denunciar a España por no transponer la directiva sobre productos financieros

Tendría que haber entrado en vigor el 3 de enero

La Unión Europea ya dio un año de prórroga

Mifid 2
Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.
Bruselas / Madrid

La parsimonia parlamentaria española puede salir cara al Gobierno de Mariano Rajoy. La Comisión Europea ha amenazado hoy con denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) si en un plazo de dos meses no transpone la directiva sobre los mercados de instrumentos financieros, conocida como Mifid II, que debería haber entrado en vigor el pasado 3 de enero.

El Ejecutivo comunitario ha enviado un dictamen motivado a España por este asunto (junto con otros 11 Estados miembros), en lo que supone el paso inmediatamente anterior a la denuncia antre el TUE. También ha advertido de la falta de avances en la tansposición de otras dos normativas sobre asuntos financieros: la directiva sobre requerimientos de capital (de 2013) y la directiva UCITS IV, que regula los fondos de inversión.

De las tres regulaciones, la que tiene más calado para el sector bancario español es Mifid II. La norma trata de conseguir unos mercados financieros "más transparentes, más eficientes y más competitivos", para lograr una mayor protección hacia los particulares y garantizar la estabilidad financiera.

Mifid II es especialmente delicada para el funcionamiento de las gestoras de fondos de inversión, un segmento controlado por los bancos. Hasta ahora, las gestoras destinaban dos tercios de sus ingresos por comisiones a pagar por la comercialización de los productos (fundamentalmente, a pagar a las sucursales bancarias que venden los fondos).

Con Mifid II ya no será tan fácil que los bancos cobren por vender fondos, sino que tendrán que aportar un valor añadido al cliente, en forma de asesoramiento o seguimiento de la inversión.

El plazo inicial para transponer la directiva se prorrogó un año, del 3 de junio de 2016 hasta el 3 de julio de 2017, pero estos 12 países "no han incorporado las normas a su legislación nacional o no las han incorporado plenamente".

En el caso de España, el Consejo de Ministros aprobó a finales de diciembre a través de un Real Decreto-Ley una parte de la transposición de esta directiva al ordenamiento jurídico español, concretamente la relativa a centros de negociación (mercados regulados, sistemas multilaterales de contratación y sistemas organizados de contratación).

El Gobierno justificó esta tansposición parcial por la amenaza de que algunos actores del mercado dejaran de operar con Bolsas y Mercados Españoles (BME) alegando que España no había cumplido aún con la nueva regulación de sistemas organizados de contratación. Fuentes del Ejecutivo confiaban entonces (a finales de 2017) de que Bruselas fuera comprensiva con la 

La banca española, a través de la asociación de gestoras de fondos de inversión (Inverco), ha realizado una intensa labor de lobby sobre el Gobierno defendiendo el status quo financiero. Sin embargo, el Ministerio de Economía publicó en septiembre un borrador sobre la futura ley, que dejó muy descontenta a la industria bancaria. Los grupos financieros confiaban en poder mantener el sistema actual de venta de fondos, pero en los términos actuales de ese borrador parece imposible. 

A falta de que la tramitación parlamentaria defina cómo llegará Mifid II a España, varios bancos ya han ido tomando medidas provisionales. Bankia ha incluído un sistema de asesoramiento independiente, BBVA se prepara para poner en marcha su propio supermercado de fondos, y Banco Santander ha creado el servicio Orienta para guiar a sus clientes en la compra de fondos.

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