Propuesta del Gobierno: quien trabaje 38 años podrá desechar sus peores cotizaciones para calcular la pensión
Se exigiría jubilarse a la edad legal para evitar fraudes La medida beneficiaría a los despedidos en la antesala de la jubilación
La Comisión del Pacto de Toledo que estudia la reforma de las pensiones baraja la posibilidad de permitir a aquellos trabajadores que tengan largas carreras de cotización y sean expulsados del mercado laboral en la antesala de la jubilación, que calculen su pensión tomando toda su vida laboral y descartando unos pocos años en los que hayan cotizado menos.
Según fuentes conocedoras de la propuesta –cuyos autores son el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular en el Pacto de Toledo–, estos trabajadores tendrían que haber cotizado como mínimo el número de años que se exigen para percibir el 100% de la pensión (38 años y seis meses a partir de 2027). Además, el número de años que podrían desechar para el cómputo de su pensión no serían muchos. Aunque este extremo aún no se habría concretado, los autores de la propuesta hablan, por ejemplo, de descartar un máximo de cinco años de peores cotizaciones. Asimismo, precisan que solo se podría acceder a este sistema de cálculo jubilándose a la edad legal, “porque no va a ser un mecanismo de retiro anticipado”, precisan.
En paralelo a esta propuesta, los miembros del Pacto de Toledo están estudiando si se debe ampliar o no el actual periodo de los últimos 25 años con los que se calcularán las pensiones a partir de 2022. En la reforma de pensiones de 2013 se acordó elevar este periodo desde los últimos 15 años cotizados a 25 de forma progresiva. Los que se jubilen en 2018 calcularán su pensión con las bases de cotización de los últimos 21 años y será en 2022 cuando se contabilicen los citados 25 últimos años.
Así, según estas fuentes, se amplíen o no estos 25 años, el Gobierno sería partidario de que los trabajadores con largas carreras de cotización pudieran elegir de forma voluntaria realizar ese cálculo con toda su vida laboral descartando los peores años de cotización. Así, convivirían los dos sistemas. Si bien, desde el PP abogan por ampliar los 25 años que se tendrán en cuenta para los trabajadores en general.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunció el lunes en Televisión Española que esta ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión de jubilación beneficiará, sobre todo, a aquellos trabajadores mayores que en los años previos a su jubilación se hayan visto afectados por un despido colectivo o se hayan visto obligados a hacerse autónomos. Empleados que, por lo general, cotizaron a la Seguridad Social más al principio o a la mitad de su carrera que al final.
“Estamos pensando que pueda tenerse en cuenta, no los últimos años de cotización, sino incluso poder elegir durante toda la carrera laboral porque mejoraría la pensión futura”, dijo Báñez.
Sin embargo, en una carrera laboral ascendente, en la que se empiece cotizando menos y la situación laboral mejore con los años (algo que suele ocurrir por lo general), tomar toda la vida laboral supondría una merma en la cuantía de la pensión, ya que se tendrían en cuenta las menores cotizaciones de los primeros años de trabajo.
No obstante, se trata de una propuesta a la que le falta mucha concreción, según distintas fuentes parlamentarias y del propio Gobierno. Sí parece que habría consenso entre las fuerzas parlamentarias para que en 2022, a partir de cuando se tendrán en cuenta los últimos 25 años cotizados, seguir aumentando progresivamente ese umbral hasta acercarse a toda la vida laboral.
UGT respondió a la propuesta del Grupo Parlamentario Popular asegurando que no es una solución para “los mayores damnificados por la reforma laboral”. Precisamente ayer este sindicato presentó una campaña de protesta, con un lazo de color marrón, para simbolizar lo que su secretaria de política social, Mari Carmen Barrera, calificó como una “subida de mierda de las pensiones”. Esta campaña arremete contra el índice de revalorización de las pensiones aprobado en 2013 y que fija un mínimo de incremento de estas prestaciones del 0,25%, al menos, mientras la Seguridad Social esté en déficit. Con esta subida, los pensionistas españoles perdieron el pasado año 1,75 puntos de poder adquisitivo, respecto a una inflación media en 2017 del 2%. Por su parte, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, criticó que Báñez haya recurrido a “unas declaraciones extemporáneas en un plató de televisión” para anunciar una medida como esta. “Es una propuesta de telediario que puede degenerar en una especie de teléfono escacharrado”, criticó.
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