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La primera ministra británica, Theresa May, preside su primer consejo de ministros de 2018. REUTERS/Daniel Leal-Olivas/Pool

Diez meses para pactar el 'brexit'... o iniciar la marcha atrás

Bruselas y Londres entran en la fase definitiva de negociación con crecientes dudas sobre el resultado

Arrecia el debate político y jurídico sobre la desactivación o aplazamiento de la salida

El debate sobre la reversibilidad del brexit avanzará en 2018 a pasos tan agigantados como la polémica sobre la salud mental de Donald Trump. En EE. UU., Fire and Fury, el libro de Michael Wolff sobre el actual inquilino de la Casa Blanca, ha puesto de actualidad la enmienda 25 de la Constitución estadounidense, que permite cesar a un presidente si no está en condiciones mentales de ejercer el cargo.

En Europa, la polémica versa sobre la posibilidad de dar marcha atrás al artículo 50 del Tratado de la UE que rige la salida de un socio del club. El debate comunitario es más soterrado y abstruso que el estadounidense. Pero probablemente tendrá consecuencias más inmediatas que el del otro lado del Atlántico, porque la UE y Reino Unido saben que disponen de apenas 10 meses para pactar el brexit... o frenarlo de manera indefinida.

Bruselas y Londres inician este mes la segunda fase de negociación sobre las condiciones de salida del club, un último asalto para evitar una catastrófica ruptura entre el club comunitario y su tercera potencia económica, junto a Alemania y Francia. Las dos partes saben que el tiempo apremia y se rearman para un regateo final que se jugará al filo del precipicio.

La primera ministra británica, Theresa May, ha retocado este lunes su agrietado gobierno, en un desesperado intento por reafirmar su autoridad y rodearse de un equipo proclive a mantener una buena relación con Bruselas.

La UE también tiene previsto afilar su táctica y aprobará el 29 de enero su posición negociadora para una segunda fase que se anuncia mucho más tortuosa que la primera (en la que se pactaron los derechos de los ciudadanos europeos en Reino Unido y viceversa, el método de cálculo de la factura de salida y el mantenimiento de la libre circulación entre Irlanda y la zona británica de la isla).

El objetivo, según Bruselas, es cerrar un acuerdo en octubre de este año para dar tiempo a que el Parlamento Europeo y los países de la UE lo ratifiquen antes de la consumación del brexit el 29 de marzo de 2019.

Solo 10 meses para lograr uno de los pactos más trascendentales en los 60 años de historia de la UE. Un plazo tan apretado como difícil de cumplir dada la frágil posición de May, atrapada entre los euroescépticos de su propio partido y el creciente movimiento a favor de seguir en el club europeo. Y todo un reto para la UE, cuya unidad frente a Londres durante la primera fase de negociación corre el riesgo de resquebrajarse en una segunda fase centrada en el impacto del brexit sector por sector e industria por industria.

Europa no está dispuesta a que Londres frene unilateralmente el 'brexit'

 

Pero en paralelo a la negociación se abre camino el debate sobre la posibilidad de que Londres desactive finalmente el artículo 50 del Tratado europeo. Los autores intelectuales de ese texto (como Jean-Claude Piris, antiguo jefe del servicio jurídico del Consejo Europeo) sostienen que el artículo no impide la retirada unilateral de la petición de salida, que tan solo expresa la intención de un país de abandonar el club.

Pero la clave del desenlace la tienen los políticos. Y entre los 27 socios restantes reina la opinión de que Londres no puede desactivar por su cuenta el artículo 50, una decisión que requeriría el visto bueno de todo el club. De no ser así, argumentan fuentes europeas, Reino Unido o cualquier otro país podría notificar su intención de salir como método de chantaje para arrancar mejores condiciones o como estrategia desestabilizadora con la que maniobrar en Bruselas.

Pero el rechazo de la unilateralidad no implica que se cierre la puerta a la desactivación del brexit. Las capitales europeas no mantienen una posición común sobre ese punto y se dividen entre las partidarias de pasar cuanto antes la página del divorcio, las que aceptarían de muy buen grado una rectificación británica y las que desearían castigar el posible arrepentimiento de Londres con la supresión de alguno de sus privilegios (como el llamado cheque británico o rebaja en la contribución al presupuesto común).

Bruselas, de momento, prefiere aferrarse al escenario previsto, entre otras cosas, para que Londres no pueda explotar los posibles titubeos. "No crean a quienes dicen que [el brexit] no se va a consumar", señalaba este lunes el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. "Nuestra hipótesis de trabajo es que nuestros amigos británicos nos dejarán en 2019", añadía el luxemburgués.

Pero la consumación del brexit es un campo minado que se extiende incluso más allá de la fecha de salida, porque Reino Unido tiene intención de permanecer en la unión aduanera y en el mercado único al menos hasta diciembre de 2020. Un período en el que continuará la incertidumbre sobre el resultado final de un proceso plagado de incógnitas.

Hasta ahora, Reino Unido está en condiciones de recuperar el color tradicional del pasaporte... y poco más

 

Al debate político sobre el artículo 50 se añade un frente judicial en Reino Unido que pone en duda la legalidad de los procedimientos desencadenados por el referéndum del 16 de junio de 2016 sobre el brexit.

Los litigios abiertos en Escocia e Inglaterra apuntan tanto a la presunta falta de mandato parlamentario para negociar la salida de la UE como a la posibilidad de retirar la petición oficial de salida cursada por May el 29 de marzo del año pasado.

Los instigadores de esos pleitos (desde particulares a parlamentarios de varios colores) pretenden frenar o, al menos dilatar, un proceso de divorcio que, en principio, debería consumarse en un plazo máximo de dos años (a contar desde marzo de 2017). Y es probable que al menos uno de los casos (el relativo a la retirada de la notificación) acabe ante el Tribunal de Justicia europeo lo que, paradójicamente, daría a esa institución comunitaria la última palabra sobre uno de los aspectos cruciales del brexit.

El drama alcanzará su cénit a finales de este año, cuando deberá confirmarse el calendario de salida (marzo de 2019) o pactar por unanimidad de los 27 socios una prolongación de las negociaciones con Londres. A 10 meses, todas las posibilidades siguen abiertas... incluida la de que la única consecuencia tangible derivada del brexit sea el cambio de color del pasaporte británico (del burdeos europeo al azul oscuro) anunciado por May como consuelo para los más eurófobos de sus compatriotas.

"Salir de la UE nos ofrece una oportunidad única para restaurar nuestra identidad nacional (...) y por eso me complace mucho anunciar que el pasaporte británico recuperará su icónico diseño en azul y dorado", proclamó con entusiasmo, a finales de diciembre, el secretario británico de Inmigración, Brandon Lewis. El 8 de enero, en la remodelación del Gobierno, perdió el puesto. Los sueños soberanos a veces acaban de manera inesperada.

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