Objetivo en Cataluña: recuperar la confianza entre inversores y empresarios
La demanda rebotará con fuerza si se supera el conflicto político Cataluña debe volver a convertirse en un polo de atracción industrial
Los retos económicos que tiene por delante el nuevo Gobierno de la Generalitat que salga de las elecciones de ayer no tienen nada que ver con los necesarios en cualquier comunidad autónoma, y ni siquiera con los que hasta ahora se habían enfrentado los anteriores Gobiernos de Cataluña. La destrucción de la imagen de Cataluña en los últimos años, concentrada en el trecho temporal de los últimos trimestres, obliga a una recomposición casi completa de los valores en los que se sustenta toda economía madura y respetable, que han sido conculcados y que inversores y empresarios consideran que están en cuarentena: la seguridad jurídica, la confianza mutua y el respeto a los contratos.
De recuperar todos estos activos dependerá el grado de dificultad del resto de los retos económicos, comunes a todo Gobierno responsable en una economía cambiante, competitiva y que lucha por dejar atrás definitivamente a la crisis económica: financiar sus déficits fiscales y sus elevadas deudas, luchar contra el paro, mejorar los servicios públicos y atraer la inversión corporativa y de los particulares.
Todos estos fueron desplazados a segundo plano en esta borrascosa legislatura que culmina ahora por la deriva soberanista que decidió atropellar todas las leyes, y ahora tienen un mayor grado de dificultad. Las finanzas catalanas se han deteriorado (pese a estar cerca del equilibrio fiscal este año) y solo son sostenibles por el socorro prestado por el Estado; todos los servicios públicos se han deteriorado; la atracción de inversión es mucho más complicada, y hasta el gasto en consumo de nativos y visitantes se ha contraído por las dudas que sobre la continuidad de Cataluña en la zona euro se han desatado con el procés.
La inversión extranjera en Cataluña ha descendido más del 37% entre enero y septiembre, y un 75% en el tercer trimestre sobre el mismo periodo de 2016 (nada menos que 1.550 millones de euros menos), y ha ocasionado un descenso trimestral en el conjunto del territorio nacional y un aplanamiento de las inversiones en los nueve primeros meses. Cataluña tiene una economía sectorialmente muy equilibrada, con presencia muy poderosa tanto de los servicios como de la industria manufacturera, y hasta ahora acaparaba el segundo lugar como polo de atracción de inversión exteriores en España, tras Madrid; pero ahora ha pasado a ser la tercera (con la cuarta parte de volumen inversión que el que recala en Madrid), también tras el País Vasco; y muchos proyectos destinados inicialmente a Cataluña, tanto de nueva planta como de ampliación de inversiones en marcha, están en modo de espera hasta conocer qué rumbo toma la política.
Si la orientación de las decisiones del nuevo Gobierno son de respeto a las leyes y orillan el soberanismo unilateral, tales proyectos pueden continuar en Cataluña. Pero si la nueva Administración insiste en la vulneración de las leyes y en la promoción del conflicto político y laboral, como en los pasados meses en los que se convocaban sin sonrojo “paros de país”, tales inversiones en espera se alojarán en otras partes de España en el mejor de los casos; en el peor, se localizarán en Polonia, Marruecos, Italia o Latinoamérica, pero nunca en Cataluña.
Y de tales proyectos depende buena parte del empleo, el nivel de renta y los ingresos públicos de Cataluña (y España). Como dependen también de la vuelta de una parte o todo el colectivo de 3.120 empresas que han sacado su sede social (y más de un tercio también la fiscal) de Cataluña desde el referéndum ilegal del primero de octubre, que culminó con la declaración de independencia y la destitución del Gobierno catalán y la convocatoria electoral con una herramienta como el artículo 155 de la Constitución.
Buena parte de estas empresas no volverán a Cataluña, puesto que el fantasma del independentismo seguirá ahí, aunque sea durmiente por incapacidad electoral. Pero tiene que convertirse en objetivo número uno la vuelta de la mayor cantidad posible de compañías, y evitar fiascos como el de la Agencia Europea del Medicamento, que descartó la opción de Barcelona, pese a concentrar Cataluña uno de los focos de la industria farmacéutica y biomédica más importantes de Europa, por el conflicto político abierto.
Dar estabilidad y certidumbre supone recomponer las variables básicas de la actividad lentamente, en una región que tiene tasas de paro mejores que la media y unas finanzas públicas reconducidas, aunque sea por el activismo del Fondo de Liquidez Autonómico. Este año cumplirá con el objetivo del déficit (0,6% del PIB) y ahora tiene las cuentas en superávit puntual, por vez primera en 20 años.
La actividad turística, dañada por el procés, y la pérdida de pulso de la demanda doméstica, que se resiente siempre que hay conflicto social y poca visibilidad en el horizonte, ejercerán un rebote automático si se sosiega la situación. Si no lo hace, la herida se reabrirá y el daño se intensificará, con una nueva avalancha de empresas que buscarán en otras latitudes la seguridad jurídica y la paz social.
La vuelta de las 3.120 empresas
Frenar la huida y estimular el regreso. Ese es el primero y principal de los desafíos del nuevo Gobierno de la Generalitat. La desconfianza y la inseguridad jurídica ha sacado de Cataluña la sede social de 3.120 empresas en los tres últimos meses, así como la fiscal de una tercera parte de ellas. Frenar la sangría y atraer a las profusas ya sería un éxito.
Recuperar la confianza de los inversores industriales es otro objetivo irrenunciable para que Cataluña vuelva a ser una de las regiones más pujantes de España. Este año se ha desplomado la apuesta de la inversión extranjera en Cataluña, desplazada incluso en el ranking por Madrid y País Vasco.