Cataluña exige rigor y flexibilidad a sus dirigentes
Tiene que volver el diálogo. La economía no soportará otra embestida del secesionismo, ni la sociedad otra violación de la convivencia
Las elecciones autonómicas celebradas en Cataluña llevan el sello de la mayor participación ciudadana de la historia democrática en la comunidad, con una afluencia de votantes del 82%, lo que las convierte en la mejor expresión de las inquietudes políticas de los catalanes. Y lo hacen precisamente cuando su opinión era más exigida que nunca, cuando se trataba de deshacer el nudo de la paralización y la confrontación generado por la deriva soberanista iniciada hace una decena de años y culminada en octubre pasado con la declaración de una república catalana independiente del Estado español.
Los catalanes se han sentido plenamente concernidos por los acontecimientos y, en uno de los actos cívicos más contundentes que se recuerdan, han dicho colectivamente por qué camino debe deambular su futuro; la inmensa mayoría de los votantes ha vencido la tradicional pasividad electoral (la participación escasamente superaba el 50% tradicionalmente) que dejaba en manos de los nacionalistas la gestión pública, para dejar claro que Cataluña es mucho más plural de lo que el escenario político de los últimos años ha mostrado, y que quieren que su decisión se tome en su justa cuenta. Tras los desagradables shocks electorales del brexit y la victoria de Trump en Estados Unidos, los ciudadanos de Cataluña han tomado su futuro entre las manos y no lo han dejado en las de los sectores políticamente más activistas y más radicales.
Pero los resultados dicen que estamos donde estábamos: mayoría ajustada de independentistas, aunque, como en 2015, con menos del 50% de los sufragios. Pero las lecciones aprendidas de la gestión soberanista de los dos últimos años exigen una rectificación de sus políticas y otra manera de hacer política en Cataluña. La huida hacia adelante de los independentistas arroja una hoja de servicios desoladora: llegó a convertir a la mitad de los moradores de Cataluña en extranjeros en su propia tierra de un día para otro; provocó una descomunal fractura social entre la gente e inició una lenta devastación de las fuentes de riqueza de una de las regiones más prósperas y cultas de España. Las empresas comenzaron una huida desesperada por ponerse a salvo de la arbitrariedad de unos políticos que hacían abstracción de realidades tales como que quedaban fuera de la Unión Europea y de la protección del BCE, y que ponían en almoneda los ahorros, los empleos y las expectativas de centenares de miles de personas en nombre de una quimera política basada en falsedades. Una ensoñación que pisoteaba las leyes que les han gobernado durante los 40 años de mayor progreso de su historia, y que ha culminado, como no podía ser de otra forma, con la destitución del Govern y el gobierno excepcional de Rajoy en la Generalitat.
Los líderes políticos que han peleado en esta agotada campaña electoral son plenamente conscientes, más allá de lo que hayan dicho o dejado de decir, de que Cataluña no puede seguir por el mismo camino. El soberanismo puede seguir deseando la secesión, pero a sabiendas de que el daño que generaría sería de tal magnitud, que debe ser orillado para buscar otra alternativa. Y los políticos constitucionalistas, que no han evitado la victoria de los independentistas pese a haber movilizado como nunca antes a Cataluña, deben admitir que hay que buscar una relación de España con Cataluña que sea útil a todo el territorio.
La economía no soportará otra embestida del secesionismo como la de los últimos meses, porque lo que hasta ahora ha sido abandono de las sedes sociales de Cataluña por parte de las empresas sería salida definitiva de sus plantas de producción, que colocaría a la región en una situación de auténtica pobreza. Y la sociedad tampoco soportará otra violación de su convivencia que terminaría en algo peor que tensión social.
Por tanto, del Parlament tiene que salir otra manera de gobernar Cataluña, en la que el frentismo desaparezca de las instituciones y se busquen soluciones mixtas que neutralicen las convicciones más radicales de cada parte. La economía catalana está a tiempo de recomponerse y de salvar a una economía española que muestra los mejores desempeños de Europa tras superar una crisis de una profundidad desconocida en el continente.
El diálogo sin condiciones debe ser el instrumento que busque un nuevo norte en la política catalana, con el único veto a los experimentos sectarios que en los últimos meses se han mostrado divisivos socialmente y empobrecedores económicamente. Hay caminos por los que transitar para satisfacer las ambiciones de la mayoría de los catalanes, precisamente aquellos en los que pueden circular los anhelos comunes y no los excluyentes. Es responsabilidad de los políticos que han llenado sus bocas de democracia durante la campaña poner en práctica el sentido común y la responsabilidad que exigen momentos complicados como estos.