Cómo frena la crisis en Cataluña el motor económico: turismo y ladrillo
Los buenos datos dejados por los turistas comienzan a resentirse El mercado inmobiliario mira con preocupación un freno en la inversión
La economía catalana representa el 19% del PIB de España. El empuje del movimiento independentista en Cataluña, visibilizado en el referéndum del pasado 1 de octubre y en la futurible declaración unilateral de independencia, ha llevado a la autonomía a cruzar la línea roja que nadie esperaba. El pulso por separarse de España se ha hecho realidad y el impacto que puede tener en la economía estatal se ha hecho visible en las últimas semanas.
El Ejecutivo se ha visto obligado a revisar a la baja las previsiones de crecimiento del PIB para 2018 que remite anualmente a Bruselas, con un ajuste de tres décimas (del 2,6% al 2,3%). Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advierte en su último informe de que el coste para la economía española, en el caso de que el conflicto se prolongue a lo largo de 2018 –una hipótesis para nada descartable a medio plazo– podría llegar a los 12.000 millones. Este sería el escenario más pesimista, aunque el más conservador fija un ajuste de tres o cuatro décimas, las que ha recortado el Ejecutivo de sus últimas previsiones.
En su último informe, el organismo presidido por José Luis Escrivá calcula que cada punto de caída de la actividad económica en Cataluña detraería 0,2 puntos adicionales al crecimiento en el conjunto de España. Además, una caída del empleo en Cataluña del 1% supondría una disminución del 0,17% para el resto de España. Pero no solo tendría impacto en el PIB y el empleo, sino en el déficit y en la senda de estabilidad presupuestaria pactada con Bruselas. Para 2018, el Ejecutivo español se ha comprometido a bajar la diferencia negativa entre gastos e ingresos al 2,3% del PIB, mientras que la Airef calcula que podría elevarse incluso al 2,7%, si persiste la incertidumbre. Rafael Pampillón, director de Análisis Económico del IE Business School, considera que se va a producir una emigración de la economía catalana a otras autonomías. “Las empresas ya han trasladado su sede social y posteriormente harán lo mismo con los centros de producción, los de I+D o la sede fiscal”, apunta. En su opinión, ese proceso será lento y tendrá como consecuencia una desaceleración en España.
Por su mayor trascendencia en el PIB, el tejido productivo y el empleo, los dos sectores que más se resentirían con el proceso soberanista serían el turismo y el inmobiliario. Cataluña es la autonomía que más turistas recibe en España. En 2016 llegaron 18,13 millones de viajeros extranjeros (un 24% del total) y gastaron 17.466 millones de euros (un 22,5% del total). José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo del lobby turístico Exceltur, formado por 21 de las mayores empresas del sector, apunta que el turismo en Cataluña ha estado sometido a cuatro eventos en los últimos meses: los ataques y el rechazo al turismo masivo, la huelga en el aeropuerto de El Prat, el doble atentado terrorista de agosto y el movimiento soberanista. En su opinión es la suma de los cuatro, aunque especialmente el último, el que ha generado un clima de inseguridad que está lastrando al principal motor de la economía catalana.
Una encuesta realizada por Exceltur revela que la actividad desde el 1-0, fecha en la que se celebró el referéndum, cayó un 15% y que las reservas de cara al último trimestre han bajado un 20% respecto al mismo período de 2016. Este último dato supondría una merma de 1.200 millones de euros entre octubre y diciembre. Pero si la tensión se acrecienta, el ajuste podría llegar al 30% y las pérdidas ampliarse hasta los 1.800 millones. Estos recortes tendrían su reflejo directo en el empleo en la comunidad autónoma. El turismo emplea de forma directa o indirecta a 405.000 personas en Cataluña, el 12,6% de la población activa, y una pérdida de actividad tendría un efecto directo en términos de destrucción de empleo. Fuentes empresariales calculan que podría producirse un ajuste laboral del 5% entre octubre y diciembre, en torno a 20.000 empleos, que afectaría fundamentalmente al grueso de temporales, que suman 120.000 personas.
El otro sector que está pendiente de Cataluña es el inmobiliario. En los últimos meses, el mercado de Barcelona, tanto en residencial como en activos terciarios, estaba más de moda que nunca. El volumen de inversiones en oficinas, retail y logística alcanzado en los tres primeros trimestres se encuentra en los 1.300 millones (sin incluir el impacto residencial), a niveles similares que el año anterior, según datos de JLL. Solo en oficinas, las inversiones han crecido un 40% respecto al mismo periodo del año anterior, con datos de esta consultora especializada.
Pero todos los semáforos se han puesto ahora en ámbar. Hay miedo de que esa bonanza, ahora que este económico motor había vuelto a repuntar tras años de crisis sin igual, vuelva a pararse. “Los inversores están pendientes de qué sucede con la situación catalana. De momento no vemos un impacto importante, pero sí consultas, sobre todo, de nuestros clientes internaciones”, señala Sandra Daza, directora general de la tasadora y consultora Gesvalt.
Esta experta revela que en la última feria inmobiliaria Expo Real, celebrada en Múnich (Alemania) y una de las mayores a nivel europeo con presencia de banca e inversores, todas las consultas iban en el mismo sentido: ¿qué pasa en Cataluña? “No había nadie que no preguntara por la situación catalana. Quieren saber qué va a ocurrir y cómo puede afectar tanto en sus inversiones como en la valoración de los activos”, apunta Daza.
El sector residencial también mira de reojo el conflicto. Barcelona, junto a Madrid, se ha convertido en el motor de la obra nueva que se recupera tras una década de parón. Pero si el crecimiento en Cataluña se frena, las inmobiliarias buscarán un plan B, de diversificación de su cartera. Aedas Homes, que debutó en Bolsa este viernes, ya reconocía el riesgo político para su actividad en esa comunidad.
De momento, es complicado conocer cómo va a afectar este conflicto al sector. Todavía es demasiado pronto para saber cómo está influyendo sobre las operaciones. Aunque Daza explica bien la situación: “No hay rechazo de las transacciones. Están esperando. Dejan las inversiones en standby”. Moody’s ya alertó a principios de octubre que socimis como Merlin y Colonial podían verse afectadas de forma negativa, fundamentalmente porque caiga el valor de su cartera en Cataluña o porque se frenen las rentas que cobran por alquileres.
En principio, señala Daza, los más preocupados con la situación son los grandes fondos institucionales –los más conservadores–. Pero los expertos también recuerdan que, en periodo de incertidumbre, los fondos oportunistas pueden buscar oportunidades si los precios caen o las operaciones se paralizan por falta de inversores, como ya ha estado pasando en plena crisis del ladrillo.
Otro de los escenarios que previsiblemente paralizarán las inversiones durante varios meses es la convocatoria de unas elecciones catalanas que resuelvan el conflicto, señalan los expertos consultados, porque hasta que no se conozca el nuevo marco político, difícilmente nadie apostará por nuevas operaciones.
