El Gobierno toma el control de 300 millones al mes que gestionaba la Generalitat

Rajoy ha pedido que “no se vayan más empresas ni depósitos porque esto se va a arreglar sin más daño”

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Gente andando en la puerta del Parlamento catalán. Getty Images

Salvo marcha atrás de última hora, Cataluña tiene solo cinco días antes de entrar en el terreno inexplorado de la intervención de un Gobierno autonómico. Una medida que, en el plano económico, supondrá el cambio no solo de las decisiones ejecutivas, que pasarán a tomarse desde Madrid, según lo publicado el sábado, sino también de los flujos financieros. Estos están bajo el control mayoritario de Hacienda desde el 15 de septiembre, cuando Cristóbal Montoro firmó el acuerdo por el que Hacienda no liquidaría a la Generalitat las transferencias pactadas en el sistema de financiación para evitar que se gastasen en el referéndum del 1-O.

La medida se prorrogó después de la consulta, de modo que la Agencia Tributaria se ha estado encargando de los pagos de forma directa, es decir, abonando sin pasar por la Generalitat los importes correspondientes a proveedores y acreedores (por la vía directa o, principalmente, por el FLA) y las nóminas de 170.000 funcionarios públicos (de sanidad, educación). De este modo, Hacienda dejó de transferir a la Generalitat unos 1.400 millones al mes. La intervención total del Govern supondrá que las cantidades que aún gestionaba la Generalitat estarán controladas por el Estado. Según el presupuesto de 2016 de la Generalitat, los impuestos cedidos completamente (por lo que la Generalitat los gestiona y los cobra) y los impuestos propios (sucesiones, donaciones, patrimonio, tasas y actividades jurídicas y transmisiones patrimoniales) aplicados por el Govern suman unos 300 millones al mes (3.700 millones en el año ), si bien Cristóbal Montoro cifró este montante en torno a los 250 millones mensuales.

Estos ingresos, a partir de ahora, estarán en manos del Gobierno central que, además, tendrá en sus manos todas las competencias de la Generalitat, incluidas las económicas, si se aplica el citado artículo 155

  • Competencia 

El Gobierno, tal y como detalló el sábado el propio Rajoy, ejercerá las competencias necesarias en economía, finanzas, tributos y presupuestos. El objetivo es garantizar la prestación de los servicios públicos, la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera “en beneficio del interés general”.
Asimismo, se adoptarán medidas que permitan garantizar que los fondos que se transfieran a Cataluña, así como los ingresos que recaude, “no se destinen a actividades o fines vinculados o relacionados con el proceso secesionista” o que “contravengan las medidas” aprobadas por el Consejo de Ministros. Una sospecha en la que se amparó el pasado 15 de septiembre para intervenir las cuentas, en lo que fue una precuela del 155.

El presidente del Gobierno justificó el sábado la aplicación de estas medidas por, entre otras cosas, el clima de desconfianza y el riesgo de disminución del crecimiento económico generado en las últimas semanas. Rajoy recordó que cientos de empresas han trasladado su domicilio social fuera de Cataluña. Entre otras, seis de las siete empresas que cotizan en el Ibex 35  (Gas Natural, CaixaBank, Colonial, Sabadell, Abertis y Cellnexy un gran número de compañías relevantes por su tamaño, tradición y arraigo social (Cementos Molins, Catalana de Occidente, Planeta, Pastas Gallo o la dueña de Cola Cao). Pidió que “no se vayan más empresas ni depósitos de Cataluña porque esto se arreglará y sin más daño para nadie”.

La patronal catalana Pimec asegura que unas 1.300 compañías se han marchado de Cataluña, el 1% del tejido de pequeñas y medianas empresas se han llevado la sede social. Esta situación no se vivía desde la primera etapa del franquismo en la que cientos de bancos y empresas se trasladaron y se limitó la operativa de la Bolsa de Barcelona. 

Con la aplicación del 155, el Ejecutivo de Madrid tendrá el control total de la Administración autonómica. Podrá “dictar y adoptar disposiciones, actos o instrucciones necesarias para el ejercicio de las competencias”. Sus órdenes serán de obligado cumplimiento para todos los funcionarios o empleados de la Generalitat y, de hecho, tendrá la capacidad de nombramientos, cese o sustitución temporal de las funciones correspondientes de cualquier autoridad, cargos públicos y personal de la Generalitat. En caso de incumplimiento de las disposiciones o actos dictados por el órgano designado por el Gobierno español, se incurrirá en responsabilidad disciplinaria.

  • Causas 

“El proceso soberanista ha generado una amplia desconfianza en los agentes económicos, que además del traslado de sedes sociales y y fiscales ha desincentivado las inversiones”, recalcó Rajoy. Igualmente ha desmotivado al turismo, según los datos de reservas hoteleras, si bien la tensión política que disuade a los visitantes parece poco probable que se disipe.

Además, dos de las principales agencias de rating alertan sobre la posible bajada de la calificación de la Generalitat, actualmente en bono basura y que está respaldada por el Tesoro.

El presidente del Gobierno también recordó que las pretensiones independentistas supondrían el abandono de la UE y la salida de la Organización Mundial del Comercio, pasando a ser un país tercero a efectos comerciales, al que se aplicarían aranceles y controles aduaneros en la frontera. Todo ello supondría una pérdida de competitividad y crecimiento en un territorio donde la actividad exterior supone el 70% del PIB.

Desde el punto de vista financiero, el principal riesgo asociado a la independencia será la salida inmediata de la Unión Económica y Monetaria y de sus facilidades, en concreto, los beneficios del Banco Central Europeo. Un riesgo que ya ha forzado la reubicación de varias entidades de crédito, movimiento al que también ha contribuido la salida de fondos por parte de depositantes.

El riesgo de aislamiento en los mercados de capitales llevaría, según los cálculos de la Administración, a un empobrecimiento del territorio del 25% al 30%, una coyuntura insostenible según el presidente del Gobierno: “Esta situación no es deseable para un territorio y una sociedad que forman parte de España y que el Estado tiene el deber de proteger”.

El Govern dice que no baraja las elecciones

Generalitat. El conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, ha afirmado que en estos momentos “no está sobre la mesa” que Puigdemont convoque elecciones, pese a que ello suponga la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, ha advertido de que “ante el fascismo no valen concesiones” y ha llamado a defender la república porque “ya no es solo una opción, sino una absoluta necesidad de supervivencia”.

 Ejecutivo. El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha dicho que el Gobierno sigue “estrictamente las cláusulas de la Constitución” a fin de “restaurar la normalidad y la unidad por el bien de todos los catalanes”. “Un golpe de Estado es lo que han hecho Puigdemont y su Gobierno”. Sobre las imágenes de la intervención de la policía española durante la consulta del pasado día 1, “se ha demostrado que muchas de ellas fueron falsas”.

PSOE. Pedro Sánchez ha asegurado que el problema de Cataluña no es España, sino sus malos gobernantes, “aquellos que hacen de la división social, de la confrontación territorial y de la ilegalidad la forma de hacer política. Si el 155 se activa dependerá de la decisión última de Puigdemont”. “Nunca ha habido en la historia política de España, y singularmente de Cataluña, un autogobierno tan intenso y profundo” como el que ha reconocido la Constitución de 1978.

Europa. Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, ha afirmado que “ningún país europeo pretende reconocer Cataluña como un Estado independiente” y ha alertado sobre las “pequeñas patrias”, que ha considerado “restos del pasado”.

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