Más de 40 reclamaciones de inversores piden a Europa anular la resolución de Popular
Grandes fondos presentan recursos judiciales "por la violación del secreto profesional" y los errores en la decisión de resolución También incluyen la excesiva precipitación de la CE al aprobar la decisión de la JUR
Los bonistas y accionistas (más de 300.000) que perdieron todo su dinero el pasado 7 de junio tras la resolución de Banco Popular y buscan la anulación de esa operación tenían de plazo hasta ayer, 17 de agosto, para apelar ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), con sede en Luxemburgo esta decisión.
Fuentes jurídicas mantienen que hasta media tarde de ayer ya se habían presentado en el tribunal europeo más de 40 reclamaciones solicitando la anulación de este proceso, y se esperaban aún algunas más.
Inicialmente hay un plazo de dos meses para interponer los recursos ante el TGUE, fecha que finalizó el pasado 7 de agosto, sin embargo, se prorroga en 10 días la fecha por razón de distancia, es decir, si la solicitud proviene de fuera de Bruselas.
Más amplio es el plazo para interponer recursos ante la Audiencia Nacional, que también da un plazo de dos meses, aunque en este caso la fecha límite es el 7 de septiembre, puesto que en España agosto se considera inhábil en materia judicial.
Ayer, precisamente, la firma de abogados estadounidense Quinn Emanuel, en representación de tres grandes fondos de inversión internacionales tenedores de bonos de Banco Popular comunicó que había presentado dos recursos legales, contra la Junta Única de Resolución (JUR) y contra la Comisión Europea, por el mecanismo de resolución adoptado y que supuso la venta de Popular a Banco Santander por un euro.
Esta es la primera demanda de bonistas de Popular en contra de la decisión de la JUR.
Según indicó el propio bufete, el grupo de bonistas, que incluye a Anchorage Capital, Algebris y Ronit Capital, argumenta que la JUR violó el secreto profesional y cometió errores al resolver el banco, y considera que el Ejecutivo comunitario actuó con “excesiva precipitación” al aprobar la decisión de la Junta.
Fuera de las demandas presentadas por estos tres grupos de bonistas está Pimco – inicialmente el líder de esta iniciativa y representado también por Quinn Emanuel–, y que junto a Anchorage Capital, Algebris y Ronit Capital, perdieron 850 millones de euros con la resolución de la JUR. “Mancomunadamente eran tenedores de una parte significativa de los bonos emitidos” por Popular, señala un comunicado del despacho de abogados que les representa.
Parece que Pimco, el mayor fondo de renta fija internacinal, ha optado por no firmar estos recursos presentados. Pese a ello, no se descarta que lleve a cabo otras demandas en España, Irlanda o Estados Unidos. Estos fondos, de hecho, estudian presentar una demanda en la Audiencia Nacional contra el FROB, el ejecutor en España de la decisión de Bruselas de intervenir y vender Popular, tras valorar sus títulos a cero euros.
Según Richard East, abogado de Quinn Emanuel, “la violación del secreto profesional por parte de la JUR, que incluye también comentarios públicos de que “se estaba vigilando a Banco Popular”, socavó la confianza de los inversores e intensificó una fuga de depósitos.
El comunicado del despacho de abogados mantiene que “irónicamente fue esta formidable fuga de liquidez de Popular la que se emplea posteriormente por la propia JUR para justificar su intervención en el banco”. Los documentos del recurso destacan en particular la infracción del secreto profesional por parte de Elke König, presidenta de la JUR el 23 de mayo cuando afirmó a Bloomberg: “por supuesto, Banco Popular es también uno de los casos que estamos siguiendo de cerca”. Estas declaraciones se vieron agravadas posteriormente con los comentarios de un funcionario de la UE, filtrados el 31 de mayo en relación a la emisión de un early warning (aviso) sobre la entidad que entonces presidía Emilio Saracho, añade la nota.
Tras las afirmaciones realizadas por la JUR, recuerda el comunicado, Banco Popular sufrió “una dramática caída del 50% en el precio de sus acciones, así como una aceleración en las salidas de depósitos”.
Richard East añade que “tras su decisión y, a pesar de las repetidas y razonables peticiones realizadas, la Junta Única de Resolución ha demostrado tener una falta total de transparencia, ocultando o reteniendo documentos cruciales como el informe de Deloitte, entre otros”. Este informe dio a Popular una valoración negativa de entre 8.200 y 2.000 millones, y una positiva de 1.300 millones, aunque eta última cifra no se ha comunicado oficialmente. Cuando se intervinó Popular su cotización en Bolsa ascendía a 1.300 millones de euros.
En cuanto al recurso contra la Comisión, subraya su “incapacidad” para evaluar el mecanismo de resolución de la Junta. La firma de abogados considera insuficiente el tiempo dedicado a la evaluación, que duró un máximo de 77 minutos según los registros de la CE, y estima que esta “parece infringir su obligación legal de llevar a cabo una valoración y un análisis adecuado y satisfactorio sobre la decisión de la JUR”.
Otras demandas contra la JUR
Entre los pequeños y grandes accionistas que ya han recurrido a instancias europeas destaca Aemec (Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas), representados por el bufete Cremades y Calvo Sotelo, que aúna a 4.000 afectados y solicita la devolución de 1,85 euros por título.
También se ha unido a está iniciativa de pedir la anulación de la resolución el despacho Rúa Abogados, mientras Navas & Cusí anunció su intención de acudir.
El bufete Cremades Asociados ya presentó el 7 de agosto un recurso con tres acciones ante el Tribunal de Justicia europeo. En este recurso solicitaba la anulación de la resolución de Popular (que supondría la devolución de los títulos a accionistas y bonistas).
Entre los grandes accionistas que han comunicado que han reclamado la decisión de la JUR está el magnate mexicano Antonio del Valle, que sumaba el 4% del capital de Popular, y la Sindicatura de Accionistas, que controlaba el 9,6%. También anunciaron que acudirían al Tribunal de Luxemburgo la familia chilena Luksic, que sumaba el 3,4% de Popular, y la gestora Pimco, aunque ha cambiado de estrategia.
En el marco de la intervención se aniquilaron los 1.300 millones del valor en Bolsa de Popular y unos 1.900 millones de euros de bonos subordinados y convertibles.
