Llega la negociación salarial asimétrica

Los convenios deben priorizar el empleo sobre el sueldo y ceñirse al desempeño de cada empresa

Cláusula de garantía salarial en convenios colectivos sectoriales Ampliar foto

La mitad de las patronales sectoriales y sus contrapartes sindicales no han esperado al otoño para pactar unas condiciones laborales para sus empresas y sus trabajadores que deberían estar tasadas el primero de enero pasado. No han esperado a que las cúpulas confederales empresariales y sindicales les digan lo que tienen que hacer con algo que ellos conocen mucho mejor, y han cerrado sus convenios de una manera que consideran ajustada a las condiciones de sus empresas. En una preocupante y cada vez más común inversión de los papeles, son los sindicatos y patronales de rama los que terminan diciendo a sus jefes lo que tienen que hacer, dejando como figuras de cera a las politizadas estructuras cupulares y a sus liderazgos.

Con la firma del pacto salarial de la construcción (subida del 1,9% en una actividad que no es ni sombra de lo que fue y que difícilmente puede marcar el pretendido liderazgo retributivo que se atribuye) ya hay seis millones de trabajadores con sus relaciones industriales reguladas y sus nóminas actualizadas. Y curiosamente parecen coincidir en que los salarios pueden subir entre un 1% y un 2%. Solo quedan otros cuatro millones de trabajadores pendientes de sus convenios a los que las cúpulas de UGT, CC OO y CEOE les han prometido protección desde hace 12 meses con un pacto nacional que no acaba de llegar, y hoy es ya 27 de julio. A esta velocidad, es aconsejable comenzar a hablar del pacto de 2018 o 2019.

Desde luego tiene poco sentido quemar energías para el de 2017 cuando cada comité y cada empresa han dado cuenta de él ateniéndose a las condiciones de sus negocios, en una práctica negociadora asimétrica que terminará imponiéndose porque no hay dos empresas iguales, y no hay dos actividades iguales como para encorsetarlas en un acuerdo común. En muchos casos, han sido los propios convenios nacionales o de sector impuestos los que han estresado la competitividad de muchas compañías, minando su desempeño, reduciendo su empleo y en muchos casos finiquitando su trayectoria. Cada vez más los acuerdos sectoriales deberían ir perdiendo peso en beneficio de los pactos de empresa, tal como la propia reforma laboral pretendía. Pero de persistir, deberían establecer mecanismos más flexibles de adaptación de las compañías para no tener que hacer frente a costes y condiciones muchas veces inasumibles. Una especie de pactos sectoriales con posibilidad de adaptación en las empresas; una suerte de traje para todos, pero con distintos tallajes y colores.

Los sindicatos han hecho causa última de la existencia de su pequeña cuota de poder la supervivencia de los pactos sectoriales, regionales y provinciales, con la connivencia necesaria de añejas patronales aferradas a un modelo de relaciones laborales del tardoverticalismo autárquico. Han descuidado, aquellos y estas, la razón de una existencia duradera y han perdido afiliados aquellos y la confianza del nuevo empresariado estas, porque han perdido la utilidad que se les suponía. Consecuencia inevitable ha sido la concentración orgánica de sindicatos de trabajadores y de patronos para superar penurias financieras sobrevenidas con la crisis, el recorte de subvenciones públicas.

La negociación colectiva no desaparecerá porque el recorrido deseable de los acuerdos de empresa será limitado, dado que la implantación de la gran empresa en la economía española es limitada, y hasta las normas laborales y fiscales obstaculizan su crecimiento. Pero al igual que la función de sindicatos y patronales tiene que resetearse en un ingente campo de posibilidades, la estructura de los convenios y sus contenidos deben revisarse para convertirse en instrumentos útiles de unos y de otros, y que pongan por norte la generación de empleo, que sigue siendo, o debería seguir siendo, el primer objetivo económico nacional.

Las relaciones industriales deben seguir manteniendo la tensión en los salarios, porque la ganancia de competitividad que ha experimentado la economía española y que supone el auténtico cambio de modelo productivo (hoy se exporta el 33% del PIB y hace diez años solo el 22%, y puede convertirse en estructural el superávit corriente) solo se preservará controlando los costes. Las cuotas de comercio exterior se ganan milésima a milésima produciendo con más calidad que los competidores y con costes más ajustados que los de los competidores. La economía es una bicicleta de piñón fijo en la que si se deja de pedalear se para. Por tanto, una conjunción de ambas cosas aconseja primero el empleo y después los salarios, porque sin el primero huelga el segundo.

El futuro de las rentas del trabajo no puede ser como su pasado. Si en los ochenta se utilizaban para combatir la inflación con objetivos exigentes, hoy parece un fenómeno cuasi desterrado al que las cláusulas de revisión solo pueden reanimarlo. Ni la intensidad de la fuerza laboral tiene tanta presencia en la producción y la formación de precios, ni la inflación es preocupante. La mayor parte de los inputs son tecnología, equipamiento, logística y materias primas, pero el coste laboral ha perdido jerarquía pese a la creciente la tasa de asalarización.

Y la inflación no parece que vaya a levantar cabeza pese a los esfuerzos expansivos de los bancos centrales, porque las fuerzas de la deflación, o al menos de la desinflación, son muy poderosas: tecnología, economía colaborativa, envejecimiento, onda expansiva del low cost chino, exuberancia de fuentes energéticas y costes financieros próximos a cero.

Por todo ello, los salarios deben ceñirse a la productividad del factor trabajo y dejar margen para la inversión y la remuneración del resto de los factores productivos, para poder mantener la capacidad de crecimiento de cada empresa y su generación de empleo. Esa debe ser la única referencia, en vez de correr detrás de los precios, una práctica pretérita que la crisis ha terminado por sentenciar. De los seis millones de trabajadores que tienen ya firmado el convenio, solo 1,1 millones, el 21%, tienen mecanismos de corrección de los salarios si hay desviación de los precios.

Sin perder de vista la asimetría obligada de los convenios, España ofrece campo de acción a los agentes sociales y económicos, que bien podrían buscar un gran pacto nacional que, como alguna vez modestamente en el pasado, preserve el crecimiento económico, cuide el empleo y lime las aristas de la desigualdad. Y para ello, el alcance del compromiso debe traspasar los salarios y llegar a la fiscalidad y a su destino, sobre todo las pensiones y la formación para una economía en continuo cambio hacia la digitalización. Pero de eso hablaremos otro día.

José Antonio Vega es adjunto al director de Cinco Días

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