Las autonomías rebajan su adicción a la liquidez estatal con 3.600 millones en bonos
Madrid, Asturias País Vasco, Castilla y León y Navarra se sacuden la dependencia del Fondo de Liquidez Los expertos prevén que las regiones vuelvan a financiarse por sí mismas
La sequedad absoluta que selló el mercado autonómico de deuda en julio de 2012 llevó al Estado a inyectar en las regiones que lo necesitaran el dinero para afrontar sus gastos. El ministerio que dirige Cristóbal Montoro fue el ideólogo y el proveedor de la liquidez. Hasta entonces, las regiones salían a vender sus bonos entre inversores institucionales para financiar sus respectivos déficits. Además, firmaban créditos con entidades financieras.
Madrid, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Murcia, Extremadura, Galicia, Castilla y León, Madrid, Navarra y, especialmente, Cataluña recurrieron incluso a la venta de bonos entre pequeños inversores con tipos de interés hasta del 5,5% anual y vencimientos máximos de 20 años.
El disparate de pagar esos precios, cuando el Estado se financió de media al 3% en 2012, no podía tolerarse. Ymás cuando el pago de intereses solo de la deuda soberana supusieron ese año unos 27.000 millones de euros, equivalentes al 8,6% del presupuesto de gasto previsto para ese ejercicio.
Las comunidades autónomas han recibido desde que se puso en marcha el mecanismo unos 215.000 millones de euros a través de alguno de los fondos estatales para prestarles dinero. Ya sea el Fondo de Liquidez Autonómico, para las regiones que incumplen el déficit impuesto por el Estado, fijado en el 0,6% del PIB este año, y que han pactado unas determinadas medidas de ajuste. El Estado cobra por esta liquidez el tipo medio de la deuda soberana a un plazo similar. Las autonomías cumplidoras pueden adherirse a la Facilidad Financiera. Estas no tienen deberes puesto que cumplen con el déficit y no pagan recargo por la liquidez.
Cataluña usa una empresa para el primario
La Generalitat tiene cerrado el mercado primario desde 2009, cuando realizó sus últimas emisiones entre inversores institucionales. Pero algunos inversores demandan pagarés del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), equivalente al Instituto de Crédito Oficial (ICO) estatal. La rentabilidad oscila entre el 0,2% de los que expiran en tres meses al 1% de los que vencen en dos años, a años luz de los tipos negativos a esos plazos del 0,5% y del 0,04%, respectivamente.
“No se esperan cambios sustanciales en las financiaciones autonómicas; las regiones que están en el FLA no se van a ir ahora. Pero por la idiosincrasia autonomista de España es de prever que las comunidades retomen su propia financiación”, señala Federico Silva, director de renta fija de BEKA Finance. Desde finales de 2015, la deuda autonómica, salvo la que está calificada por debajo del grado de inversión de forma unánime, como la catalana, también puede ser comprada por el BCE. Desde marzo de 2015, el Banco Central ha adquirido 195.000 millones de deuda pública española hasta junio.
El BCE ha comprado 195.000 millones de euros en deuda española desde que inició los estímulos en marzo de 2015
El Ministerio de Hacienda prevé que entre enero y septiembre las regiones adheridas a alguno de estos dos instrumentos hayan recibido unos 18.500 millones de euros. Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia y Valencia están en el FLA.
En la Facilidad Financiera estuvieron en el primer semestre Canarias y Galicia, aunque Castilla y León y el Principado de Asturias se han adherido a esta fórmula en el tercer trimestre. Estas dos últimas regiones han salido al mercado con pequeñas emisiones, por un total de 553 y 130 millones, respectivamente, cada una de ellas con tres colocaciones.
Junto a ellas han salido al mercado Madrid, País Vasco y Navarra. Estas tres seguirán demostrando su poderío financiero con colocaciones en mercado. Eso sí, deben pedir permiso al Gobierno para colocar deuda que solo pueden vender a unos precios.
El Tesoro publica mensualmente resoluciones de prudencia financiera, y la última del pasado 4 de julio señala que no deben pagar, por regla general, más de 50 puntos básicos (0,5 puntos porcentuales) por encima de lo que abona el Tesoro al mismo plazo. Las cinco autonomías que han salido en el año han colocado cerca de 3.600 millones de euros, según los datos recopilados por Bloomberg. Yla que preside Cristina Cifuentes ha emitido el 60% del total. Ya tiene el beneplácito del Ejecutivo central, además, para vender deuda u obtener financiación por 654 millones de euros hasta final de año.
Federico Silva, director de renta fija de BEKA Finance, considera que la capacidad de financiarse de forma autónoma de Madrid es total. “Hemos formado parte del sindicato en varias colocaciones y no tienen problemas”, añade. Eso sí, es la única región que hace colocaciones públicas; el resto ejecuta ventas específicas hechas a medida para un pequeño grupo de inversores.
El experto señala que Cataluña y Valencia no abandonarán ahora el FLA, pues el mercado no tiene capacidad de absorber el papel que tendrían que poner en el mercado para financiarse.