El MUR asegura que el propio Popular notificó su quiebra al BCE
Los directivos de la entidad reconocieron que era inviable horas antes de la intervención El organismo europeo guarda silencio sobre sus posibles errores de comunicación
Los propios directivos del Banco Popular notificaron al Banco Central Europeo la quiebra de la entidad pocas horas antes de la intervención que condujo a su venta al Banco Santander. La notificación, según el Mecanismo Único de Resolución (MUR), precedió a la decisión del BCE de declarar inviable la entidad.
“La propia entidad reconoció que era inviable o estaba a punto de serlo en una carta dirigida al BCE con fecha de 6 de junio”, asegura la versión expurgada de datos sensibles de la orden de intervención, publicada este miércoles por la Junta única de resolución, el órgano de dirección del MUR.
La publicación del documento oficial, cinco semanas después de la intervención, coincide con el anuncio de una oleada de demandas de accionistas del Popular contra las autoridades involucradas en la operación, desde el MUR al BCE y el FROB. La amenaza de litigios millonarios ha desencadenado una carrera de los organismos para delimitar responsabilidades y trasladar a los demás la asunción de posibles indemnizaciones.
El documento del MUR establece un relato de los hechos que intenta presentar la resolución de la entidad como una solución insoslayable y necesaria para evitar males mayores en la economía española y en el sector financiero del país.
El MUR recuerda que ya en febrero de este año, el Popular reconoció unas pérdidas de 3.500 millones de euros y tuvo que relevar al presidente. Dos meses después, una auditoría interna advertía que la situación real de la entidad podía ser peor de lo comunicado. En abril se canceló el pago de dividendo a los accionistas y los resultados del primer trimestre, publicados en mayo, fueron peores de lo esperado.
La saga se agravó, según el MUR, por “un aumento en la retirada de depósitos”, alimentado, según el organismo europeo, por “la continua cobertura negativa de la prensa sobre los resultados financieros de la entidad y su presunta e inminente quiebra”.
El dictamen del MUR, sin embargo, guarda silencio sobre la actuación de la presidenta de la Junta de Resolución, Elke König, a la que se atribuye parte de la responsabilidad en la estampida de depósitos que dejó sin liquidez al Popular el 6 de junio.
Mal menor
El dictamen del MUR sobre el Popular, expurgado de datos que el organismo ve sensibles, asegura que la resolución del banco minimizó los daños y evitó pérdidas a los bonistas seniors.
El MUR señala que la alternativa era un concurso de acreedores. Y en ese caso, según el MUR, “las pérdidas hubieran sido mayores, porque la liquidación habría llevado a la venta de activos a un precio más bajo”. El daño habría alcanzado a la filial de Portugal (que salió indemne) y la revocación de la ficha bancaria habría debido esperar a la apertura del proceso judicial.
“Por supuesto, el Banco Popular es uno de los casos que estamos vigilando”, señaló König en una entrevista con Bloomberg TV el 23 de mayo, una referencia que no pasó desapercibida a los grandes inversores. La inquietud se convirtió en espanto una semana después.
El 31 de mayo, un teletipo de la agencia Reuters asegura que König ha indicado a otros funcionarios que el Popular tendría que ser liquidado si no encontraba comprador. El MUR emitió un comunicado de tono equívoco, que ni desmentía ni confirmaba la información.
El MUR ignora esos episodios. Y pasa de puntillas sobre el proceso de venta, que el 5 de junio contaba con dos potenciales compradores (Santander y BBVA) a los que se facilitó información confidencial sobre la entidad. En pleno proceso, el BCE elaboró el 6 de junio el borrador de su veredicto, confirmado 24 horas después.