El FROB europeo no hará público el informe de Deloitte sobre Popular
La JUR entiende que contiene información confidencial. Exaccionistas y exconsejeros del banco afirman que el supervisor no puede mantener en secreto el informe
La polémica está nuevamente servida. La Junta Única de Resolución (JUR), organismo europeo similar al FROB español y que fue el encargado de organizar la resolución de Banco Popular, ha decidido no publicar el informe de Deloitte, clave en la resolución de la entidad, que otorgó un valor al banco de entre 2.000 y 8.200 millones de euros negativos, aunque varias fuentes reconocen que también había un tercer valor, en este caso positivo por unos 1.500 millones de euros. Pese a ello, otras fuentes financieras restan importancia a este valor al considerar que al final Santander ofreció un euro por Popular. Este informe, no obstante, se considera determinante ya que llevó a Santander a pagar el precio simbólico de un euro por Popular y la venta se saldó con la amortización a cero de las acciones de la entidad y de los instrumentos híbridos y de su deuda subordinada.
La JUR justifica su decisión en que el informe de Deloitte contiene información confidencial, según explicó Elke König, durante su intervención en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. No es la primera vez que la JUR_confiesa ser partidaria de que no se haga público el informe de Deloitte, pero la comunicación de ayer toma mayor relevancia si se tiene en cuenta que esta es la primera comparecencia pública tras la resolución del banco español.
El FROB como el ministro de Economía, Luis de Guindos, mientras, son partidarios de que este informe se haga público en aras de la transparencia, posición que, al menos el FROB asegura que mantiene. Varias demandas de accionistas y exconsejeros de Popular tienen previsto demandar o han demandado a la JUR_y al FROB entre otras razones por la valoración realizada por Deloitte de Popular.
Fuentes de estos demandantes aseguran a este periódico que la decisión de la JUR, supone negar el acceso de información relevante a los administrados (los exaccionistas del banco) lo que va contra el derecho comunitario. Y supone un perjuicio frente a los jueces. “Solo se permite impugnar la valoración (de Popular) si no sabes las razones que llevaron a ella . Por ello, es necesario que el informe sea accesible a todos los interesados”, explica un exconsejero de Popular y exaccionista.
El abogado Felipe Izquierdo, que anunció junto a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) una denuncia contra la gestión de Popular y que se encuentra querellado en el caso a título particular, pedirá a la Audiencia Nacional que reclame el informe de Deloitte sobre la situación del banco.
König entiende que “nadie está contento” con la resolución de la entidad, “y más si implica que los accionistas y bonistas pierden íntegramente su inversión”, pero considera que la resolución y venta a Santander fue la opción “más adecuada” al no suponer un coste para los contribuyentes y garantizar la estabilidad financiera. “La resolución de Popular fu realmente exitosa, no tuvimos un contagio al sistema financiero y no se utilizaron fondos de los contribuyentes”, añadió König.
También se confirmó que “el 5 de junio, el consejo de gobierno del BCE, basado en la petición del Banco de España, no objetó el acceso a las líneas de liquidez de emergencia a Popular, aunque no se detalla el importe del ELA (como se conoce a la línea de emergencia de liquidez por sus siglas en inglés).
Fuentes del exconsejo de Popular aseguran que el banco presentó colaterales por 40.000 millones de euros hacía ya semanas y solicitaron 9.500 millones de euros de liquidez, pero solo se les concedió 3.800 millones. En la información publicada por Europa se asegura que “no se estaba en posición de proporcionar más fondos de emergencia” a Popular. El Banco de España apuntó hace también unas semanas que el banco que entonces presidía Emilio Saracho no preparó a tiempo los colaterales necesarios para obtener la liquidez necesaria para operar.
König además se refirió a la recapitalización cautelar de Monte dei Paschi di Siena con 5.500 millones de euros, y el rescate de 17.000 millones de los bancos vénetos. En este sentido, insistió en la próxima revisión de la directiva comunitaria. Para la número uno de la JUR, la normativa debería incluir la posibilidad de aplicar una recapitalización interna (conocida como bail-in) completa en la que los bonistas senior de un banco también tendrían que tener comprometida su inversión.
La dirigente comunitaria defendió que se aplicó el mecanismo de resolución en el caso de Popular dado que su quiebra comprometía el interés público, una situación que no se producía en el caso de Banca Popolare de Vicenza y Veneto Banca, cuyo tamaño era menor al de la entidad española. Además, la directiva calificó “como una suerte” que Santander pudiese absorber a Popular.
Recurrible ante la justicia europea
La presidenta de la JUR, Elke König, aseguró también que la resolución de Popular se puede recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como ya han hecho o anunciado varios accionistas. König negó haber filtrado información a la prensa antes de aprobar la venta del banco a Santander. “Quien piense que se ha visto afectado por la transacción tiene varias posibilidades: puede acudir al tribunal administrativo, me parece que es en España y, si no, puede recurrir ante el tribunal europeo”, afirmó .
El vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, Valdis Dombrovskis, ya dijo ayer por la mañana que la resolución de Banco Popular fue un acto de la UE y, por tanto, puede ser recurrida ante la corte comunitaria.
Un grupo de inversores en bonos de Popular ha pedido a la Eurocámara interrogar a König sobre su actuación antes y después de ordenar la resolución del banco.
Elke König afirmó que la liquidación de Popular bajo un concurso de acreedores, el procedimiento contemplado en la legislación española para casos de insolvencia, no habría asegurado la estabilidad financiera en el mismo grado en el que lo hizo su resolución.
Los ministros de Economía y Finanzas de la UE dieron luz verde a un plan de acción para eliminar la carga de préstamos fallidos que acumula la banca por casi un billón de euros.