PwC revisará para Santander su propia valoración de Banco Popular

La auditora validó las cuentas del banco fallido así como los errores contables admitidos

Un nuevo equipo, asignado a Santander, revisará ahora la valoración que se hizo de la entidad

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Sede de PwC.

Paradójicamente, el éxito comercial logrado por PriceWaterhouseCoopers (PwC) al convertirse en la auditora de varias de las principales entidades financieras españolas, acaba de colocar a la compañía en una situación especialmente delicada. La firma, que históricamente ha revisado las cuentas de Banco Popular, fue contratada también para auditar a Banco Santander desde el ejercicio pasado.

La caída de Popular y su absorción por bsupone ahora que los equipos asignados a este último grupo deberán revisar el valor del banco fallido y la validez del trabajo que sus compañeros desempeñaron allí lo que, de revelar agujeros imprevistos, podría llegar a suponer que uno de los socios de PwC acabe enmendando la plana a otro.

Después de todo, Pedro Barrio, el socio de PwC responsable de firmar las cuentas de Popular de 2016 ya ha sido objeto de algunas de las querellas criminales presentadas por los accionistas de Popular por las pérdidas sufridas con el fin de la entidad, como la que la OCU llevó a la Audiencia Nacional.

Le acusan de dar su visto bueno a las cuentas de 2016, en que el banco perdió 3.485 millones, en un resultado que ya de por sí fue peor de lo previsto, para tener luego que admitir errores contables por valor de más de 600 de millones en abril, después de que Ángel Ron fuera sustituido por Emilio Saracho al frente de Popular. Un episodio controvertido en el que el banco rehusó reformular sus cuentas de 2016 alegando que el impacto no era suficientemente significativo, al quedar por debajo del umbral en el que la legislación hubiera exigido a Saracho emitir unas cuentas nuevas.

Hasta la agencia de calificación de riesgos S&P emitió un informe poniendo en duda que los desajustes contables anunciados (insufienciencia de provisiones o garantías que habría que dar de baja entre otros factores) fueran todos los existentes. Será otro equipo de auditores de PwC, el que trabaja en Santander, quien deba comprobarlo ahora con una valoración completa de la entidad absorbida que deberá completarse antes de febrero de 2018, cuando el grupo que preside Ana Botín presente las cuentas de 2017.

En todo caso, la comparación entre las conclusiones de los nuevos auditores frente a la valoración que hicieron los de Popular no será sencilla. Fuentes del sector advierten que la normativa impone utilizar el criterio de valor de mercado, o valor razonable, cuando se adquiere un negocio frente al criterio de valor de coste que se aplica habitualmente.

Además, no es similar el valor de mercado de una empresa en funcionamiento que el de otra que ha sido resuelta. Con todo, los accionistas de Popular, y los bufetes que han contratado para tratar de recuperar el dinero que perdieron, prometen seguir con la máxima atención la insólita autoevaluación a la que está a punto de someterse PwC a fin de valorar si las conclusiones les dan nuevas armas para litigar.

El desvío contable

Banco Popular admitió en abril desajustes por casi 700 millones en las cuentas de 2016, pero evitó reformularlas al no superar el umbral que le obligaría a ello. En concreto, Popular reconoció una insuficiencia de provisiones sobre riesgos de 123 millones y 61 millones de “ajustes ordinarios de auditoría”, es decir 184 millones con impacto directo sobre el resultado negativo de 4.888 millones de pérdidas antes de impuestos, lo que supone un 3,76% de variación, por debajo del límite del 5%. Más allá, admitió insuficiencias de provisiones en créditos de los que se adjudicó los colaterales, por 160 millones, y garantías que debería dar de baja por 145 millones, con un impacto total de 305 millones sobre 11.088 de patrimonio, el 2,75%, rozando la obligación. Aparte, reconoció financiación irregular para su ampliación de capital sin impacto contable, por 205 millones.

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