Decisiones europeas, lecciones españolas

La rápida liquidación de Popular ha desmentido las críticas al Mecanismo Único de Resolución

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y su vicepresidente, Vítor Constâncio.
El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y su vicepresidente, Vítor Constâncio.

La mañana del miércoles 7 los españoles desayunaban con la noticia de que el Banco Popular había sido liquidado y vendido al Banco Santander por un euro. Muchos se preguntaban qué había pasado para que un banco cuasi centenario que durante mucho tiempo fue considerado el más rentable del mundo hubiera sufrido esa suerte.

Con la resolución del Popular, nuestro país tiene el dudoso honor de estrenar el Mecanismo Único de Resolución (MUR) europea, pilar esencial de la Unión Bancaria creada hace unos años para capear la crisis financiera que azotaba la zona euro. Dicho mecanismo se basa en un elemento esencial para asegurar la estabilidad financiera, la rapidez en la toma de decisiones y su aplicación, que permiten reducir costes y evitar el contagio a otras entidades, impidiendo que la caída de uno acabe convirtiéndose en una crisis de todo el sistema. Así, cuando el banco entró en barrena la semana pasada, con la acción desplomada y la fuga masiva de depósitos, la decisión de que la entidad era inviable se tomó a velocidad vertiginosa. Se ha desmentido en la práctica las críticas que se vertieron en su momento al MUR por su excesiva complejidad institucional que dificultaría la rápida toma de decisiones.

La aplicación de las reglas europeas tiene también implicaciones novedosas respecto a otras intervenciones pasadas: la no inyección de fondos públicos, si no que son los accionistas y deudores junior los que pierden su dinero. Es lo que se conoce como el bail-in en la jerga de Bruselas, a diferencia del bail-out, que suponía, en el pasado, que era el Estado el que reflotaba los bancos con el dinero de los contribuyentes. Esto ha supuesto la amortización total de las acciones, de los instrumentos híbridos (los llamados CoCo) y de la deuda subordinada, previa conversión en acciones, todo ello por un valor de unos 8.000 millones de euros. Solo los depositantes y deudores senior han salvado sus ahorros.

Una vez aplicado el procedimiento de resolución, el banco ha sido vendido mediante subasta exprés al Banco Santander por la cantidad simbólica de un euro. Pero esto no significa que el Santander se quede con un banco gratis, pues tendrá que hacer frente a todos los pasivos y deudas y absorber las pérdidas que suponen los activos inmobiliarios e hipotecarios de dudoso cobro valorados en unos 7.000 millones de euros, incluidas posibles compensaciones a accionistas. El Banco Santander ya ha anunciado que llevará a cabo una ampliación de capital por esa cantidad para inyectar en la entidad adquirida.

Es de esperar que muchos de los 300.000 accionistas que han perdido todo su dinero presenten demandas ante los tribunales. Especialmente dolidos deben de estar los accionistas que solo hace un año respondieron positivamente a la ampliación de capital sorpresiva y fugaz que llevo a cabo el banco y que le permitió levantar 2.500 millones de euros entre inversores minoristas. Varios directivos consideraron la ampliación como un éxito, que les permitía aprobar holgados las pruebas de estrés europeas. Se creyó por un momento que el Popu había logrado enderezar la situación y sin embargo, 12 meses, después el banco es historia. Habrá que analizar muy en detalle el folleto y las prácticas de comercialización de esa captación de capital, pues parece difícil de imaginar que reflejara una imagen fiel de la situación de la entidad.

La realidad era que la gran mayoría de analistas llevaban meses vaticinando que el Popular era inviable por sí mismo, si bien ha podido sorprender la rapidez de su liquidación fulminante.

Desde hace más de un año, especialmente tras los tests de estrés europeos y pese a la ampliación de capital, el Popular ha sufrido un deterioro constante y progresivo del valor de su acción, con cambios en la cúpula directiva y en la estrategia, goteo de noticias sobre intentos de fusiones y adquisidores, y aún peor sobre conspiraciones y golpes palaciegos.

La caída del Popular no deja de ser un legado tardío de la burbuja inmobiliaria que inundó nuestro país en la primera mitad de los años 2000, a la que el banco llegó relativamente más tarde que otros, pero su pinchazo le pilló de lleno.

A diferencia de las cajas de ahorro, en este caso, no se puede achacar a los políticos, ni a las comuidades autónomas, ni al clientelismo castizo, si no a la incompetencia de unos banqueros que presumían de su formación elitista y de su estrecha relación con los círculos de poder e influencia en nuestro país. No deja de sorprender que nueve años después de la quiebra de Lehman Brothers y sus consecuencias, y especialmente tras la desaparición traumática de las Cajas de Ahorro, los antiguos dueños no aprendieran la lección. Pues sí algo parece claro a estas alturas es que tras las crisis financieras vividas en Europa, los mercados y analistas penalizan enormemente la falta de transparencia de los banqueros a la hora de abrir los libros de sus entidades, reconocer lo delicado de la situación y asumir los costes de saneamiento de forma realista y honesta, caiga quien caiga. El caso del Popular es de libro en este sentido, con constantes fugas hacia delante y planes inviables. Por fortuna, las autoridades europeas y el Gobierno, esta vez sí, han entendido que llegados a un punto, había que ser expeditivo. El resto es historia.

Manuel de la Rocha Vázquez es economista de la Fundación Alternativas.

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