Andorra culmina una transformación acelerada por escándalos de blanqueo
El país tipificará por primera vez el delito fiscal el 22 de junio El sector bancario confía en enterrar la crisis BPA con el fin del secreto bancario
Andorra, un territorio pirenaico que ocupa menos que la ciudad de Madrid, es un país que ha vivido históricamente a caballo entre dos realidades para mantener su identidad e independencia. Un coprincipado que comparten el residente del Eliseo, en Francia, y el obispo de la Seu de Urgel, en España, como jefes de Estado en un delicado equilibrio que el pueblo andorrano ha luchado por mantener.
Cuando los revolucionarios franceses le cortaron la cabeza al rey galo y rechazaron cobrar a Andorra el tributo feudal, los fondos se consignaron a la espera de otro regente y se pidió luego a Napoleón que retomara la figura del copríncipe para evitar que España tomara mando en plaza.
Hoy Andorra vive a lomos de una nueva dualidad, la del paraíso fiscal con secreto bancario que era hasta hace poco, pero que los escándalos de blanqueo asoman cada semana a los titulares, y la del estado moderno que se ha propuesto ser con una agenda de reformas acelerada por dichos escándalos. Un recorrido que alcanzará su punto culminante el próximo 22 de junio, cuando el delito fiscal pasará a estar castigado por primera vez en Andorra. Un país, ajeno a la UE, que busca entrar en el mercado común.
Hay en el antiguo Parlamento andorrano un armario con siete cerraduras donde se guardaban las leyes. Cada llave se custodiaba en una de las siete parroquias, o provincias del país, lo que exigía el acuerdo de todas para modificar las normas. Un consenso parecido fue necesario para secundar la agenda aperturista que el presidente Antoni Martí puso en marcha al acceder al poder en 2011, ahondando la senda de modernización que habían iniciado sus antecesores. El país descubrió entonces lo que eran los impuestos (apenas tenían tasas sobre la entrada de mercancías), avanzando hacia una homologación con los estándares europeos, asumiendo el euro como moneda oficial y el compromiso de vigilar más la banca o el blanqueo.
Pero su gran reto, el que aceleró la puesta en marcha de muchas de estas promesas, llegó cuatro años después, con el Gobierno en funciones. Tras haber perdido la mayoría absoluta por el desgaste sufrido con la crisis y su agenda reformista, Martí aún no había formado Ejecutivo para su segunda legislatura cuando, el 10 de marzo de 2015, la autoridad estadounidense contra el crimen financiero, la Financial Crimes Enforcement Network (Fincen), ponía la plaza bancaria del país en la picota al denunciar públicamente que Banca Privada de Andorra (BPA), una de las cinco poderosas entidades del país, blanqueaba dinero para redes internacionales del crimen. La amenaza de EE UU de cortar toda relación financiera con el banco hizo que ni corresponsales ni otras entidades quisieran relacionarse ya con él. Cuando, a los pocas horas, su operativa colapsó, fue intervenido.
“En 24 horas estábamos al pie del abismo”, relata el ministro de Finanzas de Andorra, Jordi Cinca, argumentando que ante el pánico desatado y el riesgo de contagio, “no se podía salvar la entidad, porque ya la habían enterrado, sino que había un riesgo de que eso acabara arrastrando a todo el sistema”. Un sector que suponía el 24% de la economía andorrana. Hoy ha caído al 19%.
“El código bancario BPA estaba muerto. BPA murió ese día”, relata Albert Hinojosa, presidente de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), una suerte de FROB que Andorra tuvo que impulsar de forma acelerada –“había que montar la bicicleta mientras pedaleabas”–para gestionar la crisis. AREB entra en marcha porque, aunque el banco era muy solvente, “nadie quería el dinero de BPA”, explica Hinojosa, detallando que fue problemático hasta poder pagar el recibo de la luz de la entidad intervenida, o facilitar los 2.500 euros semanales que podían sacar sus clientes, porque nadie quería tocar fondos de BPA.
Andorra anticipó la adopción de la normativa europea de resolución de entidades, encargó una auditoría a PwC para separar a los clientes sospechosos y traspasó el resto a una nueva entidad, Vall Banc, que fue subastada. La adquirió el fondo estadounidense J. C. Flowers un año después.
Pendientes quedan 11 causas judiciales para aclarar el presunto lavado de dinero en BPA para mafias chinas, rusas, venezolanas, el cartel mexicano de Sinaloa o el papel de sus gestores. Más allá, la batalla legal abierta contra la intervención por los máximos accionistas de BPA, los hermanos Ramón e Higni Cierco, miembros de una de las mayores y más influyentes familias de Andorra, “ha dividido al país en dos”, revela un destacado abogado que prefiere el anonimato. El terremoto, explica, también ha sido social en un país de 72.000 habitantes, 20.000 en una capital en la que uno se tropieza con los ministros por la calle y la campaña electoral se hace puerta a puerta.
“La amenaza fue importante y angustiosa los primeros meses, pero se fue relajando con el tiempo”, celebra el responsable de AREB señalando que la nota del Fincen de marzo de 2016, avalando la actuación de las autoridades andorranas y señalando que la resolución de la entidad ponía fin al peligro, “relajó la plaza”. La crisis se da por zanjada, pero resisten las suspicacias. “Ante cualquier noticia tienes que dar explicaciones”, expone Hinojosa.
Se refiere a los escándalos de blanqueo que rodean al país –muchos relacionados con vecinos del sur, apostillan allí– y que todas las voces consultadas señalan como uno de los mayores problemas del país. La pesada y mediática herencia de un pasado reciente, de especial relevancia ahora por las investigaciones sobre la familia Pujol entre otras.
“En Andorra, no nos vamos a engañar, tenemos un problema de imagen. O no nos conocen, o desgraciadamente nos conocen por el pasado”, admite el ministro de Exteriores de Andorra, Gilbert Saboya, que en julio cambiará la cartera por la de Economía e Innovación.
“Mirar el pasado con los ojos de hoy es un ejercicio injusto”, opina el ministro, sosteniendo que la crisis ha hecho ver con otros ojos a quien defrauda. Saboya defiende, no obstante, que “esta imagen solo se rompe con hechos: con una política de transparencia, de integración en el entorno europeo”. “Es un país que tiene unas finanzas públicas equilibradas, que ha manejado la deuda a niveles razonables, que merece reconocimiento de las agencias de rating después de años de crisis…”, reivindica, subrayando el esfuerzo en materia fiscal con los convenios de doble imposición con Francia o España. “Si no has superado el esquema real de paraíso fiscal no lo consigues. Es así de fácil”, aduce. “Al final las crisis tienen algo de bueno. Son trágicas porque afectan mucho a la gente. Pero para Andorra”, relata, supuso “la suerte de acelerar un proceso de reformas” que el país necesitaba para encajar en el mundo actual.
Una realidad en la que chocaría la naturalidad con la que aún se habla en Andorra de la época del contrabando, “con el que mucha gente ha podido subsistir en épocas complicadas”, o el blanqueo más tolerado, el de la corrupción, con la barrera puesta en armas, drogas y trata de personas. “De gente que tenía dinero, y en su país lo había evadido al fisco... Siempre que no fuera dinero sucio, se cogía. Todo esto es el pasado, pero claro, ahora está saliendo”, reflexiona Xavier Altimir, presidente de la Confederación Empresarial Andorrana (CEA), que admite que la crisis de BPA ha pasado factura al resto de la economía. “La banca andorrana está sufriendo un proceso de transformación, iniciado ya hace unos años pero que se ha acelerado por la intervención del Fincen de uno de los cinco bancos que había. Siguen siendo cinco pero han perdido clientes”, revela.
A partir de ahí, “más que un problema de financiación”, que los proyectos solventes aún logran, dice, la consecuencia directa para el empresariado es que “la banca andorrana está siendo muy estricta y exigente a la hora de abrir cuentas a empresas” lo que dilata todos los procesos. Además, expone, el proceso de apertura a inversión extranjera “genera la llegada de empresas, pero no en la medida que habíamos imaginado”, dice, asumiendo que Andorra trataba de ser “la nueva Suiza o la nueva Luxemburgo del sur de Europa” y sufrió “un terremoto en el sector financiero del país que hace que la gente diga, cómo voy a ir con lo que está pasando. Cae tormenta y yo quería sol”.
Con todo, la liberalización de las inversiones internacionales, aprobada en 2012, ha logrado ir elevando el volumen de operaciones aprobadas desde el 0,4% del PIB aquel año al 3,8% en 2016, permitiendo a Andorra crecer, con un incremento de la economía del 1,9% en el último ejercicio. Un año de apertura neta de 450 nuevos establecimientos comerciales.
Por su parte, la banca aspira a terminar de limpiar su nombre con el fin efectivo del secreto bancario que desapareció el pasado 1 de enero. Desde entonces, Andbank, Morabanc, Crédito Andorrà, Banc Sabadell d’Andorra y Vall Banc han comenzado a recopilar la información de todos sus clientes, y deberán compartirla con España y el resto de países con los que hay acuerdos en 2018. El proceso avanza a buen ritmo, según Eshter Puigcercós Font, directora general de la Asociación de Bancos Andorranos (ABA), quien explica que el plan estratégico del sector pasa por reforzar su expansión internacional y hacerse valer por su experiencia en banca privada.
“Este círculo lo va a cerrar el acuerdo asociación que está negociando nuestro Gobierno en estos momentos con la UE, lo que nos tiene que poner un espacio económico en el que tengamos un mercado de 500 millones de habitantes”, espera el representante de los empresarios. Un futuro más abierto para un país que busca dejar atrás su opaco pasado.
Retos pendientes
BPA: Mediante un proceso continuo de revisión del origen de sus fondos y las transacciones de los últimos siete años, AREB, el FROB andorrano, ha traspasado ya el grueso de los 29.000 clientes de la extinta Banca Privada de Andorra (BPA) a Vall Banc. El problema es que los 1.300 clientes de BPA que permanecen bloqueados sumaban el 25%_del balance de la entidad que EE UU acusó de blanqueo. La lista incluye particulares residentes en Argentina a los que no compensa la visita presencial requerida para liberar sus fondos hasta aquellos comprometidos en alguna de las 11 investigaciones judiciales abiertas.
Vall Banc:_La heredera de los activos legítimos de Banca Privada de Andorra (BPA), Vall Banc, opera con normalidad bajo el mando de J. C. Flowers y acaba de alcanzar un acuerdo comercial con el fondo BlackRock que demuestra el pulso de oferta internacional que ofrece frente a su competencia local. Sin embargo, la clientela de la entidad aún tiene 500 millones de euros bloqueados en activos de renta variable que BPA tenía invertidos en Credit Suisse. La entidad y el regulador helvético continúan haciendo comprobaciones para no verse salpicados por el escándalo andorrano y el Gobierno pirenaico aspira a lograr una solución en semanas.
Desempleo.La crisis obligó a Andorra a lidiar con un desconocido: el paro. De 40.000 asalariados en 2010 se pasó a 37.000 en 2013. Entonces el país llegó a registrar 1.200 inscritos en la búsqueda de empleo, que se han reducido a unos 400 hoy día, cuando se han recuperado la cota de 39.000 empleos. De ellos, más de 1.000 han sido contratados gracias a la inversión extranjera.
Conexiones: El Gobierno de Andorra trabaja en impulsar un helipuerto y aspira a impulsar el aeropuerto de la española Seu de Urgel para mejorar sus conexiones con el extranjero.
