Estimado Sr. Nadal, sobre el bono social de la tarifa creemos....
Una una consulta pública sobre pobreza eléctrica que sustituye al consenso prometido El ministerio debe fijar una renta mínima 'per cápita' familiar y no colectivos
El jueves pasado, el Ministerio de Energía abría, en de su página web, una consulta pública sobre el proyecto de real decreto que desarrollará la norma del 23 de diciembre (RDL 7/2016) que regula la financiación del bono social de la tarifa eléctrica y otras medidas de protección del consumidor vulnerable. El citado proyecto no desvela nada que no esté incluido en el citado RDL que el Grupo Popular logró convalidar en el Congreso el 31 de enero con el apoyo del PSOE y Ciudadanos.
Estos partidos, especialmente el PP y el PSOE (C’s resultó un convidado de piedra), formalizaban así el pacto sobre pobreza energética que habían sellado a finales de diciembre con grandes alharacas. El núcleo del pacto era la aprobación de un nuevo mecanismo para la financiación del bono social (ahora un descuento del 25% para cuatro tipos de colectivos) después de que el Tribunal Supremo considerara ilegal el vigente desde 2014 (lo pagaban los grupos eléctricos verticalmente integrados) y obligaba a compensar a dichos grupos (mayormente a las cinco grandes eléctricas) con los 500 millones de euros que habían sufragado en este tiempo.
La medida requería de una norma con rango de ley ya que era preciso cambiar para ello la Ley del Sector Eléctrico. Aprovechando el trámite, y ante la necesidad adoptar medidas para ordenar la normativa autonómica sobre interrupción del suministro, el citado RDL recogía un nuevo supuesto para prohibir los cortes de luz a personas en situación de exclusión social. Hasta ahora, solo disfrutaban de ese derecho ciertos servicios públicos considerados esenciales, como los hospitales. Una propuesta socialista con la que se pretende poner fin a los conflictos de competencias en esta materia con las comunidades autónomas.
A cambio de recibir el respaldo de PSOE y C’s, y en medio de la polémica por el fallecimiento de una anciana de Reus al incendiarse la vela con la que se alumbraba al tener la luz cortada, el titular de Energía, Álvaro Nadal, prometió consensuar el reglamento de dicha norma con los partidos de la oposición y el resto de afectados, como las comunidades autónomas (así hará responsables de la gestión de los cortes a los servicios sociales de comunidades y ayuntamientos). Sin embargo, salvo la reunión (con foto incluida) que mantuvo el 18 de enero con todos los grupos políticos (caótica, confusa y plagada de generalidades), del consenso prometido nunca más se supo. Tampoco las empresas han logrado negociar nada con el ministerio, que se ha limitado a pedir tiempo “y tranquilidad” para aprobar el real decreto y la orden que desarrollará la ley, que debe aprobarse antes de fin de este mes.
El ministerio debe evitar las presiones de las familias numerosas para mantener el bono
Atado y bien atado
El departamento de Álvaro Nadal ha tirado finalmente por la calle de en medio y ha resuelto su promesa con una consulta por internet pública y genérica por escrito. Y aunque Nadal asegura que se trata de un proceso previo a la exposición pública del texto legal definitivo después de Semana Santa, pocos creen sus palabras. Fuentes políticas consideran que se trata de un brindis al sol (de hecho, hay quien asegura que es una obligación impuesta por la nueva Ley de Procedimiento Administrativo) y se muestran convencidas de que el ministerio ya tiene atada y bien atada su propuesta de reglamento.
La mayor preocupación de este departamento es cómo distribuir el bono social, que supuestamente se ligará a partir de ahora a la renta del consumidor, y cuál será su coste, ya que este lo sufragan las comercializadoras eléctricas. Las familias numerosas (uno de los colectivos que disfrutan ahora del descuento del 25%, junto con las pensiones mínimas, las familias con todos los miembros en paro y los usuarios con una potencia contratada inferior a 3 kW), están presionando para mantener su privilegio. A la vista de que el mecanismo para la financiación del bono social ya es un hecho consumado, la opinión de los participantes en la consulta pública no tendrá ningún efecto sobre él. Sin embargo, es digno de consideración.
Se trata de la segunda vez que el Ejecutivo pierde en el Supremo un recurso contra la obligación impuesta a las eléctricas de sufragar el bono. La primera fue en 2012 cuando el Alto Tribunal consideró discriminatorio y no transparente el decreto que lo creó en 2009 por el que el Gobierno de Rodríguez Zapatero impuso la obligación de asumirlo a las grandes generadoras de Unesa. Tras el correspondiente recurso y posterior victoria en el Supremo, estas recuperaron en la factura de la luz las cantidades que habían pagado en los tres años anteriores. El Gobierno del PP (más exactamente el exsecretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, hermano gemelo del actual ministro) repitió la jugada en 2013 al obligar de nuevo a las compañías a pagarlo, en esa ocasión “a las matrices de los grupos que desarrollen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización de eléctrica”. En el tercer intento, las afectadas son las comercializadoras: las de Endesa, Iberdrola, Gas Natural, EDP y Viesgo (un 96%) y un centenar de pequeñas empresas del sector.
Puede ser este el punto el más endeble del paquete de medidas sobre pobreza energética, pues todas estas compañías (grandes y pequeñas) han amenazado con recurrir a los tribunales. Un tercer fracaso pondría definitivamente en cuestión la obligación de que las empresas paguen un beneficio social que, en su opinión, es competencia del Estado. Un error a subsanar, en cualquier caso, es que estas empresas paguen el bono en función de su número de clientes y no de su volumen de ventas. Y que al consumidor no beneficiario le quede claro que será é quien pague la factura finalmente, pues las comercializadoras del mercado libre la trasladarán al precio final y las reguladas que suministran con el PVPC, por su parte, lo reclamarán en su margen comercial, que ya tienen recurrido.
El punto más endeble es la financiación del bono, pues las empresas lo recurrirán
Aunque el ministerio asegura que lo ha consensuado con Bruselas y pese a haber sido incluido en una ley, las empresas recurrirán el reglamento y no hay seguridad de que el Supremo plantee una cuestión prejudicial ante la UE, como ya hizo en las dos ocasiones anteriores. Si bien es cierto que una negociación con las empresas no habría sido garantía de nada, no habría estado de más.
Para lograr un bono social justo, el ministerio debe fijar una renta mínima per cápita familiar evitando cualquier prebenda a las familias numerosas, pues dicho sistema ya protegería a las verdaderamente necesitadas. El sistema actual favorece a familias con más de tres hijos y rentas elevadas (incluso, millonarias). El simple criterio de ingresos sería más fácil de gestionar que un sistema mixto (renta y colectivos). Todo apunta a que Nadal caerá en la tentación de seguir favoreciendo a las actuales familias numerosas y pensionistas mínimos, sin tener en cuenta sus rentas totales.
El modelo de tarifa social por tramos, que el ministro rechazado, habría solucionado el problema de los cortes de suministro al establecer una renta mínima para los muy vulnerables exenta del pago de la luz. También debería recapacitar sobre la complicación de que sean los servicios sociales los responsables de los cortes, pues, ante la imposibilidad de comprobar la renta, estos se podrían limitar, como hacen ahora, a no autorizar ningún corte de luz.
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