La desesperante historia del bono social

El Gobierno debe cambiar la ley para destinar parte del superávit del sistema a pagar el agujero del bono: 500 millones para indemnizar a las eléctricas y 200 millones para 2017.

"Hay que dejar claro que el Tribunal Supremo lo que acaba de anular es el mecanismo de financiación del bono social de la tarifa eléctrica y no el bono social en sí”. Ante esta afirmación de un experto del sector, otro responde: “Claro. Ojalá hubiera anulado el bodrio del bono social”. Un polémico descuento del 25% en la factura de la luz que, al no estar ligado a la renta, beneficia a muchos ciudadanos no necesitados y deja fuera, en cambio, a un 80% de quienes se encuentran en situación de pobreza energética. Y que, a golpe de sentencia, lo han pagado siempre los mismos:los consumidores sin derecho al bono o no acogidos a él. En estos momentos, lo disfrutan unos 2,5 millones de consumidores y su coste es de unos 200 millones anuales.

 Desde su creación en junio de 2009, de la mano del entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, este bono antisocial ha resultado un mecanismo de desesperante financiación. Aprobado para garantizar el derecho al suministro de consumidores vulnerables establecido en una directiva de 2003, el Gobierno optó por un sistema de fácil aplicación pero nada cabal. Así, de forma un tanto arbitraria, convirtió en beneficiarios a varios colectivos: familias numerosas; las que tienen todos a sus miembros en paro; pensiones mínimas y los clientes con una potencia inferior a 3 kW. Ligarlo a la renta per cápita de los hogares resultaba engorroso de gestionar (los aspirantes debían certificar sus rentas con los problemas derivados de la confidencialidad de los datos personales).

A lo injusto de otorgar el bono no exactamente a los más necesitados (estos han ido en aumento pues el bono nació con la crisis económica), se suma el que hayan sido los demás usuarios (entre ellos, los de rentas muy bajas sin encaje en ninguno de los colectivos) los que han asumido su coste.

Bien es cierto que los Gobiernos (el de Rodríguez Zapatero, primero, y el de Mariano Rajoy, después) impusieron a las eléctricas esta obligación, pero lo hicieron con tan pocos mimbres legales, sobre todo en el caso del Ejecutivo del PP, que han sido los consumidores sin bono los que han acabado pagando la factura completa.

En 2012, una sentencia del Tribunal Supremo estimó el recurso de Iberdrola contra la obligación legal de las cinco grandes generadoras eléctricas (además de ella, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo) de sufragar dicho coste. El Supremo consideró, entre otros, que el reparto era discriminatorio y no respondía a criterios razonables, por lo que anuló la norma y obligó a que se devolviera el dinero retraído a Iberdrola (y por extensión, al resto de compañías) de 2009 a 2012. Dinero que salió de los bolsillos de los consumidores eléctricos sin bono que, además del pago retroactivo, tuvieron que empezar a sufragarlo a partir de entonces.

Conviene recordar en este punto que la obligación de que las empresas financiaran el nuevo bono social de la tarifa fue fruto del compromiso que estas adquirieron con Miguel Sebastián a cambio de otra prebenda: que el regulador dejara de detraerles elevadas cantidades (hasta mil millones) que habían cobrado dos veces por derechos de emisión de CO2. Iberdrola incumplió el compromiso dejando en muy mal lugar al sector y al propio ministerio, por confiar “en acuerdos de despacho con las eléctricas”, según se criticó entonces.

Belén Trincado

Pero si la primera parte de la historia resulta lamentable, en la segunda, el titular de Industria, a la sazón, José Manuel Soria, y su secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, se cubrieron de gloria. El departamento no solo no reformó el bono para ligarlo a los ingresos del consumidor (para ser más exactos, elaboró una propuesta que empeoraba aún más la situación al mantener el modelo de Sebastián, basado en cuatro colectivos, cruzado con un criterio de renta), sino que en 2014 volvió a recuperar un mecanismo similar de financiación al que había anulado en 2012 el Tribunal Supremo.

Aunque en la nueva normativa la obligación de sufragar el bono se extendía a todos los grupos eléctricos que generan, distribuyen y venden energía (además de las cinco grandes eléctricas, otra veintena de pequeñas compañías prácticamente desconocidas), el resultado era el mismo: las de Unesa seguían asumiendo más del 96% del coste. El Alto Tribunal ha vuelto a tumbar la normativa prácticamente con los mismos argumentos que en 2012 y dice no entender por qué se deja fuera al resto de agentes del sector, como al transportista, REE, y las empresas no integradas verticalmente [como Acciona].

En un análisis retrospectivo de lo ocurrido en 2014, hay quien apunta “a una cierta prevaricación por parte de los responsables de Industria, que recuperaron una norma a sabiendas de que había sido anulada por el Supremo y de que las eléctricas volverían a recurrirla”. En plena elaboración de la reforma para acabar con el déficit de tarifa, volver endosar el coste a las eléctricas servía al Gobierno de Rajoy para aligerar la tarifa, con el consiguiente beneficio electoral, y le permitía ganar unos años.

Sea como fuere, y cual día de la marmota, las empresas han vuelto a ganar el pulso al Gobierno a costa del bolsillo del consumidor (faltan las sentencias de los recursos de Iberdrola, Gas Natural o Cide, pero están al caer). A través de las liquidaciones de la CNMC, el sistema debe restituir lo pagado por las empresas en 2014, 2015 y los meses transcurridos de 2016, con intereses: algo más de 500 millones de euros (ver gráfico). Además, si el nuevo Gobierno no lo remedia, han de asumir el coste del bono a futuro.

Por tanto, el próximo año,los peajes eléctricos se encontrarán con una partida de gastos extra de 700 millones:además de la indemnización impuesta por el Supremo (su importe exacto y la ejecución debe proponerlos el ministerio y ser aceptado por las afectadas) los 200 millones del bono para el ejercicio. Un imprevisto que pone en cuestión el objetivo del Gobierno de congelar los peajes en enero.

La solución es fácil, pero requerirá de consenso político:cambiar la Ley Eléctrica para permitir que los 1.600 millones de superávit que el sistema ha registrado entre 2014 y 2015 y que están bloqueados en una cuenta de la CNMC, puedan ser liberados. La norma obliga a destinar este excedente a amortizar la deuda eléctrica (unos 24.000 millones), pero, al mismo tiempo, la obligación resulta casi imposible de ejecutar pues ha sido titulizada y es propiedad de multitud de inversores.