A Fondo

El medallero de la pobreza eléctrica

Nadal opta por un enrevesado sistema para vetar los cortes en lugar de redefinir la tarifa social.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, saluda al portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, en la firma del pacto sobre pobreza ener´gética.
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, saluda al portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, en la firma del pacto sobre pobreza ener´gética. Efe

Acuciado por la decisión del Tribunal Supremo de anular la obligación de las grandes eléctricas de pagar el bono social de la tarifa, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, se impuso como primera tarea resolver un problema que los técnicos del ministerio tenían bien trabajado. No en vano, Bruselas mantenía abierto desde hacía un par de años un expedioente contra el mecanismo de financiación del bono español, que había aprobado en 2013 el hermano gemelo del ministro, Alberto, siendo este secretario de Estado de Energía.

 O resolvía con urgencia este vacío o se vería obligado a endosar el coste del bono social (un descuento del 25% en la factura de varios colectivos) al resto de usuarios, con la consiguiente subida de los peajes el 1 de enero. Un mal comienzo de mandato para el nuevo ministro que, de momento, ha dado una patada hacia adelante a lo que, con gran probabilidad, sí pagarán los consumidores: la devolución de los 500 millones pagados por las eléctricas desde ese año y que ha impuesto también el Supremo.

Pero, coincidiendo con su llegada al ministerio, Nadal se enfrentó a la conmoción de la opinión pública por la muerte de una anciana en Reus en el incendio provocado por la vela con que se alumbraba al tener cortada la luz. De hecho, la primera interpelación a la que se sometió en el Congreso fue precisamente la que le hizo Pablo Iglesias sobre pobreza energética, en la que este pidió que se frenaran de inmediato los cortes a los usuarios vulnerables.

Con la idea clara de que en esta legislatura cualquier norma con rango de ley debe ser pactada de antemano, y, dado que la nueva financiación del bono social implica una reforma de la Ley Eléctrica, Nadal convocó la junta de portavoces de Energía de todos los partidos, con los que se hizo una bonita foto.

Aunque todos se tomaron muy en serio lo de negociar unas medidas muy rentables electoralmente, a la primera oferta del PSOE de respaldar la convalidación del Real Decreto Ley de reforma de la ley sectorial, Nadal dio la espalda al resto de partidos. El acuerdo, rubricado la semana pasada en su propio despacho, es un simple intercambio de cromos: el PSOE acepta que el bono lo paguen solo las comercializadoras, cuando inicialmente pedía que fuese todo el sector, en tanto, Nadal compró sin pensarlo dos veces, la propuesta socialista de incluir en la Ley Eléctrica un supuesto para prohibir los cortes de luz a personas en situación de exclusión social. En estos momentos, solo disfrutan de este derecho ciertos servicios públicos considerados esenciales, como hospitales. De esta manera, -se cree- terminarán los conflictos de competencia en esta materia con las comunidades autónomas.

Sin más, el PP (o, más exactamente, Álvaro Nadal) y el PSOE corrieron a colgarse la medalla, ante la estupefacción de C’s y algunos dirigentes de Unidos Podemos. Nadal explicó así dicha marginación: “El PSOE nos presentó una propuesta muy bien articulada y ha hecho los deberes”. El resto de partidos, se enteraban de esa manera de que no se trataba de una negociación, sino de un examen.

El berrinche de última hora de los dirigentes de C’s, que, según murmullan en el PP, “nunca se arrepentirán lo suficiente de no haber entrado en el Gobierno de Mariano Rajoy”, hizo que Nadal le diese un caramelo de consolación al incluir en el pacto al partido de Albert Rivera, aunque con calzador. Y lo justificó aduciendo que habían hecho una aportación: incluir un tipo de consumidor (vulnerable, pero no severo), que tendrá derecho a un preaviso de cuatro meses en lugar de dos para cortarles la luz. Por lo visto, la grandiosa idea de C’s no le dio nota suficiente como para salir en la foto.

La que sí se atisba en el fondo de la imagen es la sombra de Unidos Podemos: al fin y al cabo, la formación morada y sus socios son los que han capitaneado la lucha contra la pobreza energética e impulsado las primeras leyes ad hoc en Cataluña. Una de ellas, fue recurrida en el Constitucional por el Gobierno de Rajoy que hoy enarbola la bandera. Precisamente, ni este ni los anteriores Ejecutivos del PSOE, representado en la foto por Antonio Hernando, han tomado ni una sola medida contra la pobreza energética en casi una década de crisis económica. Tampoco para evitar las fuertes subidas de la luz en estos años, causa última de la pobreza energética.

El RDL que tiene previsto aprobar hoy el Consejo de Ministros y que se convalidará en el plazo de un mes, deja cerrada la obligación de que las comercializadoras paguen el bono a partir del año que viene. Por cierto, pese a haber sido calificada como una “reforma estructural”, Nadal no ha ofrecido ni un dato fehaciente: ni del número de empresas ni cuántos cortes se evitarán ni cuánto costarán las facturas impagadas de los clientes a los que no se pueda dejar sin suministro. El RDL establece que este coste lo sufragarán las comunidades autónomas al 50% con las comercializadoras, que, a su vez podrán cobrar un recargo de dicho fondo por los consumos que no puedan interrumpir. Se puede considerar un seguro del sector que beneficia al propio sector.

Estas medidas contra la pobreza eléctrica (no se puede considerar energética en tanto no se apruebe un bono social del gas, para lo cual, los españoles "ya tenemos la bombona de butano" con precio regulado, según Nadal), deja abierto un enrevesado e imprevisible reglamento, que el ministro pretende negociar con los gobiernos autónomos en el plazo máximo de tres meses.

Empeñado en que los servicios sociales son los competentes en la materia, Nadal les ha endosado la responsabilidad de lo que pueda ocurrir, como ya hizo en el caso de Reus. El que los servicios sociales (un término demasiado genérico para los millares de municipios que hay en España) hayan agarrado el toro por los cuernos ante la inacción del Gobierno, no los convierte en responsables legales, por más que lo repita el titular de Energía.

Este ha optado por la más enrevesada de las decisiones (¡lo que le faltaba al arcano eléctrico!), en lugar de una vía mucho más sencilla como habría sido la redefinición de la tarifa de último recurso (TUR), que, pese a lo que se pueda creer, sigue existiendo y es la que da derecho al bono social, que es en realidad la diferencia entre el precio de la factura y el descuento del 25%. Con varios tramos de descuento en la TUR, hasta el 100% para el caso de las rentas ínfimas, desaparecería el peligro de cortes para los muy vulnerables. Al fin y al cabo, la definición de vulnerable, que está por reglamentar, estará con seguridad relacionada con la renta. Todo ello enlaza con la petición de partidos como Unidos Podemos de una tarifa social, a lo que Nadal siempre ha contestado que no lo permite la directiva europea. ¿Y qué es si no la TUR que existe en la normativa española?

También sorprende que las comercializadoras y distribuidoras, responsables del pago del bono y de los cortes, no hayan sido consultadas. Una de las dudas que se plantean las empresas,  que para bien o para mal son las que conocen el terreno, es: "¿Qué pasará cuando los servicios sociales no sepan si se puede o no cortar la luz a un cliente y no tengan medios de comprobar si un moroso entra en la categoría de muy vulnerable?”. Esto es algo que está pasando en muchos municipios de Cataluña que, ante esta duda, optan por el silencio o aplazar la respuesta durante meses.

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