Editorial

Un golpe a la banca en el peor momento

El daño para los bancos está en encajar la pérdida en las cuentas

clausulas suelo
Sede del Tribunal de Justicia de la UE.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha zanjado el conflicto que miles, millones incluso, de hipotecados mantenían con los bancos españoles por el establecimiento de cláusulas suelo en los contratos hipotecarios. A petición de interpretación prejudicial de un juzgado de Granada, los jueces europeos han declarado de todo punto fuera de la ley las cláusulas suelo, lo que obligará a todas las entidades a devolver a cerca de dos millones de afectados lo cobrado indebidamente durante toda la vigencia de las hipotecas, y que en términos prácticos supone una compensación media de unos 3.700 euros por cada contrato, cantidad que puede llegar a más de 4.200 millones de euros para todo el sector. Esta pequeña pedrea navideña para los hipotecados es una muy pesada factura para los bancos, algunos de los cuales tendrán que encajarlas en unas delicadas cuentas de resultados, modificar sus políticas de dividendo, y quizás inclinar balanzas en hipotéticas operaciones de concentración.

La sentencia de los tribunales comunitarios estaba marcada en la agenda de todos los bancos, porque un fallo previo del Tribunal Supremo había obligado a abonar lo cobrado indebidamente solo desde mayo de 2013, fecha del pronunciamiento judicial, pero había dejado en manos del tribunal europeo la aplicación con carácter retroactivo de la sentencia o la liberación de tal obligación. Además, esta sentencia tiene la particularidad de que recoge el criterio radicalmente contrario al expresado en primera lectura por el abogado general de Unión Europea hace unos meses, y que hacía presagiar una resolución favorable a la banca. Por tanto, la sorpresa cambia buena parte de los planes de las entidades, aunque en términos financieros algunas tuviesen provisionados los hipotéticos pagos en mayor o menor medida. En todo caso, fulmina para siempre una de las prácticas más abusivas de la industria financiera minorista, que ya había dejado de practicarse comercialmente desde hace meses por la presión social y las decisiones judiciales.

La sentencia no ha hecho otra cosa que poner negro sobre blanco algo que parece a simple vista de justicia: si cuando los tipos suben las hipotecas a tipo variable proporcionan una ventaja diferencial a la banca, cuando bajan deben facilitar la vida a los hipotecados, y deben hacerlo sin límite alguno. La banca no puede establecer un nivel de suelo a partir del cual la bajada de los tipos no tiene repercusión alguna para los clientes que tomaron crédito a tipos variables, y menos puede hacerlo de manera torticera, o poco explícita en los contratos. La Asociación Española de la Banca admitió la necesidad de hacer frente a los pagos si media reclamación judicial y sentencia que lo ratifique, y el propio Gobierno ha intercambiado ya con la oposición la búsqueda de fórmulas arbitrales que puedan acelerar los procesos de indemnización de los afectados. Aunque la Bolsa ya castigó ayer de manera diferente a cada entidad en función de la carga adicional en forma de provisiones para hacer frente a la sentencia, con caídas que oscilaban desde el 0,44% de Santander al 5,8% de Popular, el daño para los bancos está en encajar la pérdida en las cuentas de este año o venideros, amén de las ya anticipadas, en un momento en el que el negocio bancario no pasa por su momento más brillante. La banca calcula un impacto agregado de 4.097 millones, y una provisión adicional de 1.436 millones, que se suman a los 977 ya provisionados antes.

Hay que recordar que el coste del fallo de Bruselas supone para el conjunto de las entidades una cuarta parte de sus beneficios agregados a nivel mundial, pero bastante más dinero del que libera su actividad en el territorio español en un año. Y se produce en un escenario de tipos de interés nominales muy bajos, sin expectativa de subidas en toda Europa durante al menos un año completo y donde es muy complicado componer el margen de intereses; con unas exigencias de capital crecientes por parte de los reguladores; con una supervisión cada vez más exigente; y con unos niveles de demanda apremiantes por parte de los inversores por los escasos niveles de rentabilidad ofrecidos al capital. En definitiva, un golpe duro en la línea de flotación de un sector en el punto de mira de la sociedad por el papel jugado en la crisis, y que está en continua transformación para adaptarse al futuro.

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