El FROB y Bankia se disputan el dinero de las tarjetas ‘black’
Está en tela de juicio los 12 millones de euros gastados por 65 consejeros y directivos de Cajamadrid y Bankia
El Estado es el principal afectado por los desmanes en la gestión de Caja Madrid y Bankia por lo que le corresponde recuperar el dinero gastado con las conocidas como tarjetas black de estas entidades.
Así lo ha defendido este miércoles Fernando Aizpún, abogado del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), al abrir el turno del informe final de las acusaciones particulares por el caso de las tarjetas black, en la recta final del proceso celebrado en la sede de la Audiencia Nacional del San Fernando de Henares.
Se estima que los consejeros y directivos de Caja Marid y Bankia cargaron 15,5 millones de euros a las tarjetas black entre 1999 y 2012
El representante del FROB se ha adherido a las conclusiones del fiscal Alejandro Luzón, que el lunes subrayara la “actitud primitiva, casi depredadora” de los consejeros y directivos de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia.
Pero, más allá, Aizpún ha defendido que es al FROB a quien le corresponde recuperar tanto el dinero que han devuelto algunos de los acusados como el que se pueda recaudar al final del juicio con una sentencia condenatoria.
Aunque se estima que los consejeros y directivos de Caja Marid y Bankia cargaron 15,5 millones de euros a las tarjetas black entre 1999 y 2012, los presuntos delitos de los cuatro primeros años habría prescrito, por lo cual lo que está en tela de juicio son los 12 millones de euros gastados por 65 de estos responsables de las entidades entre 2003 y 2012.
“Es el FROB quien tiene derecho a la restitución de las cantidades ilícitamente dispuestas por medio de las tarjetas tanto de Caja Madrid como de Bankia”, ha asegurado Aizpún recordando que el organismo público ha sido un claro perjudicado por la mala gestión de estas entidades.
“El hecho fundamental es el saneamiento con fondos públicos”, ha dicho en referencia a los 23.500 millones inyectados en Bankia, que integró a Caja Madrid y otras seis entidades. “La intervención del FROB ha sido por ley, para preservar la estabilidad el sistema financiero puesta en peligro por una entidad de carácter sistémico”, ha destacado.
Bankia defiende que la entidad financiera debe ser compensada por el daño a su patrimonio
Sin embargo, no es la única parte que reclama el dinero. Bankia ha defendido por su parte que debe ser la entidad financiera quien sea compensada por unos gastos que han provocado un daño a su patrimonio.
“Los hechos que se enjuician son consecuencia del uso de directivos, consejeros y miembros de la comisión de control de tarjetas emitidas en contra de la ley y los estatutos, carentes de toda cobertura”, ha resumido el abogado de Bania, Joaquín Burkhalter.
“No estamos aquí ante gastos de órganos de gobierno, es el perjuicio de un delito de apropiación indebida. Un daño transmitido a Bankia que ha tenido un impacto patrimonial a BFA-Bankia que determina que esta sea la perjudicada”, ha expuesto en su acusación final el letrado de Bankia.
- Pruebas contundentes
Más allá de esta disputa, el letrado del FROB, Aizpún, ha aseverado que durante el juicio se han mostrado “pruebas contundentes” de que las tarjetas “se han utilizado para usos personales, es indudable, no se han utilizado para costear gastos inherentes a la actividad de la empresa”.
Un listado de gastos, que incluye la compra de joyas, viajes, compras en supermercados, arte sacro o lencería, que según el FROB no tiene amparo jurídico posible pues la regulación solo permitía abonar unas dietas a los consejeros y compensar los gatos derivados de su participación en las reuniones.
El abogado del FROB ha subrayado que la prueba de la ilegalidad es que los datos de tarjetas se “escamotean” a la CNMV
“Caracterizar estas tarjetas como gastos de representación, incluso a efectos de contabilización, es algo contrario a la realidad de los hechos. Si no son gastos de representación son remuneración, que no puede serlo porque es ilícito”, ha argumentado ante la sala.
El abogado del FROB ha subrayado que la prueba de la ilegalidad de los hechos, y de su conocimiento por parte de los acusados, es que los datos de tarjetas se “escamotean” a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a la que no se le comunica su existencia o los gastos asociados a estas visas.
Aizpún ha criticado también que algunos acusados se hayan acogido a todas las explicaciones posibles: que no lo hicieron, que si lo hicieron no era delito, que no lo volverán a hacer y que, aunque lo hicieron, han devuelto lo gastado.
- Responsabilidad de Blesa
Para Aizpún no hay duda de que el sistema de tarjetas fraudulento se implantó con la llegada de Miguel Blesa a la presidencia de Caja Madrid, a quien responsabiliza de “desnaturalizar la tarjeta y su uso, inicialmente concebida para gastos” de representación durante el mandato de su antecesor, Jaime Terceiro.
“Es una desviación de fondos de la entidades en forma de administración desleal y apropiación”, ha concluido provocando fuertes murmullos entre los acusados a los que la presidenta de la sala, Ángela Murillo, ha reclamado silencio a gritos.
El FROB además señala que no admitirá atenuantes por la devolución del dinero a aquellos acusados que lo que han hecho ha sido depositar una fianza.
- La acusación de Bankia
Por su parte, Joaquín Burkhalter, que ejerce la acusación en nombre de Bankia ha aseverado que durante el juicio “se ha probado al margen de toda duda que las actuaciones fueron ilícitas” y las “tarjetas irregulares”
“Todo en ellas era opaco, black, o un asunto delicado como recordaba el secretario general de la caja entonces, el señor [Enrique] De la Torre en el mail a su sucesor en el cargo. Todo en ellas es subrepticio, desde su autorización, su emisión hasta cómo se gestionaban”, ha remachado el representante de Bankia.
El escándalo que rodea el uso de estas tarjetas en Caja Madrid y Bankia “no tiene comparación en todo el sector financiero español”, ha aseverado el letrado, subrayando que el sistema fue diseñado “para que fuera opaco a la inspección del Banco de España. Una ocultación que elimina la posibilidad de error de ningún tipo en la conducta de los acusados”.
El abogado de Bankia ha disentido de los representantes del Ministerio Público y del FROB al defender que se descargue a los directivos de la acusación de apropiación indebida ya que no son administradores ni miembros de órganos de gobierno de la entidad, aunque sí percibieron el dinero de forma ilícita, ha dicho.
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