El Foco

La muerte lenta de Italia

Una de las grandes carencias ha sido la falta de continuidad en la acción de Gobierno

La muerte lenta de Italia

El anquilosamiento de Italia en la esfera institucional y económica hace presente la necesidad de revulsivos en la tercera economía de la zona euro con el fin de sacarla de su actual situación de muerte lenta. Las cifras económicas son especialmente representativas del valioso tiempo perdido, ante un PIB italiano que solo supera en un 1,5% sus cifras de principios del año 2000 y una renta per cápita que, desde entonces, ha descendido en 1.700 euros, hasta situarse en 25.600 euros el pasado año.

La preocupante realidad de las anteriores cifras se hace más palpable cuando son puestas en relación con su comportamiento en otros países y, aunque los paralelismos que se establecen entre España e Italia distan de ser adecuados en facetas clave, tampoco podemos negar que la comparativa entre ambas naciones es un ejercicio habitual. Así, cabe señalar que el PIB de nuestro país, a pesar del duro ajuste vivido, ha crecido casi un 30% desde el año 2000 y la renta per cápita un 7,5% entre dicho año y 2015. Los puntos de partida de la economía española e italiana eran dispares, pero la atonía de la segunda sobrepasa esta circunstancia, como es ratificado por el diferencial de crecimiento de casi 18 puntos entre Italia y el conjunto de la zona euro en el acumulado del siglo XXI.

Los números expuestos son el resultado de un país necesitado de reformas en sus instituciones y estructuras económicas con el fin de adaptarse a una realidad rápidamente cambiante y, sobre todo, caracterizada por el aumento de los competidores a escala global, y no solo desde la perspectiva de los mercados de bienes, también en cuanto a la atracción de inversiones. De acuerdo con el Banco Mundial, Italia se sitúa en el puesto 50 de 190 países por su facilidad para hacer negocios, después de haber cedido seis puestos en el informe editado con vistas a 2017. A escala global, la posición transalpina es muy preocupante en cuestiones como el pago de impuestos, al situarse en el puesto 126, o el cumplimiento de contratos (108); cuestión todavía más inquietante debido a la incertidumbre y costes que genera para las empresas. De hecho, el tiempo para resolver una disputa, entendido como el periodo transcurrido entre que se decide presentar una demanda en el juzgado y el momento del pago, asciende a 1.120 días frente a los 553 de promedio en las 34 economías más avanzadas del mundo.

"El país necesita reformas en sus instituciones y estructuras económicas para adaptarse a la realidad"

La necesidad de modernizar las estructuras italianas es evidente y no pueden seguir retrasándose las reformas en un país cuya tasa de crecimiento potencial es prácticamente nula; hecho que no tiene una causa única al depender de cuestiones como la propia acumulación de factores productivos (capital y trabajo) o la evolución de la productividad total de los factores. Sin embargo, respecto al segundo punto, el comportamiento de la productividad laboral es inquietante, como ratifican las cifras de la OCDE al arrojar un descenso relevante del PIB italiano por persona empleada. En la actualidad, este se sitúa un 2,7% por debajo de los valores del año 2010 y retrocede casi un 7% respecto a las cifras de comienzos de este siglo, mientras su evolución reciente sigue caracterizándose por la debilidad.

Como podemos apreciar, las dificultades para crecer son el máximo reflejo de los profundos problemas de la economía italiana y que han llevado a un avance medio del PIB del 0,5% entre 1997 y 2015, lo cual a su vez ha alimentado la losa de la deuda pública. A diferencia de lo que cabría esperar, Italia ha contado con superávits primarios de forma recurrente desde 1997, pero esto ha sido insuficiente para evitar que la deuda pública aumentase hasta rondar el 130% del PIB, ante la consolidación de la mediocridad del crecimiento.

El anterior trasfondo es el relevante ante el referéndum constitucional del próximo día 4 de diciembre en Italia y no cuestiones pasajeras como la reciente mejoría del PIB, embellecida por cuestiones fugaces como la aportación de la inversión en inventarios. El futuro de Italia pasa por apostar firmemente por las reformas estructurales y, para poder hacerlo, se necesita contar con una estructura institucional más ágil y eficiente y mejorar la gobernabilidad del país. Matteo Renzi es el primer ministro número 41 de Italia desde 1946, lo que prueba que una de las grandes carencias ha sido la falta de continuidad en la acción de Gobierno.

La reforma constitucional italiana persigue la superación del actual bicameralismo y la modificación de la distribución de competencias entre Estado y regiones. De forma que se plantea el Senado como un órgano representativo de segundo grado de los entes territoriales y que sirva de mecanismo de conexión entre las regiones y el Estado, pero también con otros ámbitos de la República de Italia y la propia UE, al tiempo que evaluaría las políticas públicas, el impacto de las medidas comunitarias en los respectivos territorios y la verificación de la aplicación de las leyes estatales.

"Las dificultades para crecer son el máximo reflejo de los problemas de la economía italiana”

Por otra parte, se propone la agilización de las leyes promovidas por el Gobierno italiano al establecer un periodo máximo para su votación, mientras que en la esfera de las competencias se plantea eliminar el solapamiento entre el Gobierno central y los regionales. De forma que el Gobierno de la nación sería el responsable exclusivo de: la coordinación de las finanzas públicas, las políticas activas del mercado laboral, la promoción de la competencia, las infraestructuras estratégicas, la política energética y el medioambiente.

La simplificación de la estructura gubernamental no acabaría en el anterior punto, pues también se prevé la supresión de las provincias y el Consejo Nacional de Economía y Trabajo, un órgano consultivo en materia económica y social con iniciativa legislativa en ambos casos y que puede contribuir a la elaboración de la regulación en su ámbito de competencia.

Los cambios propuestos, interesantes sobre el papel y propicios para agilizar las labores de Gobierno y mejorar la eficiencia de la Administración pública, se suman a otras modificaciones sobre el sistema de la elección del jefe del Estado o los resultados de los referéndums, llegando en un momento de lógico descontento de la población a lo largo de Europa en el que manda más lo impulsivo. Luego, aunque la reforma constitucional propuesta en Italia posea aspectos interesantes para impulsar y facilitar algunos de los cambios que necesita el país, el respaldo popular se antoja complejo y el futuro de Italia no se presenta muy distinto a su realidad de los últimos años.

Francisco Vidal es jefe del departamento de análisis de Intermoney.

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