Editorial

Una solución estructural para las pensiones

Fátima Bañez, ministra de Empleo en funciones.
Fátima Bañez, ministra de Empleo en funciones.

El Gobierno ha advertido en el plan presupuestario enviado el pasado fin de semana a Bruselas –que es una simple prórroga de las cuentas públicas de 2016 para 2017 porque nada más está autorizado a hacer un Ejecutivo en funciones– que el margen de maniobra del que dispone la Tesorería de la Seguridad Social con el fondo de reserva se está estrechando a marchas forzadas. Cuantifica el déficit de explotación de la Seguridad Social –diferencia entre las aportaciones por cotizaciones y los costes de las pensiones contributivas– en un 1,6% del PIB, unos 17.000 millones de euros, mientras que en el fondo de reserva, la hucha creada en el año 2000 con los excedentes de cotizaciones para hacer frente a los déficits futuros, solo quedan disponibles unos 24.000 millones de euros. Si tenemos en cuenta que con estas cuentas la Seguridad Social no puede hacer frente con sus ingresos a las dos pagas extraordinarias de los ocho millones largos de pensionistas, y que una nómina de pensiones es de 8.400 millones de euros, únicamente dispone de ahorro para soportar las tres próximas facturas: diciembre de 2016, y julio y diciembre de 2017. Esto es: en enero de 2018 el sistema de pensiones no dispondrá ya de ahorro, y generará un déficit no financiable con sus propias reservas de unos 17.000 millones de euros.

Ante este panorama, del que ya advirtió en octubre de 2015 el presidente del Gobierno cuando disolvió las Cortes, consciente de que entonces era, y ahora sigue siendo, el primer problema nacional que no está resuelto, los partidos políticos han reactivado la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para buscar soluciones con cierta premura. Siempre hemos defendido aquí que las pensiones y garantizar su sostenibilidad es realmente el segundo problema del país, puesto que si se solventa el primero, que es el pobre nivel de empleo que proporciona esta economía, el segundo deja de ser un problema, o lo que es lo mismo, se solventa solo.

Pero como parece que el problema del empleo tiene una solución muy lenta, pese a que las previsiones que hizo el Gobierno hace doce meses –casi medio millón de empleos al año durante los cuatro próximos para llegar a los 20 millones de ocupados cotizantes– empiezan cumpliéndose a grandes rasgos, la solución a las finanzas de las pensiones no pueden dejarse solo en manos de la ocupación. Entre otras cosas porque la salida de la crisis se está saldando con salarios cada vez más modestos y un estancamiento de las bases medias de cotización, mientras que las nuevas pensiones crecen a ritmos muy acelerados, como acelerado el ritmo de avance de los pensionistas a medida que se acercan al retiro cohortes más numerosas.

El empleo ayudará, pero no solventará el problema. Los partidos de la comisión parlamentaria se han comprometido a entregar en marzo una propuesta de solución, en el bien entendido de que debe esquivar como primera providencia que se recorten las pensiones. Por tanto, las salidas pasan todas por incrementar los ingresos, y hacerlo en una cuantía nada desdeñable para solventar el problema en el medio plazo. El largo plazo amerita más imaginación.

La opción de sacar de la nómina de la Seguridad Social las prestaciones de viudedad y orfandad, muy manida ya, puede tener una justificación, aunque no por ello se esquiva su pago, que tendría que correr a cargo de un nuevo impuesto, o de recursos proporcionados por los ya existentes. Lo que sí es cierto es que los partido deben admitir una reflexión sobre las pensiones de viudedad y orfandad del porvenir, puesto que el argumento que sostuvo su creación en el pasado no es ahora sostenible, y debe ser corregido para cubrir en exclusiva situaciones de verdadera necesidad en las que el perceptor carece de otras rentas regulares.

El recurso a la deuda es un simple parche, y utilizarlo otra vez solo demostraría la incapacidad de los políticos para llegar a una solución en plazo, que, eso sí, debe ser siempre consensuada. Para que tenga validez estratégica solo cabe la opción de elevar las aportaciones, procurando que no afecte al empleo. Una de las fórmulas que coge más fuerza es aumentar las cotizaciones de los trabajadores sin trasladarlas al sueldo, para evitar una elevación drástica de los costes laborales que tendrían un efecto contractivo sobre la ocupación.

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