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La fiscalidad podría potenciar las OPV

Subir los impuestos a la inversión en deuda, equiparándola a la inversión en acciones, sería una opción aceptada por la opinión pública

Bolsa de Fráncfort.
Bolsa de Fráncfort.

El balbuceante nuevo mercado de emisiones de acciones necesita una solución fiscal, tras retirarse o posponerse varias OPV recientes, incluidas la del proveedor de energía británico First Utility o la de la firma española de infraestructura de telecomunicaciones Telxius. Cierta cautela inversora post-brexit es saludable: las OPV son a menudo una forma de que los propietarios liquiden a precios altos. Pero hay problemas más profundos.

Aparentemente, hay razones para no preocuparse por los valores. El tercer trimestre de OPV en EE UU fue mejor que el de hace un año, a pesar de las inminentes elecciones. Y de las 14 OPV europeas desde principios de junio, solo una está cotizando por debajo de su precio de emisión. En Asia la situación es similar.

La perspectiva general es menos positiva, sin embargo. El número y valor de salidas a Bolsa a nivel mundial se han reducido casi un quinto y un tercio, respectivamente, respecto al mismo periodo del año pasado. Sigue así la tendencia a la baja que dura más de dos décadas. El elevado número de OPV recientes que han sido compradas por capital inversión también es preocupante: suelen ser empresas rediseñadas financieramente y no verdaderas nuevas entidades.

Esto es importante, porque los mercados de OPV dinámicos influyen en el suministro de fondos propios a largo plazo para impulsar el crecimiento económico mundial. Los sistemas de salidas a Bolsa por lo general requieren una mayor transparencia, favoreciendo en principio una asignación de capital más eficiente.

Las nuevas tecnologías financieras, como el 'crowdfunding' de capital, son nueva competencia

El mayor problema ahora es el entorno de bajos tipos de interés, y parece tan probable que persista como que se autocorrija. Desde 2011, la brecha entre el coste de capital de las empresas y su coste de deuda se ha ampliado considerablemente, hasta más de 200 puntos básicos, según los analistas de Citi, quienes señalan que es el resultado de que las sociedades no financieras globales hayan recomprado más de 2,5 billones de euros de acciones propias –el 11% de sus capitalizaciones de mercado medias. Las nuevas emisiones apenas han aumentado eso en algo más de un tercio.

El fondo soberano noruego identificó en junio otras razones estructurales que explican que los fondos propios estén hundidos. Las empresas de tecnología que dominan la innovación requieren menos inversión que otros sectores y obtienen mayores beneficios si esperan hasta alcanzar el tamaño pre-OPV. El aumento de la inversión pasiva y del tamaño de los gestores profesionales de activos también favorece que las emisiones sean mayores. Además, la Ley JOBS estadounidense de 2012, por ejemplo, ha duplicado el número de accionistas que puede tener una empresa no cotizada.

A eso se unen las nuevas tecnologías. Los inversores minoristas pueden invertir en crowdfunding de capital por internet o prestar a través de plataformas peer-to-peer que ofrecen altos rendimientos, similares a los de las acciones. Los beneficios potenciales de estos sistemas parecen haber hecho que los participantes pasen por alto su falta de transparencia, en comparación con la de los mercados públicos.

Los gobiernos podrían poner de su parte, fomentando por ejemplo que las empresas aumenten la parte de los salarios que pagan en acciones. Exigir a las pequeñas empresas menos requisitos para cotizar, como hacen ya algunas Bolsas, sería otra opción.

Tal vez la solución más limpia -aunque políticamente complicada- sería compensar el desequilibrio entre el tratamiento fiscal de la deuda y el del capital. En el Reino Unido, por ejemplo, los inversores bursátiles pagan impuestos por comprar y vender acciones, así como por recibir dividendos. En cambio, los inversores en deuda pueden deducir los pagos de intereses del impuesto de sociedades y pagar solo impuestos sobre los intereses recibidos, no cuando compran o venden bonos.

Eliminando esta diferencia, el coste del capital para las cotizadas en el Reino Unido podría reducirse hasta los 150 puntos básicos, según KPMG. En la práctica, si los gobiernos aumentaran los impuestos sobre la financiación de la deuda en lugar de reducir la carga sobre las acciones, podrían vendérselo más fácilmente al electorado. Y podría hacer falta una coordinación global para evitar el arbitraje regulatorio. Con todo, esa vía debería animar a más empresas a optar por las OPV –y podría ayudar a las economías a crecer.

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