Urbanismo

Ciudades vivas pero más autónomas

Alcaldes y sociólogos debaten sobre cómo acercar las urbes a los ciudadanos

Mesa redonda del foro ONU-Habitat, con la participación de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el exalcalde de Barcelona, Joan Clos.
Mesa redonda del foro ONU-Habitat, con la participación de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el exalcalde de Barcelona, Joan Clos.

La política municipal la hace el Tribunal Superior de Justicia”. Así resumió ayer la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, su día a día en el consistorio. Poner en marcha cualquier política, tratar de solucionar cualquier problema, acarrea un arduo trabajo legal. “La cuestión es, ¿podemos compatibilizar la planificación justa de una ciudad con el derecho administrativo, que considera que los derechos de la ciudad tienen un encaje problemático en el marco legal?”, se preguntó durante un diálogo con los alcaldes de Asunción (Paraguay) y La Paz (Bolivia), y con Joan Clos, director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat) y exalcalde de Barcelona. Todos los regidores presentes coincidieron con Carmena. “Los peores problemas de los alcaldes vienen cuando nos enfrentamos a otras instituciones, a los poderes económicos y al ordenamiento jurídico que estos han creado”, abundó Clos.

Estas reflexiones pusieron el broche a la jornada Una nueva justicia para la nueva agenda urbana, organizada por ONU-Habitat y el Ayuntamiento de Madrid. El objetivo: analizar las urbes como centros de prestación de servicios y derechos para sus ciudadanos. Las ciudades, se repitió diversas veces durante el encuentro, deben ser entendidas también como núcleos de provisión de recursos que, desafortunadamente, se reparten de forma desigual. “Cada ciudad se enfrenta a una problemática muy particular. En el caso de México DF, por ejemplo, donde cada día hay más de cinco millones de desplazamientos en coche, la movilidad es el eje principal que debe motivar las actuaciones”, apuntó el profesor Augusto Barrera, exalcalde de Quito (Ecuador).

¿Cómo garantizar, por ejemplo, el acceso a la vivienda, algo que reconoce el 40% de las instituciones públicas mundiales? Los diversos casos de venta de viviendas de protección oficial a fondos buitres con que cuenta Madrid (se habló de más de 3.000 con un descuento superior al 50% sobre el precio de mercado) marcan el camino que no se debe seguir. “Lo que estamos viviendo en los últimos años es una especie de lógica de la extracción, como en la minería. Durante la última década, el sistema financiero estadounidense ha dejado sin casa a más de 14 millones de familias”, ilustró Saskia Sassen, profesora de sociología de la Universidad de Columbia. “La financiación de activos urbanos ha sido una tendencia en EE UU y Europa. Los gobiernos de derechas han privatizado viviendas de protección oficial y otros equipamientos. Eso debe acabar; por eso me alegro de que en ciudades como Madrid o Barcelona haya alcaldesas que no se resignan a que eso suceda”, continuó la ganadora del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2013. “Vivimos en una sociedad capitalista, y eso por definición implica desigualdades, también en el urbanismo”, remató Álvaro Sevilla, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. “El deber de los Ayuntamientos debería ser reducir las desigualdades, no eliminarlas, porque eso no será posible”. La vivienda no es la única dimensión que ha quedado tocada. “Las mayores movilizaciones que se han visto en Madrid y Barcelona han tenido que ver con la sanidad y la educación, dos servicios que hasta hace no tanto veíamos como derechos inalienables”, recordó José Manuel Calvo, concejal delegado del área de gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid.

La propia distribución de infraestructuras en las ciudades, opina el catedrático de la Universitat Autònoma de Barcelona, Joan Subirats, es una fuente de desigualdad. “Un ejercicio interesante es ver qué barrios tienen centros de atención a drogadictos, residencias de ancianos, hospitales, tanatorios o plantas de tratamiento de residuos y cuáles no. El acceso a los servicios también cambia mucho dependiendo del barrio y distrito. La zona importa, y mucho”, destacó. Los actores claves, coincidieron todos los ponentes, son los ciudadanos. “En las últimas elecciones locales hemos visto que varias ciudades españolas quieren recuperar el sentido colectivo de las ciudades. Hay que pensar las ciudades como algo común, de todos”, abundó Subirats.

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