Tribuna

Reforma a la francesa

Confunden la legislación laboral con un simple cálculo de utilidad económica

El Gobierno francés ha elaborado un proyecto de ley de reforma laboral que según sus argumentaciones permitirá mejorar la competitividad, favorecer la creación de empleo y aumentar los contratos indefinidos.

Sin embargo, el 70% de la población francesa se opone a dicha reforma por el recorte de las garantías de las relaciones laborales. Los jóvenes, la mayor parte de los agentes sociales y un gran número de parlamentarios de izquierda no aceptan el texto. Por ello, los sindicatos han iniciado la más importante movilización de los últimos años para oponerse a la ley El Khomri (en referencia a la ministra de Trabajo).

Esta normativa está inspirada por expertos en la economía del mercado de trabajo y por las reformas española e italiana argumentando que una menor protección de derechos de los trabajadores genera mecánicamente una disminución del desempleo. Así, confunden la legislación laboral con un simple cálculo de utilidad económica. Hablan de manera indiferente de reforma del mercado del trabajo o del derecho laboral como si el mercado se pudiera identificar con el derecho. Es decir, que el derecho laboral se entiende como un mecanismo para ganar cuotas de mercado.

En este sentido, la situación del mercado de trabajo en Francia es bien distinta de la española. Hoy, la tasa de desempleo en Francia es del 10%, frente al 21% de la española. También su tasa de paro de los jóvenes (20%) es muy inferior a la nuestra (46,5%).

Pero la tasa de paro no resume toda la realidad del mercado laboral. Se observan importantes diferencias en los sistemas de protección para los desempleados entre Francia y España. Ello es, en parte, lógico por las diferencias en el poder de compra, como queda reflejado en el salario mínimo de Francia (1.467 euros) y España (764 euros). La duración máxima de la prestación por desempleo en ambos países es de 24 meses, pero en Francia, a partir de los 50 años, asciende hasta 36 meses. El periodo de afiliación para tener derecho a ella en el país galo requiere haber cotizado cuatro meses en los 28 anteriores. En España, el periodo de alta es de 12 meses en los últimos seis años. Además, en Francia, aquellos desempleados que asisten a cursos de formación reciben una ayuda mínima de 19,53 euros al día.

Uno de los temas más controvertidos y que está levantado grandes discrepancias se refiere a que el Gobierno invierte la jerarquía de las normas. Los acuerdos de empresa tendrán más fuerza legal que los del sector, contrariamente a la tradición de la legislación francesa, que daba prioridad a los acuerdos sectoriales, lo que resta fuerza a las organizaciones sindicales, por ejemplo, en el ámbito de la duración del trabajo (número máximo de horas diarias y semanales, tiempo de descanso, etcétera). De este modo, como los acuerdos de empresa son prioritarios, pueden modificar la duración del trabajo. Hoy la duración máxima de la jornada laboral es de 35 horas (40 horas en España). Pero podría verse derogada por acuerdo empresarial.

Otro frente de discrepancia se refiere a la indemnización por despido. Los empresarios podrán justificar despidos por motivos puramente económicos (disminución de beneficios o en la demanda de pedidos). Las indemnizaciones actuales, si la antigüedad es inferior a dos años, pasan de cuatro a tres meses. Para más de 20 años de antigüedad, serán de 15 meses en lugar de los 24 actuales.

A pesar de ello, el nivel de protección de los trabajadores franceses es muy superior al nuestro. El despido objetivo permite a las empresas despedir por causas económicas con una indemnización de 20 días por año trabajado. En España la posibilidad de despedir más fácilmente no ha provocado que las empresas realicen contratos fijos: solo el 8,3% de todos los contratos y de ellos, el 43% son a tiempo parcial.

El Gobierno francés desarticula un siglo y medio de conquistas sociales ante la desesperanza de asalariados y jóvenes que aspiran a un futuro mejor. La desreglamentación no es una solución de futuro. Es una fuente de pobreza y de desigualdades que pone en riesgo la cohesión de la sociedad. Los empleos se crean si se incrementan los pedidos de los productos o servicios que venden las empresas. Es evidente que ninguna reforma laboral por sí sola crea empleo, solo se puede hacer con una economía en crecimiento, pero todas las reformas juntas pueden facilitar que la creación de empleo sea más rápida. El derecho laboral no es un obstáculo para el derecho al trabajo. Si en España ha aumentado el empleo es debido esencialmente al relajamiento de las medidas de austeridad y a un buen año turístico. Sin olvidar los bajos tipos de interés y la compra de deuda a países con dificultades por el Banco Central Europeo. ¿Quién puede creer que despedir más fácilmente va a multiplicar las colocaciones?.

Vicente Castelló es profesor Universidad Jaume I y miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local.