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Cómo se financian las universidades

Cómo se financian las universidades

La universidad pública española siempre está ahogada, dicen informes, memorandos y estudios que se remontan a tiempos remotos. Pero lo que no ofrece ninguna duda es que desde que empezó la crisis ha sufrido, como todas las instancias que viven mayoritariamente de dinero público, un varapalo del que está recuperándose a duras penas y con heridas muy visibles. Por ello, es importante repasar cómo se financian.

Las 50 universidades públicas tuvieron en 2013, último ejercicio cerrado, un presupuesto global de 11.388 millones de euros, según datos del Ministerio de Educación. No hay estadísticas más recientes porque el 65,8% de la financiación de cada universidad depende de la comunidad autónoma en la que se ubica. De ahí el retraso en la disponibilidad de datos homogéneos.

Un porcentaje de los ingresos de los centros, entre el 17% y el 18%, se debe a los precios públicos y las tasas universitarias, las cuales se mueven siempre dentro de la horquilla de máximos y mínimos fijada por el Gobierno central. En este apartado, las diferencias pueden ser enormes, ya que hay autonomías, como Galicia, cuyo peso sobre los ingresos totales es de un 10% y otras, como Cataluña y Madrid, donde supera el 25%. En esta última, por ejemplo, la reducción de las tasas en un 10% en 2015 se ha compensado con un aumento de la partida presupuestaria para las seis universidades en este ejercicio, hasta 907,2 millones, la más grande de España.

  • Autonomía 

Existe un tercer canal de financiación, todavía muy minoritario y extremadamente diverso: el rendimiento de actividades organizadas por cada campus. Aquí entra todo un catálogo de acciones que van desde cursos de idiomas, titulaciones propias al margen de las oficiales, residencias universitarias, ofertas de servicios a los estudiantes y actos patrocinados por empresas privadas.

Es aquí donde la universidad puede ejercer por completo la facultad que le otorga la Ley de Reforma Universitaria de 1983, que establece: “las universidades gozarán de autonomía económica y financiera”. En la práctica y más de tres décadas después, este precepto se limita al pequeño porcentaje de actividades propias aludido, que llega al 15% de media.

La profesora de Matemática Aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya y participante del Observatorio del Sistema Universitario, Vera Sacristán, declara que, efectivamente, buscar financiación por cuenta propia es “la única autonomía económica” de la universidad pública. Sin embargo, para ella, lo importante y peliagudo de la cuestión es que España “camine hacia un modelo de costes bajos, pero considerando a la universidad pública como un bien común que beneficie a todos”.

  • Radiografía económica

Una pregunta clave ahora mismo es si la universidad está remontando. La radiografía del momento es que, tras unos ajustes enormes, lo peor de la crisis ha pasado, aunque dejando a su paso un panorama desolador de infraestructuras obsoletas, falta de mantenimiento y servicios básicos deficientes, al margen de los docentes.

El denominador común es un agujero que se lo traga casi todo, como es el gasto corriente o de funcionamiento, que alcanza el 80% del presupuesto. Para ahorrar se bajan consumos de agua y luz, se descarta reponer materiales o se cierra por vacaciones.

Dentro del gasto corriente, el dedicado a personal se lleva de media el 60%. Ha habido congelaciones y bajadas de salarios, supresión de la paga extra y recortes de plantilla. Ahora mismo, y en palabras del secretario de Universidades de FE-CC OO, Julio Serrano, no hay prevista ninguna medida dramática, pero “el temor siempre está ahí”. En FETE-UGT van más allá y en su análisis sobre las cuentas del Estado 2016 afirman que mantener el poder adquisitivo de la universidad se consigue “sencillamente con la congelación salarial de su personal”.

El campus más grande de España en número de alumnos (unos 84.000) es la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El vicerrector de Planificación Económica y Gestión de Recursos, Javier Sevillano, explica que la situación económica “se va normalizando gracias al reconocimiento judicial de las cantidades que nos eran adeudadas por la Comunidad de Madrid derivadas de los compromisos de financiación incumplidos. En todo caso, la UCM mantiene el plan de eficiencia aprobado en 2011 con un control del gasto corriente muy estricto”.

En otra universidad, la Autónoma de Barcelona (UAB), esta de tamaño medio por número de alumnos (más de 37.000), son más pesimistas. Montserrat Farell, vicerrectora de Economía y Organización, señala que están trabajando “con las mismas cantidades presupuestarias desde 2012”.

En lo que coinciden es en definir los problemas más acuciantes. Javier Sevillano declara que “el principal es la falta de recursos para atender el mantenimiento y reforma de los más de 100 edificios de la universidad”. Y reclama a la Comunidad de Madrid planes plurianuales de inversiones a fin de hacer planificaciones a medio y largo plazo. Sobre el futuro cercano, la Consejería de Educación confirma que “se está negociando un plan plurianual estable de financiación del sistema universitario”.

  • Planes de préstamo

La vicerrectora Farell no duda en señalar como principales preocupaciones “la política de personal y el mantenimiento de infraestructuras, edificios y laboratorios”.

Las dos han utilizado el mismo recurso para paliar el ahogo financiero estos años: acudir al Plan de Pago a Proveedores. Desde que en 2013 se permitió a las universidades públicas acogerse a este mecanismo, lo han hecho 17 de las 50 existentes, según Hacienda. En la UCM “ya hemos comenzado a devolver el principal del préstamo” y en la UAB no vacilan en afirmar que “nos acogeremos a planes similares si los hay”.

La pincelada de optimismo corre a cargo de Vera Sacristán: “El gran problema es que se ha invertido mucho desde los ochenta, aunque sin una planificación adecuada de la gestión del día a día. Pero es evidente que la universidad española ha mejorado enormemente en las últimas décadas”.

Las becas, a salvo pese a la interinidad del Gobierno

Una de las pocas partidas presupuestarias que conserva el Estado en materia universitaria es la de las becas y ayudas a los alumnos. A través de un real decreto anual, se establecen los umbrales económicos para acceder a ellas y, posteriormente, se realiza una convocatoria nacional de la que solo está excluido el País Vasco.

Debido a la interinidad del Gobierno, han surgido dudas sobre si este año iba a publicarse el real decreto correspondiente al curso 2016-2017. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Educación han asegurado que se aprobará “a finales de julio o en agosto”. El texto “no tendrá grandes modificaciones respecto al del año pasado, pero todo lo que está en los Presupuestos Generales del Estado para 2016 sale adelante”, indican.

La partida presupuestaria para becas y ayudas al estudio es de 1.472 millones de euros, la mayor parte de los cuales se destinan a estudiantes universitarios. Estos pueden costearse así la matrícula y otros gastos como alojamiento, transporte o material. Por término medio, esta parte variable de las ayudas es de unos 1.500 euros. Las autonomías pueden otorgar ayudas propias al mismo alumno.

Por otro lado, el Educación tiene presupuestados 10,8 millones de euros para la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), fundación convertida recientemente en organismo autónomo y que se dedica a la acreditación de los profesores universitarios. Pero, aunque debía estar operativa desde el 1 de enero pasado, “las acreditaciones están paradas”, recuerda Julio Serrano, secretario de Universidades de FE-CC OO, quien añade que “es posible” que esto se deba a que el Gobierno está en funciones.