La larga hoja de ruta de la eficiencia energética
Más inversiones y libre mercado para impulsar el ahorro en el consumo de electricidad.
Pese a los avances, España llega tarde y suspende en eficiencia energética. Aunque el Gobierno creó en julio de 2014 un fondo para este fin (Ley 08/2014), en cumplimiento con la directiva europea de 2012, la normativa ha sido adoptada de forma parcial.
La inclusión de auditorías, certificados blancos y la instalación de contadores individuales en las calefacciones centrales están aún pendientes de aprobación, razón por la cual Bruselas ha abierto un expediente sancionador. Lo mismo ocurrió el año pasado, pero por la ineficiencia en los edificios.
Además, las cuotas obligatorias que deben aportar unas 200 empresas eléctricas, de gas y petróleo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética –que asciende este año a 216 millones de euros– han provocado un rechazo frontal del sector. Sobre todo porque, a falta de certificados, no pueden demostrar el ahorro. BP, Gas Natural Fenosa y petroleras son algunas de la veintena de firmas que han recurrido por separado la norma ante el Supremo.
El fondo, que impone a las empresas entre 2014 y 2020 un pago igual al 1,5% de sus ventas anuales para lograr la meta de ahorro de 15,9 millones de toneladas equivalentes de petróleo, ha gestionado hasta marzo 414 millones desde su nacimiento en julio de 2012.
España necesita 70.000 millones hasta 2050 para lograr la meta verde de la UE
La mayor parte de las ayudas han sido destinadas a la rehabilitación de edificios, pymes-industria y renovación del alumbrado municipal, superando el presupuesto en los dos primeros casos por la gran demanda (2.497 solicitudes), informa el IDAE, responsable del programa y la distribución anual de los recursos. El sector transporte, ferroviario y desaladoras completan las áreas de actuación, con 79 solicitudes.
“España presenta unos niveles de eficiencia muy alejados de las mejores prácticas europeas. La intensidad energética era en 2012 de 136 kilogramos equivalentes de petróleo por cada 1.000 euros de PIB, un 6% más que un país tan industrializado como Alemania o un 35% por encima de los más eficientes, Dinamarca y Reino Unido”, afirma Alberto Martín Rivals, socio de energía de KPMG, quien augura un largo camino por recorrer, pese a las mejoras de los últimos 10 años.
De hecho, España había superado en 2014 por tres puntos el objetivo del 20% marcado para 2020, aunque debido a que un año antes redujo un 5,5% su intensidad energética frente a 2012 por la crisis, según el último Informe de sostenibilidad de BP y la Universidad Pontificia Comillas.
De ahí que “no ha sucedido porque hayamos sido un país especialmente diligente en la implantación de medidas de eficiencia y de desarrollo apropiado del sector”, dice Alberto Amores, socio de Monitor Deloitte. Y el futuro se complica, ya que para terminar con la ingente tarea de descarbonización en 34 años, que implica rebajar un 95% las emisiones respecto a 1990, habrá que invertir 73.000 millones hasta 2050 e integrar a toda la industria, estima la consultora.
Una vía arbitraria
El sistema creado en España para impulsar el ahorro no termina de gustar a los agentes del sector por varias razones. Primero, por su regulación en una ley escoba, aprobado en última instancia a través de un real decreto de medidas urgentes para el crecimiento, competitividad y eficiencia, en vez de ser “una norma específica y localizable”, critican en el estudio de BP y Comillas.
La mayor parte de las ayudas van a la reforma de edificios, pymes e industria
Y, segundo, por el mecanismo de contribución. “La asignación de fondos la decide la Administración, con criterios que tienen una cierta dosis de arbitrariedad, en lugar de que lo haga el mercado”, arguye Rivals, de KPMG. Un temor que comparten en Comillas: “Cabe pensar que volveremos a las malas prácticas de subvenciones sin ningún análisis de coste-eficiencia”.
Los certificados blancos, establecidos con éxito en Reino Unido, Francia e Italia, fijan objetivos de ahorro según el tamaño de la compañía y dejan en sus manos las fórmulas para conseguirlo. Además, si un comercializador supera su propósito, puede vender ese “exceso de eficiencia” a otro operador que no lo haya alcanzado. “Así se genera un mercado más flexible, con medidas más baratas y eficientes”, sostienen en KPMG.
Resultado: sí se ha avanzado, pero a paso de tortuga. El problema es que ahora toca esperar a la celebración de otras elecciones en junio y que el Gobierno resultante lo incluya entre sus prioridades.
Los sectores residencial y de transporte concentran el grueso de las mejoras
En febrero pasado, la Comisión Europea pedía a los Estados miembros la renovación de sus sistemas de calefacción y refrigeración de viviendas e industrias, porque son “anticuados y dependientes de fuentes fósiles”.
Pese a que es una petición sugerente, mas no obligatoria, como parte de su estrategia de seguridad de suministro, la CE calcula una reducción en la factura anual de 1.500 a 300 euros en los hogares y del 10% en los costes de producción.
En España, el margen de mejora está precisamente en los edificios. “El 90% de ellos son ineficientes. Si se redujera un 30% su consumo energético, se lograría disminuir 8,7 millones de toneladas de CO2 al año”, calculan en KPMG.
La tecnológica Siemens acaba de presentar un sistema interconectado para la gestión inteligente de los edificios. Se trata de una plataforma, Desigo CC, que desde un puesto de mando centralizado maneja de forma remota calefacción, ventilación, climatización, iluminación, energía; controla las persianas y detecta incendios, intrusos y operaciones ineficientes. Beneficio: unas 120 toneladas menos de CO2, según la firma.
El transporte es otro gran consumidor. En Deloitte opinan que un futuro verde pasa por el impulso del coche eléctrico. “Es cuatro veces más eficiente que uno convencional, sobre todo si la energía se genera a partir de renovables”. Los electrodomésticos eco pueden ahorrar también 100.000 millones al año a 2020 (465 euros por familia). Todo para preservar un medio ambiente muy explotado.
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