Cuidemos el agua
Acabamos de celebrar el Día Internacional del Agua. Según los presocráticos, todo empezó en el agua, la tierra, el fuego y el aire. El agua es un bien imprescindible para la vida y para el equilibrio del planeta Tierra. Por esa razón, ha sido motivo de eternos conflictos y guerras por su acceso estratégico. La economía es una ciencia que nació con Jenofonte, discípulo de Sócrates, que se encarga del análisis y la gestión de recursos escasos. En la Universidad de Alcalá hemos organizado el Foro de Economía del Agua. El objetivo es aumentar el debate en la opinión pública sobre un bien tan determinante como el agua. E incorporar a ese debate a los investigadores que más saben de la gestión de este recurso, tanto nacionales como internacionales. Alcalá es la universidad española mejor situada en el ranking internacional sobre investigación ambiental y el departamento de Economía tiene décadas de estudio y cientos de investigaciones sobre economía ambiental.
El agua es un bien escaso con peculiaridades que le diferencian del resto de bienes. Es un bien que tiene mucho valor pero en muchas ocasiones no tiene precio. Por esta razón el mercado y la oferta y la demanda no garantizan el uso eficiente del bien y es necesaria la intervención del Estado. En España el agua es un recurso público y eso no está en cuestión.
El principal problema en el mundo es que 660 millones de personas no tienen acceso al agua y 1.000 niños mueren cada día por consumir agua en mal estado. Por fortuna, en España el acceso al agua es universal, de elevada calidad, el precio de consumo humano es muy inferior al de nuestros socios europeos y la mayoría de impagos se han conseguido resolver entre ayuntamientos y compañías que suministran el servicio para que esas familias sigan teniendo el consumo de agua mínimo que recomienda Naciones Unidas.
Pero tenemos otros problemas. El 80% del consumo de agua se produce en la agricultura, que supone el 3% del empleo y el PIB de la economía española. El turismo, que supone el 11% del PIB, se genera en las zonas de mayor estrés hídrico de España, principalmente Valencia, Murcia y el oriente andaluz. España recibe más de 60 millones de turistas que vienen en verano, justo cuando el agua es más escasa.
Las proyecciones anticipan que en 20 años el 85% de la población mundial será de clase media, según lo define Naciones Unidas. Y las ciudades doblarán su población. Por lo tanto, la demanda de agua para uso humano y urbano seguirá aumentando. De momento nadie ha inventado cómo aumentar la oferta de agua. Por lo tanto, solo queda hacer un uso más eficiente del recurso.
La gestión del agua en España siempre ha estado en manos de ingenieros de caminos cuya solución ha sido más hormigón: ya sean presas o trasvases. Los economistas defendemos que hagamos un análisis del recurso y cambiemos el uso ineficiente. Por ejemplo, en agricultura hay explotaciones a la vanguardia mundial en tecnología de riego, mientras otras muchas siguen regando por inundación como hace mil años. Se puede producir la misma cantidad de alimentos con menos agua. Lamentablemente en España el debate público sobre el agua se ha ido empobreciendo durante la crisis y es en la mayoría de ocasiones maniqueo. Las crisis de deuda son caldo de cultivo para el populismo y la remunicipalización es un clásico de estas crisis, especialmente en América Latina. El debate público versus privado tiene escaso fundamento académico. Hay miles de casos de éxito y fracaso públicos y privados para elegir.
El debate debe ser cómo conseguir una buena regulación pública del recurso que diseñe incentivos que permitan un uso más eficiente. Un mejor uso en términos ambientales y cambio climático, compatible con el desarrollo económico que permita reducir la tasa de paro en nuestra querida España y mejorar nuestros salarios y nuestro nivel de vida. Por ejemplo, Colau, en el Ayuntamiento de Barcelona, aún no ha aprobado el presupuesto de 2016 y tiene serios problemas de restricción presupuestaria. Una solución populista es la confiscación. Pero España está dentro de la Unión Europea y si inician una confiscación cometerían un delito penal. Kichi, en Cádiz, está en la misma posición.
Otra opción es resolver el contrato e indemnizar. Entonces la opción escasa es elegir entre: gastar dinero en recuperar un servicio universal y de alta calidad a precios accesibles o, por ejemplo, comprar viviendas para dar solución habitacional a familias en exclusión social. Todo en la vida no puede ser. Cuando vence el contrato entonces sí es el momento de elegir entre mantener la concesión privada o gestionarla públicamente. La clave desde Atapuerca para resolver la escasez ha sido la innovación. Pero la innovación exige inversión y endeudamiento, justo el recurso más escaso del que disponen la mayoría de ayuntamientos españoles.
Los políticos que opten por la remunicipalización con limites de endeudamiento conseguirán que sus vecinos en unos años tengan agua de peor calidad y más cara, bien en precio o bien con más impuestos. Los alimentos también son un bien de primera necesidad y a nadie se le ocurriría nacionalizar todos los cultivos a los agricultores.
Conclusión: los españoles somos unos privilegiados en términos de acceso al agua pero también tenemos problemas. Problemas ambientales, problemas de desarrollo económico y problemas sociales que exigen diseño de tarifas cruzadas para proteger a las familias más vulnerables.
Una nueva regulación inteligente del agua sería una gran reforma estructural que tendría el beneplácito de Bruselas. Solo necesitamos vida inteligente en los diferentes Gobiernos.
José Carlos Díez es Profesor de Economía de la Universidad de Alcalá