La UE teme el final de Schengen
Bruselas y, en particular, las instituciones europeas, se pusieron este miércoles la careta de normalidad para ocultar el rictus de tristeza e impotencia tras los atentados del martes en la capital comunitaria, que han dejado, al menos, 31 muertos y más de dos centenares de heridos, además de una capital de Europa prácticamente aislada por tierra y aire.
El aeropuerto internacional de Bruselas, atacado el martes por dos terroristas suicidas, continuará completamente paralizado al menos hasta el lunes, lo que supone la suspensión o modificación de unos 670 vuelos diarios. Se trata de una infraestructura vital para una ciudad tan dependiente de las relaciones internacionales como Bruselas. Por la terminal reventada por los yihadistas pasan casi 24 millones de pasajeros al año, gran parte en viaje de negocios y de trabajo. Algunas conexiones se han mantenido desviando los vuelos hacia el aeropuerto de Charleroi, a 50 kilómetros de la capital. Pero se trata de una terminal con mucha menos capacidad y utilizada habitualmente por las líneas de bajo coste, como Ryanair.
La Comisión Europea intentó adaptarse a la situación, mantuvo su agenda y celebró la reunión con el primer ministro francés, Manuel Valls. Pero la supuesta normalidad quedó desmentida durante el minuto de silencio convocado en toda la ciudad a mediodía: las autoridades europeas ni siquiera osaron salir a la calle y celebraron el acto de conmemoración en los pasillos del Berlaymont, sede de la CE, resguardados tras apabullantes medidas de seguridad.
A media tarde, en una nueva señal de la gravedad de los atentados y de su repercusión en todo el continente, la presidencia de la UE convocó para el jueves una reunión extraordinaria de ministros de Justicia e Interior en Bruselas. La cita intentará, una vez más, impulsar la lucha antiterrorista, la colaboración policial entre los Estados miembros y el reforzamiento de las fronteras interiores y exteriores. La Comisión Europea ya lanzó el año pasado una Agenda Europea de la Seguridad, pero muchas de las iniciativas siguen estancadas ante las reticencias de las capitales a avanzar en una materia tan sensible para la soberanía nacional. “Si ahora no es el momento de incrementar la cooperación, entonces no sé cuándo va a serlo”, se desesperaba el comisario europeo de Migración e Interior, Dimitris Avramapoulous.
Valls reclama una “dimensión militar” de la UE
El primer ministro francés, Manuel Vals, visitó ayer la Comisión Europea, una cita prevista con anterioridad a los atentados de Bruselas, pero que tras esos ataques adquirió una relevancia muy diferente. Más allá de las disputas entre la CE y París sobre los incumplimientos de los objetivos de déficit o sobre diversas ayudas de Estado, la reunión ayer estuvo dominada por la necesidad de incrementar la seguridad interna de la UE. Valls fue incluso más lejos y reclamó ya que la UE se dote de una “dimensión militar que permita intervenir en el exterior”.
Francia, que junto al Reino Unido, es la mayor potencia militar de la UE, pidió también que el resto de socios redoblen su esfuerzo presupuestario en ese área.
“Hay que invertir masivamente en los servicios de seguridad”, señaló Valls, tras recordar que la lucha antiterrorista necesita cada vez medios más sofisticados.
El líder del gobierno francés también insistió en la necesidad de mejorar la coordinación entre las autoridades nacionales y redoblar la eficacia de los controles para evitar el hundimiento de Schengen, la zona libre de fronteras interiores a la que pertenecen 26 países, con más de 400 millones de habitantes en total.
El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, recordó a Valls que Bruselas ya ha presentado numerosas propuestas para mejorar la coordinación y “si se hubieran aprobado, la situación no sería la que tenemos ahora”.
Valls aprovechó su presencia en Bruselas para entrevistarse también con el primer ministro belga, Charles Michel, París acusó abiertamente a Bélgica de haber servido de retaguardia para la preparación de los atentados del año pasado en París. Las relaciones entre los dos países han mejorado desde entonces, sobre todo, desde que las fueras de seguridad francesas han desembarcado en Bélgica y colaboraran con las del país en la investigación.
La cita también servirá, con toda probabilidad, para redoblar la presión sobre Bélgica, país al que se empieza a acusar de negligencia en la lucha antiterrorista. Ataque tras ataque, las investigaciones rastrean la planificación y autoría hacia las comunidades musulmanas de la capital europea. Y, aunque en muchos casos las autoridades belgas ya habían identificado a los presuntos terroristas y lo habían notificado a otros países europeos, los yihadistas parecen entrar y salir de Bélgica con total libertad.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, siempre dispuesto a sembrar cizaña, aseguró que uno de los autores de los atentados del martes había sido deportado desde Turquía, pero Bélgica le puso de manera inmediata en libertad. Las autoridades belgas denegaron ese hecho, pero la acusación de Erdogan obligará el jueves al ministro belga, Jan Janbom, a dar aún más explicaciones a sus colegas europeos.
La reunión de ministros intentará mejorar la colaboración, que hasta ahora ha sido muy tímida en la UE. Hasta enero de este año no se creó el Centro europeo antiterrorismo, que todavía dispone de escasos recursos. Bruselas ha propuesto aumentar su presupuesto para dotarlo de 25 empleados más. Bruselas también propuso un endurecimiento del marco legal de la lucha antiterrorista, pero lleva tres meses estancado en el Consejo de la UE. Tampoco ha entrado en vigor la aplicación del PNR (Passenger Name Record), el registro de los pasajeros para vuelos intracomunitarios. Y las propuestas para endurecer el control de la financiación del terrorismo ni siquiera se han presentado todavía.
La falta de coordinación se ha percibido también en la gestión de la crisis de refugiados, un flujo descontrolado e irregular que permitió la entrada de más de un millón de personas en la UE. La inmensa mayoría eran solicitantes de asilo. Pero entre los terroristas de París y Bruselas figuraban ciudadanos europeos con documentación falsa de Siria, que podrían haber aprovechado para regresar a través de los Balcanes o simplemente para alimentar las sospechas hacia los aspirantes al asilo.
- Una suspensión de Schengen no saldría gratis
Bruselas teme queel cruce de las dos crisis en marcha, la de refugiados y la de la amenaza yihadista, acabe provocando el desmantelamiento de Schengen, los acuerdos que suprimieron los controles fronterizos a partir de 1995. “Schengen no es el problema”, señaló ayer Avramopoulou. “Pero debo decir también”, añadió el comisario, “que no podemos tener un área segura de libre movimiento sin un mejor control de las fronteras externas”.
La zona Schengen ya ha empezado a resquebrajarse. Ocho de los miembros (Alemania, Austria, Eslovenia, Hungría, Suecia, Dinamarca, Bélgica y Noruega) han reestablecido algún tipo de control fronterizo desde septiembre de 2015 y la mayoría siguen en vigor. Francia, además, se encuentra en estado de alerta desde los atentados del 13 de noviembre y ha reforzado aún más sus fronteras tras el ataque en Bruselas. La Comisión Europea estudia ya invocar el artículo 26 del Código de Schengen que permitirá reestablecer todos o algunos de los controles fronterizos durante un período de dos años.
Bruselas advierte que el colapso o la suspensión de Schengen no saldrá gratis y que la factura más elevada correrá por cuenta, probablemente, de los países de la periferia como España, cuyas exportaciones al resto de la UE (que son la mayoría) perderán competitividad. Los cálculos de la Comisión indican que la reintroducción permanente de las fronteras podría tener un impacto de hasta 18.000 millones de euros al año. Para las empresas españolas, según la Comisión, el coste operativo adicional podría alcanzar los 200 millones de euros, derivados sobre todo del mayor coste del transporte por carretera. Para el sector del transporte, la factura adicional podría ascender a 7.500 millones de euros anuales. Bruselas calcula que tan solo con una demora de una hora por cruce de fronteras, el impacto para los camiones supondría unos 3.400 millones de euros.
España también podría verse perjudicada por el impacto en el turismo. Los pronósticos de la Comisión apuntan a una caída de 13 millones de pernoctaciones en la zona Schengen como consecuencia de la reducción de los viajes turísticos intraeuropeos. Las pérdidas para el sector turístico, según las mismas estimaciones de la CE, rondarían los 1.200 millones de euros.
Bruselas ya acusó en noviembre del año pasado, durante el estado de máxima alerta, la repercusión inmediata de una amenaza terrorista en el sector turístico. La ocupación hotelera cayó hasta un 70% durante los días más críticos. Y semanas después, todavía seguía un 30% más baja que en el mismo período de años anteriores.
La capital europea evitó el miércoles caer de nuevo en esa parálisis total. Las autoridades animaron a la población local a mantener su vida normal, en la medida de sus posibilidades. La apertura de los centros escolares contribuyó a dar a la ciudad un ambiente de cotidianidad, a pesar de la continua presencia policial y militar y la profusión de registros y controles de identificación. El transporte público urbano tampoco logró recuperar la normalidad. Muchas líneas de transporte (autobús y tranvía) fueron canceladas y el metro solo abrió parcialmente (14 estaciones) y con un horario reducido (hasta las siete de la tarde).
