¿Pasaporte europeo en venta?
La batalla por la captación de inversión privada extranjera ha llevado a varios países de la Unión Europea –como Portugal, España, Reino Unido, Chipre o Malta– a desarrollar programas de concesión de residencia o nacionalidad a cambio de distintos modelos de inversión.
Tanto de la repercusión real de estas medidas en la economía como el rigor en los controles del origen del dinero han despertado escepticismo y críticas, lo que nos lleva a considerar la necesidad de una legislación común aprobada por el Parlamento Europeo que establezca los términos y los controles necesarios para este tipo de incentivos.
En 2013, en España el Gobierno decidió poner en marcha la golden visa con el objetivo de atraer las inversiones y el capital extranjero a nuestro país. Un visado de inversión o un permiso de residencia que, entre otros derechos, concede a los ciudadanos extracomunitarios la posibilidad de desplazarse con plena libertad por el espacio Schengen durante un periodo de 90 días por cada 180, siendo estos derechos extensivos a sus familiares más directos.
"Más llamativo es el caso de Chipre y de Malta, que conceden la nacionalidad a cambio de inversión"
El único requisito es realizar una importante inyección de capital en España, bien mediante la compra de una vivienda de lujo, cuyo precio no podrá ser inferior a los 500.000 euros; la inversión de dos millones de euros en bonos del Tesoro; la adquisición por valor de un millón en acciones de compañías españolas, o impulsar proyectos empresariales que vayan a suponer la creación de un gran número de puestos de trabajo en nuestro país.
El Ejecutivo estima que durante los primeros 15 meses de vigencia de la ley (último dato publicado), España ha recibido 700 millones de euros en inversiones y se han creado de forma directa o indirecta unos 12.000 puestos de trabajo. Según la misma fuente, 530 ricos habrían logrado la residencia por esta vía, siendo los solicitantes mayoritariamente nacionales de China, Rusia y países árabes.
En Portugal, las cifras publicadas a finales de 2014 afirmaban que se había logrado captar más de 1.200 millones de euros a través de 1.600 visados de oro. En este caso, además de chinos y rusos también hay gran número de solicitantes angoleños, brasileños y sudafricanos. Este dato podría parecer un éxito en la captación de inversión extranjera para un país del tamaño de Portugal si no fuera porque acabó en un gran escándalo de corrupción por tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales que provocó la dimisión de un ministro e hizo tambalear al Gobierno de Passos Coelho. El Gobierno portugués ha desarrollado también una serie de medidas fiscales enfocadas a captar la residencia de millonarios que parece están teniendo mucho éxito entre pudientes ciudadanos franceses y españoles.
Más llamativas son las medidas adoptadas por Chipre y Malta que conceden la nacionalidad (es decir, pasaporte europeo con plenos derechos) a cambio de inversión. Chipre concede el pasaporte con una inversión mínima de 2,5 millones de euros y Malta, con un millón de euros. Conseguir una segunda nacionalidad que suponga movilidad libre en la zona Schengen, derecho a trabajar, acceso a seguridad personal y familiar está muy valorado en zonas geográficas con entornos políticos inestables, por lo que estos programas de incentivos tienen una demanda alta entre los acaudalados ciudadanos de algunos países no miembros de la Unión Europea.
Debido a que con la concesión de estos pasaportes conlleva derechos de aplicación en toda la Unión Europea, sería deseable que hubiera una normativa comunitaria que estableciera los requisitos y controles precisos. Especialmente en un momento en el que la entrada masiva de refugiados está llevando a que algunos Estados estén estableciendo restricciones a la libre circulación de comunitarios en sus países e, incluso, limitando el espacio Schengen dentro de sus fronteras.
Al final, tanto los inversores extranjeros como los inmigrantes que llegan a Europa buscando una nueva oportunidad tienen un mismo objetivo: lograr una segunda nacionalidad que les garantice una seguridad personal y familiar de la que o bien no disfrutan en su país de origen o que podrían perder debido a la inestabilidad política existente en dichos territorios.
Una seguridad a la que se debe unir la posibilidad de alcanzar unos derechos y garantías sociales que, si bien en Europa están considerados como universales, en sus lugares de origen son auténticos privilegios. La posibilidad de disfrutar de un sistema sanitario, educativo y laboral de calidad y también acceder a una nacionalidad que les asegura el derecho a vivir en un marco de libertad ideológica, religiosa y personal.
Por todo ello, sería deseable que las políticas instauradas por parte de algunos países comunitarios con un trasfondo como el de la golden visa o la nacionalidad por inversión fueran el reflejo de una política común europea en la adquisición de los derechos de los ciudadanos europeos así como de la entrada en el espacio Schengen. De esta manera se garantizaría, por un lado, la seguridad ciudadana y la existencia de una política común para la obtención de dichos derechos y, por otro, que determinados Estados no tuvieran la facultad de extralimitarse a la hora de reglar los incentivos a los nuevos inversores extranjeros. Mediante una política común se podría evitar que aquellos países que realicen un mayor control de las inversiones extranjeras se convirtieran en menos competitivos frente a aquellos con políticas más flexibles, en los que este tipo de programas podrían convertirse en una puerta trasera para el blanqueo de capitales.
José Antonio de Ros es Director General de Eres Relocation Services