Tribuna

Hacia el pleno empleo

Una nueva política económica para España debe tener como principal prioridad aquello que más preocupa a los españoles: las elevadas tasas de desempleo (un 21,2%), la crecente precariedad laboral (más del 40% los asalariados trabaja con contratos temporales, a tiempo parcial no elegido o fuera de convenio), y el crecimiento de la pobreza (el 29,2% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social, 4,5 puntos más que en 2009).

Estos problemas no son solo consecuencia de la crisis económica. Son también el resultado de las políticas económicas de austeridad fiscal y devaluación salarial que han desarrollado el PP y el PSOE, que han conllevado dos reformas laborales, graves recortes en la financiación de servicios públicos fundamentales y la reforma del artículo 135 de la Constitución. Como ha dicho Paul Krugman, la élite política decidió en 2010 dejar de preocuparse por el paro y empezó a preocuparse por los déficits presupuestarios, con efectos verdaderamente catastróficos. Y en España esta política de recortes se ha aplicado con verdadero entusiasmo.

Reivindicar los elementos positivos de la actual Constitución exige honrar su artículo 40, donde se establece la obligación de aplicar una “política orientada al pleno empleo”. Pero para que se cree empleo es necesario que haya actividad económica, y por eso el primer elemento de esta nueva política económica debe ser abandonar definitivamente la política de austeridad fiscal. Ello permitirá reforzar el crecimiento y hacerlo menos dependiente de los factores externos que ahora lo impulsan. Es el turno de las políticas de estímulo de la demanda.

Es necesario revertir los recortes realizados (tenemos 17.000 millones menos de gasto en educación y sanidad que en 2009, y 33.000 millones menos de inversión pública) y solo nosotros nos comprometemos a hacerlo. Para ello, hemos detallado un plan concreto de inversiones, con el objeto de impulsar la creación de empleo, la transición energética, la modernización del tejido productivo, la garantía de una renta suficiente para los hogares y el reforzamiento del maltrecho Estado del Bienestar. Es absurdo pensar que con menos escuelas públicas, con menos hospitales, con menos estudiantes en la universidad, reduciendo los gastos en I+D y expulsando de nuestro país a los científicos jóvenes, con unas infraestructuras públicas más deterioradas y sin autopistas de la información, vamos a tener un mayor crecimiento económico y una sociedad con menor desigualdad. El dilema no es, como quieren hacernos creer los mensajes neoliberales del PP y Ciudadanos, si el dinero está mejor en nuestros bolsillos o en manos de un Estado derrochador.

España tiene un gasto público, y especialmente un gasto social, muy por debajo de la media europea. El verdadero dilema radica en decidir si el dinero debe estar invertido en el mundo de las finanzas especulativas o en nuestras guarderías, en los centros de atención primaria, en las redes de fibra óptica, o en los centros tecnológicos que conectan a las universidades con las empresas. Y sí, para financiarlo será necesaria una reforma fiscal que aumente los ingresos públicos: contribuyendo más quienes más tienen y persiguiendo a los que eluden, o defraudan, a la Hacienda Pública.

El crecimiento económico y la lucha contra la desigualdad requieren también una política salarial que olvide la vana pretensión de ser más competitivos empobreciendo a la mayoría de los trabajadores. No es ese nuestro proyecto de país. Un objetivo fundamental de la nueva política económica debe ser mejorar sustancialmente los salarios y las condiciones de trabajo, particularmente de ese 22% de los trabajadores que, según la OIT, son pobres. Para lograr este cambio comenzaremos por elevar el salario mínimo interprofesional hasta los 950 euros al mes. Pero también es necesario que jueguen un papel destacado los sindicatos y las organizaciones empresariales. Sin embargo, esto solo es posible si la negociación colectiva recupera el equilibrio que la última reforma laboral destruyó, debilitando los derechos de los trabajadores.

Por último, una nueva política económica que tenga como objetivo el pleno empleo, además de derogar las dos últimas reformas laborales, debe promover un nuevo modelo de relaciones laborales que reduzca la precariedad, impulse la participación de los trabajadores en la empresa y elimine las discriminaciones de género. Desde luego, nada de esto se consigue con un contrato único que generaliza para todos los trabajadores la precariedad laboral y la reducción de las indemnizaciones por despido.

La evidencia desmiente la idea de que las naciones con un elevado grado de igualdad y bienestar social tienen menores tasas de crecimiento económico. Podemos hacerlo, otros países lo han hecho mucho antes que nosotros y tienen niveles de vida y de protección social mucho más elevados, y un desempleo muy inferior. Pero para ello hace falta voluntad política: algo que a nosotros no nos faltará.

Nacho Álvarez es responsable de economía de Podemos.

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