Tribuna

Atropellados por la hiperregulación en la UE

La magnitud de la producción jurídica de las instituciones europeas abruma. Observen sino este dato: En el período comprendido entre el año 2000 y marzo de 2013, se produjeron en la Unión Europea casi 40.000 normas jurídicas, entre reglamentos, directivas y decisiones. Si tenemos en cuenta que una directiva requiere de media alrededor de 300 actos internos para su adaptación a los ordenamientos jurídicos nacionales, el volumen del derecho europeo en conjunto superó las 200.000 normas jurídicas. Son cifras que más que abrumar, aterran. Pero el fenómeno de la excesiva regulación no se concentra en la UE. El comercio mundial en general se ve obligado a sortear múltiples normativas que acaban por entorpecer su desarrollo. Un ejemplo: desde 1995, la OMC ha constatado más de 25.000 notificaciones de nuevas regulaciones y ha intervenido en 471 casos de disputa relacionadas con barreras técnicas al comercio.

La Comisión Europea ya identificó en el año 2000 el ahogo que estaba causando la hiperregulación y las consecuencias nocivas que provocaba en el desarrollo económico y social. Fue en el consejo de Lisboa, celebrado en marzo de aquel año, cuando se sentaron las bases de lo que debiera haber sido la simplificación regulatoria. Las intenciones eran buenas. En Lisboa se analizaron las carencias del sistema vigente, se publicó el Libro Blanco de la Gobernanza Europea y un detallado plan de acción, el Simplifying and improving the regulatory environment, un documento que definía claramente los objetivos. No fue aquella la primera ocasión que la hiperregulación se puso sobre la mesa. Ya el tratado de Ámsterdam, que entró en vigor en 1999, quiso establecer mejoras en las técnicas regulatorias de la UE.

El consejo de Lisboa reconoció que se debía ahondar en el impacto de la regulación sobre los agentes económicos y los ciudadanos, hubo un mea culpa sobre el volumen que había alcanzado la legislación, absolutamente ingobernable. Se admitió que el nivel de detalle de las normas había incrementado hasta el exceso su complejidad, y que el timing de los procesos legislativos provocaba a menudo la caducidad de la norma incluso con anterioridad a su aplicación. Por no mencionar que para la inmensa mayoría de los ciudadanos eran absolutamente indescifrables.

Y así hemos llegado hasta la situación actual, con carencias, vicios, ausencia de objetivos claros y falta de transparencia en la regulación comunitaria. Los esfuerzos desde Bruselas son bienintencionados, y siempre bien recibidos, pero la mayoría de agentes económicos y casi la totalidad de los ciudadanos europeos perciben esta ingente masa normativa como una imposición que en nada contribuye a mejorar su entorno.

La legislación se ha desvinculado en gran parte de su objetivo final y primer motivo de su existencia, que no es otro que el bien público, y ha acabado siendo un laboratorio para legislaciones experimentales que en numerosas ocasiones responden a motivaciones populistas y alejadas de la realidad.

El atropello de la hiperregulación repercute negativamente en la credibilidad, legitimidad y efectividad de las propias normas. Las aleja del porqué fueron creadas y sus efectos nocivos ya se han manifestado en no pocos sectores económicos y empresariales, repercutiendo en la libertad de empresa, las relaciones comerciales y las inversiones. No podemos desvincular el exceso normativo de la deslocalización empresarial, la pérdida de inversiones, la fuga de talento y las dificultades de las compañías para incrementar su presencia en los mercados internacionales.

La UE y los Estados Unidos tienen ahora la oportunidad de redirigir hacia la simplificación y la racionalización el exceso de legislación, y ofrecer a sus ciudadanos un marco a través del TTIP –Transatlantic Trade and Investment Partnership– basado en la smart regulation, que favorecería el comercio y la inversión a ambos lados del Atlántico y establecería un nuevo orden en la regulación internacional.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, AmChamSpain, respalda la construcción alternativa de una smart regulation, capaz de compaginar la generación normativa con la efectividad y la coherencia y, sobre todo, edificada sobre el objetivo de repercutir del modo más eficiente en la sociedad y en sus agentes económicos.

Jaime Malet es presidente de la Cámara de Comercio de Estados unidos en España.

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