Editorial

Sostenibilidad para el Estado del Bienestar

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reactivó el debate nacional sobre el futuro del Estado del Bienestar en su última comparecencia pública, y centró el tiro en la sostenibilidad de la Seguridad Social, auténtico problema para todos los países europeos por el imparable envejecimiento de su población. A renglón seguido su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, admitió que las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social son un auténtico impuesto al empleo que no puede ser elevado, con el consiguiente riesgo de sostenibilidad de las pensiones si no se encuentra una alternativa de financiación. De paso, propuso que fuese el Impuesto sobre el Valor Añadido quien financiase la parte no contributiva del sistema, como ya hace ahora con los más de 7.000 millones que cuestan los complementos a mínimos que cobran más de cinco millones de pensionistas.

Amén del envejecimiento de la población que salta a la vista con mirar el perfil a la pirámide demográfica de España, y que se refleja en el crecimiento ininterrumpido del número de pensionstas de la Seguridad Social (supera los nueve millones), y del hecho cierto de que la cuantía de cada pensión nueva es muy superior a la que causa baja, un detallado análisis de la estructura de rentas que registra la Agencia Tributaria revela que algo insostenible tiene su evolución. Mientras que los pagos por pensiones han crecido un 26% durante la crisis, los consignables como salarios han caído un 15%. Alejarse un poco más en el calendario y comparar lo ocurrido en diez años revala también que los pagos por pensiones han crecido un 70% entre 2004 y 2014, mientras que los salarios solo lo han hecho en un 14,5%.

Esta desproporcionada evolución ha llevado a que si las pensiones públicas suponían un 26,5% de los salarios en 2004, ahora supongan el 39,67% nada menos. La financiación y sostenibilidad de las prestaciones es, por tanto, mucho más complicada ahora que antes de la crisis. Y lo es tanto por el avance inexorable de los pensionistas y las pensiones, como por la caída de la masa salarial, tanto por pérdida del empleo (un 21% en la crisis), como por la aparición de remuneraciones más modestas tras la crisis. Si añadimos la carga del seguro de desempleo, el problema se agrava, puesto que los pagos por tal concepto se han duplicado en la última década, pese a que el Gobierno ha decidido no modificar la estructura del seguro de desempleo por considerar que puede ser una barrera para la busqueda activa de trabajo.

Es evidente que los administradores públicos tienen que buscar alternativas. La primera obligada es incrementar el crecimiento potencial de la economía, porque de él saldrá la mayor parte de la solución. Pero es inaplazable un debate político serio sobre qué pensiones de vejez pueden cobrar los españoles en el futiuro, y cómo se van a financiar.

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