Las centrales térmicas de carbón, en retirada
El carbón español vive en la cuerda floja de las eléctricas –a las que se destina el 90% de la producción de las minas–, del Gobierno (pendiente de las ayudas) y de la UE (contraria a las subvenciones y a favor de menos emisiones). Pese a que en la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) aseguran que seguirá teniendo un peso importante en la producción eléctrica, "no tiene pinta de vivir otra primavera" como la registrada en los años ochenta, dice Juan José Cerezuela, presidente de la Confederación Nacional de Empresarios de la Minería y Metalurgia (Confedem).
Los requisitos marcados por Bruselas que imponen la supresión de las ayudas al carbón a partir de 2018;la limitación de las emisiones de las centrales térmicas y el coste de adaptación medioambiental;además de los precios, menos competitivos que el carbón procedente de zonas como el golfo Pérsico o Sudáfrica, han puesto en una situación muy difícil a las minas, que ya han visto cómo se reducía su producción de los 6,1 millones de toneladas de 2012 a los 3,7 millones de 2014. Pero también a las térmicas, que en estos momentos están sopesando si se acogen al plan transitorio global de reducción de emisiones (2016-2020) o al individual, que limita las horas de funcionamiento de las centrales como máximo a 17.500 al año.
Según datos de la Asociación Española de la Industria Eléctrica, en 2014 el parque español de centrales de carbón solo representaba un 10,6% de la potencia instalada (con 11482 MW), un 1,4% menos que en 2013, y el 16,5% (46.480 GWh) de la generación neta nacional, lo que supone un 9,6% más que el año anterior. Muy lejos de los años en que el carbón era responsable del 40% de la electricidad producida en España.
No obstante, tiene sus momentos de gloria. El último mes, las compañías se han visto obligadas a quemar más carbón ya que el calor ha reducido la producción eólica por la falta de viento.
Un guiño a las renovables
Dice Margarita de Gregorio, responsable de biomasa de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), que el Gobierno “únicamente ha hecho un guiño a esta energía”, junto a la eólica, al fijar un régimen retributivo para 200 megavatios de biomasa adicionales, que se hará efectivo después del verano. Con 540 megavatios de potencia instalada en 2014, esta energía pasa por “una travesía en el desierto”, que dura más de tres años, en los que no se ha abordado ninguna instalación.
La biomasa es residual, por ser poco competitiva frente a otras renovables, como la eólica, aseguran en Unesa. El pasado año, aunque creció, solo representó el 1,8% de la producción de energía eléctrica en España y el 0,9% de la potencia instalada.
