Tribuna

¿Es momento de bajar impuestos?

La semana pasada, el Gobierno aprobó adelantar al 1 de julio la rebaja del IRPF inicialmente prevista para 2016. A priori, magnífica noticia para el contribuyente teniendo en cuenta que son 1.500 millones de euros más para sus bolsillos.

Pero si en lugar de pensar en términos cortoplacistas, como suele ser lo habitual, lo hacemos con una perspectiva de medio y largo plazo, hay que concluir que quizás no sea el momento más adecuado para bajar impuestos. El argumento es muy sencillo: 2014 terminó con un déficit público equivalente al 5,8% del PIB (con ayudas a la banca) y nuestro compromiso del Pacto de Estabilidad con Bruselas nos obliga a situarlo en el 0,3% en 2018: 5,5 puntos porcentuales (pp) que suponen unos 55.000 millones de euros de ahorro entre aumento de ingresos y/o recorte de gastos.

Según el Programa de Estabilidad del Reino de España recientemente actualizado, ese objetivo se repartiría de forma marcadamente asimétrica: 5,2 pp vía reducción del ratio de gasto y solo 0,3 pp mediante aumento del ratio de ingresos. Una estrategia más equilibrada exigiría una verdadera reforma fiscal encaminada a incrementar la suficiencia del sistema. Máxime teniendo en cuenta que en España ese peso es reducido en comparación con otros países de nuestro entorno.

En 2014, los ingresos públicos representaron el 38,1% del PIB, frente al 46,7% en la eurozona. De 2007 a 2013, según un informe recién publicado de la OCDE, España es el país de la OCDE donde más han caído los ingresos públicos por habitante, superando incluso a países como Grecia e Irlanda. La crisis, por tanto, ha dejado una profunda huella en la capacidad recaudatoria de las Administraciones públicas españolas: caída de 3,1 pp de 2007 a 2014 en la ratio ingresos/PIB frente a un aumento de 2,2 pp en promedio en los países de la eurozona.

Otro motivo que justifica la necesidad de una reforma fiscal para aumentar el peso de los ingresos en el PIB es el elevado componente estructural de nuestro déficit público. Según las últimas estimaciones del FMI, en 2014, si el PIB hubiera estado en su nivel de pleno empleo, el déficit público hubiera equivalido al 3% del PIB. Es decir, más de la mitad del déficit público no sería imputable a la crisis, sino se debería a factores estructurales.

Y uno de ellos es la reducida capacidad recaudatoria del sistema fiscal español. Siguiendo con las estimaciones del FMI, la institución pronostica un déficit público estructural del 1,4% en 2018, año en el que nuestro déficit debería situarse en el 0,3% para cumplir con Bruselas. Eso solo es posible con una fuerte contracción del peso del gasto público en porcentaje de PIB, con lo que ello implica para los servicios públicos y para el Estado del bienestar. Además, el estereotipo de que en España sobran funcionarios entra en claro conflicto con los datos, ya que según datos del último informe de la OCDE, el empleo público representa el 17% del total, 5 pp menos que la media de países de la OCDE.

Por tanto, aunque la economía prosiga por la senda de la recuperación, lo que permitiría de forma automática aumentar los ingresos públicos si no se prosigue con la estrategia de rebajas tributarias aisladas, es necesaria una auténtica reforma fiscal que incremente el peso de los ingresos públicos en el PIB, al tiempo que se reducen ineficiencias e inequidades.

En resumen, la rebaja aislada del IRPF ya es de por sí cuestionable dado el reducido peso de los ingresos públicos en el PIB y la brecha que todavía nos separa del objetivo de déficit público del 0,3% en 2018, pero lo es aún más el adelanto recién aprobado. Otra cosa bien distinta hubiera sido esa rebaja del IRPF pero integrada en una verdadera reforma fiscal que aumentara los ingresos indirectos (IVA) a costa de la caída de los directos, en línea con lo que aconsejan instituciones como el FMI, OCDE, Banco de España, Comité de Expertos, etc.

Obviamente, la proximidad de las elecciones generales es lo que parece que justifica esta medida, dada la elevada sensibilidad del electorado ante todo aquello que afecta a su bolsillo. Desgraciadamente, predomina el cortoplacismo, cuando lo que de verdad debería de importar es el largo plazo.

Joaquín Maudos es catedrático de economía de la Univerisdad de Valencia, Director Adjunto del Ivie y colaborador del Cunef.

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