Elecciones municipales y autonómicas, ¿y ahora?

Concluida la celebración de las elecciones municipales y autonómicas, ahora toca preguntarse cuáles son los retos que a corto plazo tendrán que acometer los responsables de los equipos de Gobierno surgidos de las urnas.

Lo recién elegidos gestores de más de 8.000 ayuntamientos y 13 comunidades autónomas –más los de las dos ciudades autónomas y Andalucía–, y a los que habrá que sumar los de aquellas CCAA que en breve habrán de celebrar comicios, tendrán que proceder a configurar sus Administraciones con criterios renovados.

Conviene no olvidar que los municipios y las comunidades autónomas constituyen los órganos administrativos de mayor proximidad para los ciudadanos, y es precisamente esa cercanía la que hace que tengamos una actitud especialmente vigilante y exigente con los servicios que nos prestan como contrapartida de unos ingresos públicos que nutrimos entre todos. Es por ello que, sin obviar la oportunidad de la discusión ideológica, entendemos que el debate debería centrarse principalmente en la adecuada gestión de los presupuestos y de los equipos, condición sine qua non para fomentar la actividad económica y crear el clima necesario para el necesario crecimiento.

Por otra parte, dicho cometido se ha de efectuar con la más absoluta transparencia, haciendo todo lo posible para que el ciudadano comprenda las cuentas públicas. Solo si los ayuntamientos son capaces de facilitar una información clara –sobre todo en cuanto a sus ingresos y gastos, desglosando meticulosamente estos últimos–, la ciudadanía podrá conocer cómo se toman las decisiones que le afectan y se frenará el progresivo alejamiento que la población tiene con las Instituciones. Para ello podríamos empezar por tomar medidas que no requieren de grandes esfuerzos como es que todos los ayuntamientos incluyan de forma inteligible en sus páginas webs toda su información económico-financiera.

Pero además de una adecuada gestión local y autonómica, y un ejercicio transparente de la misma, también convendría llevar a cabo una revisión en profundidad de algunas normas con objeto de favorecer la apertura de nuevos negocios y promover iniciativas empresariales, algo básico para la creación de riqueza.

Así mismo, habrá que analizar si la actual fiscalidad local es o no adecuada, aunque en esta materia tenemos algunos deberes ineludibles. En primer lugar, está pendiente, y esto lo ha de abordar el Gobierno Central, la reforma de los tributos ligados a la financiación de las Corporaciones Locales. Sin duda, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pilar básico en el que se asienta la financiación de nuestros municipios y que les ha permitido transitar financieramente con cierta soltura durante la crisis, necesita encuadrarse con precisión dentro de la tributación sobre la riqueza, conformada también por impuestos ligados a la financiación autonómica como son el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En segundo lugar, también respecto a este tributo, se debería adecuar la cuota que tenemos que pagar al valor real de los inmuebles en estos momentos, ya que durante la crisis se han seguido revisando al alza los valores catastrales de los inmuebles urbanos, base sobre la que giran los tipos impositivos fijados por cada ayuntamiento que, en general, no se han rebajado, resultando unas cuotas tributarias que pueden resultar asfixiantes para muchos contribuyentes.

Por último, y aparte de adecuar la tributación por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica a la contaminación que producen, habrá que estudiar seriamente la supresión del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que, además de hacernos tributar por un hecho imponible que se parece muy mucho al que grava el IRPF, su mecánica liquidatoria puede provocar que se tribute por una ganancia que en realidad no se ha producido.

En otro orden de cosas, también sería conveniente plantearnos si la financiación local y autonómica resultan eficiente. Bien es cierto que con los escuálidos recursos que hemos manejado en los últimos tiempos resultaba complicado afrontar un cambio de modelo en este sentido. Pero con las actuales perspectivas quizá haya llegado el momento de hacer una revisión global de la misma que habrá de afrontarse de manera simultánea en ambos ámbitos –local y autonómico– para evitar solapamientos entre los diferentes tributos. Pero, si queremos abordar esta cuestión con éxito es necesario el consenso de todas las fuerzas políticas y gobiernos de las CCAA para conseguir un reparto equitativo y responsable. En definitiva, no es el momento de despistarnos con debates estériles, sino de encarar un proceso de modernización del modelo de gestión de nuestras instituciones basado en la eficacia en aras de favorecer el desarrollo social.