El calvario de las térmicas

Central de ciclo combinado de Aboño.

Que un Gobierno tan manifiestamente pronuclear y de escasa simpatía hacia los combustibles fósiles –salvo el petróleo, tal como ha dejado claro con la modificación de la ley de hidrocarburos– haya sucumbido a las peticiones de la minería del carbón muestra el poder político que aún mantienen las cuencas mineras y, por supuesto, el que gozan las grandes eléctricas, para las que la generación con este mineral no es un mal negocio y menos en unos momentos de precios bajos.

Hay quien asegura que si el anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero se plegó al sector del carbón fue por su compromiso personal con la región de la que procedía y que si el de Mariano Rajoy está dispuesto a incentivar el consumo de mineral autóctono es por el temor a perder votos en un feudo como Castilla y León. Y es que mientras la cuenca asturiana ha sido tradicionalmente de izquierdas, la leonesa tiene una clara inclinación popular.

La reunión que mantuvieron la semana pasada parlamentarios de León con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, se saldó con una llamada del presidente de esa comunidad autónoma, Juan Vicente Herrera, a Rajoy para exigir una solución transitoria al borrador de orden ministerial que Industria ha dado a conocer con las nuevas medidas de apoyo al sector. Estas consisten en retribuir las inversiones medioambientales que las eléctricas están obligadas a realizar de acuerdo con la directiva sobre emisiones industriales en las centrales de carbón que quieran mantener abiertas más allá del fin de su vida útil, a cambio de que firmen contratos a largo plazo con la minería.

Que el interés del Gobierno del Partido Popular hacia el carbón (un sector necesitado de permanentes medidas de apoyo por su falta de competitividad) es nulo o es escaso –muy distinto del que ha dado a la central de Garoña, rayano en la humillación ante las eléctricas– lo demuestra el hecho de que haya tardado tanto en plantear una solución que cubriese el vacío legal de la protección de que había gozado la generación eléctrica con carbón en los últimos años y caducó el pasado 31 de diciembre.

Solo la promesa reiterada de unas medidas que estarían aprobadas en el primer trimestre de este año explicaría que los mineros hayan contenido hasta ahora cualquier movimiento de protesta –empresarios y trabajadores cuyos intereses confluyen–, pero está por ver que, tras conocer que la orden ministerial va para largo –aún debe ser notificada a la Comisión Europea como una ayuda de Estado a la que deberá dar su beneplácito y conocer qué centrales están dispuestas a realizar dichas inversiones, esencialmente en desnitrificacion–, se pueda evitar una marcha minera en un año de elecciones autonómicas, municipales y generales.

Las empresas mineras parecen conformes con la solución propuesta pues con ella, además de garantizarse un volumen obligatorio de ventas, se lograría evitar que las eléctricas cierren una buena parte de sus centrales térmicas (el 90% del carbón que se extrae se destina a producir electricidad). Sin embargo, temen, al igual que el propio Ministerio de Industria, que si no se consensúa con las eléctricas, estas recurran la orden introduciendo una peligrosa incertidumbre. Por su parte, las de Unesa quieren que la norma la vise Bruselas para evitar sorpresas y, por supuesto, que queden claros los números.

El ministerio ha entregado a las partes un cheque en blanco en el que no figuran ni las cantidades a adquirir ni la duración de los contratos ni el tiempo de aplicación de la medida, ni otros detalles esenciales.

Las más reacias, como siempre, han resultado Gas Natural Fenosa e Iberdrola, poco dispuesta a pagar el carbón muy por encima de los precios internacionales, y a anteponer los intereses de esta tecnología a la de los ciclos combinados de gas, que también atraviesan su propio calvario.

A la vista de que el Gobierno ha perdido todo interés por abordar el plan de hibernación prometido para estas centrales, las propietarias han optado por hibernarlas ellas mismas. Con una diferencia, mientras el citado plan habría incluido una compensación a través de pagos por capacidad, el mismo mecanismo que servirá para pagar los nuevos incentivos al carbón que asumirán los consumidores en los peajes, el cierre de plantas solo servirá a las eléctricas para evitar los costes variables de mantener los ciclos disponibles para el sistema.

REE ya ha dado el visto bueno al cierre de una planta de gas de Iberdrola, el grupo tres de Castellón, y está dispuesta a hacer lo mismo con otra de Eon en Tarragona. También, ha admitido el cierre de otras dos de Iberdrola y Endesa, en Arcos de la Frontera y Huelva, respectivamente, en ese caso con condiciones. El ministerio dice que acatará las recomendaciones de REE y de la CNMC a sabiendas de que se quita un problema de encima y de que las eléctricas con toda seguridad no las van a clausurar, sino solo a cerrar temporalmente. De hecho, se asegura que el departamento que dirige José Manuel Soria les dará tres meses de plazo para la clausura y varios años para el desmantelamiento.

De esta manera, se mantendría latente una capacidad de producción que podría requerir el sistema eléctrico en el próximo lustro si se recupera la demanda. Aunque, con probabilidad, muy lejos de aquellos crecimientos de hace una década donde algún año se inauguraban en España hasta una central de ciclo combinado al mes.