Tribuna

Kioto, Ginebra y París

El pasado febrero se cumplieron diez años de la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, primer acuerdo mundial para la reducción de emisiones contaminantes y auspiciado por Naciones Unidas. Lo ratificaron 55 países, responsables al menos del 55% de las emisiones de CO2, y tenía como compromiso inicial la reducción de un 5% de dichas emisiones entre 2008 y 2012, tomando como referencia las realizadas en 1990. Ni EE UU ni China lo rubricaron y, en 2012, se estableció el segundo periodo de compromiso hasta 2020.

Una década después de su ratificación, pero a sólo siete años de su puesta en marcha, conviene hacer balance del Protocolo de Kioto y señalar que sus resultados son más que satisfactorios. Kioto ha permitido poner de acuerdo a todos los países de que el cambio climático es una realidad científica, provocada por el hombre y que puede tener unas consecuencias fatales si no conseguimos detener el aumento de la temperatura de 2o C por encima de la época industrial. Son también consecuencia de Kioto los compromisos futuros. Falta ver en qué forma legal, que parece esta vez sí que ratificarán países como China o EE UU, quienes no pueden quedarse otra vez fuera de un escenario en el que ahora son actores principales. Y por último, Kioto, ha servido para continuar negociando no solo en las COP sino en las múltiples reuniones de trabajo como la que acaba de celebrarse en Ginebra con representantes de 194 países y a la que me referiré más adelante.

Volviendo al Protocolo de Kioto y pensando en datos concretos, una primera cifra señala que aquella propuesta inicial de reducción del 5% de emisiones de gases contaminantes –en referencia a 1990– ha pasado a ser en 2012 un 22,6% en los países ricos, a espera de que se realice una medición definitiva del primer periodo. Kioto, además, ha dotado de mecanismos y herramientas tanto al sector público como al privado para contabilizar y reducir emisiones que hoy se utilizan constantemente. Un ejemplo es el uso de los mercados para facilitar la inversión en acciones climáticas. La Unión Europea creó un sistema de comercio de emisiones que se ha replicado en todo el mundo donde las emisiones son un bien que se puede vender y comprar. Sin Kioto tampoco habríamos llegado al nivel avanzado en que nos encontramos en cuanto a la implantación de energías renovables; ni en la ayuda a los países en desarrollo para que reduzcan las emisiones procedentes de la deforestación y la degradación forestal. Tampoco se hubiesen realizado tantos proyectos de mitigación y adaptación.

El balance del Protocolo de Kioto en su primera fase es positivo. Un sólido punto de partida para el instrumento legal que debe ratificarse en la próxima COP de París a finales de año y que guíe la lucha global contra el Cambio Climático entre 2030 y 2050, parte del cual se negoció hace pocas semanas en Ginebra. Allí se comenzó a dar formato de documento oficial al borrador cerrado en la COP20 de Lima, que incluye asuntos de mitigación, adaptación, financiación, transparencia tecnológica y capacitación.

De la reunión de Ginebra podemos señalar cuatro conclusiones. La primera tiene que ver con el concepto de responsabilidades comunes pero diferenciadas y respectivas capacidades de todos los firmantes. Esta idea reconoce la naturaleza evolutiva de las responsabilidades y capacidades de cada país hacia su compromiso con las soluciones al cambio climático.

Una segunda conclusión es que se mantiene vigente el registro de contribuciones nacionales, por el que todos los países –antes del 31 de marzo– deben haber explicado qué harán o prevén hacer para reducir sus emisiones. La ONU será la encargada de presentar dicho registro antes de noviembre y también coordinará un reporte de síntesis donde se podrán determinar los efectos agregados del conjunto de acciones de mitigación y adaptación de todos los países. Una tercera consecuencia de lo negociado en Ginebra es que cada vez van a ser más importantes los planes nacionales de adaptación de los países menos desarrollados.

Y, por último, en el nuevo acuerdo híbrido que salga de París también tendrá un papel destacado el mecanismo de compensación por daños y perjuicios, a demanda de aquellos Estados más vulnerables, para que puedan afrontar los impactos irreparables del cambio climático allí donde los mecanismos de adaptación no son suficientes, por ejemplo en los casos de daños ocasionados por el aumento del nivel del mar en muchos países insulares.

 

Elvira Carles es directora de la Fundación Empresa y Clima

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